jueves, 28 de enero de 2016

19 de febrero, EL GRAN CAPITÁN en Palencia


El viernes 19 de febrero a las 20,00 horas presentaré mi libro en la Biblioteca Pública de Palencia (calle Dato, 4)

Si alguien no lo ha adquirido aún, ya sabe que puede hacerlo acudiendo a su librería habitual, indicando el título  del libro, el del autor y que lo distribuyen Santos Ochoa y Elkar. Tambien se puede pedir on line en:

https://www.elkar.eus/es/liburu_fitxa/gran-capitan-el/alvaro-ocariz-jose-andres/9788460656302

http://www.santosochoa.es/el-gran-capitan-9788460656302.html 

sábado, 23 de enero de 2016

18 de febrero, el Poema de Mío Cid en imágenes, en Madrid

(Estatua dedicada a Rodrigo Díaz de Vivar en el Poyo del Cid)

El jueves 18 de febrero a las siete de la tarde daré una charla sobre el Poema de Mío Cid y mostraré las fotos de los lugares en los que sucedió la primera epopeya de nuestra literatura. El acto tendrá lugar en la Casa de Burgos (Augusto Figueroa 3,3º)

jueves, 21 de enero de 2016

11 de febrero, Luis Mariano en Pamplona


El 11 de febrero a las cinco y media de la tarde en la Casa de Misericordia de Pamplona daré una charla sobre Luis Mariano. En ella se podrán contemplar unas cien imágenes de este cantante y escuchar varias de sus canciones.

Quien aún no tenga el libro del centenario de Luis Mariano, ya sabe que puede acudir a su librería habitual, indicar el título (Luis Mariano cien años, cent ans) el nombre del autor (José Andrés Alvaro Ocáriz) y que lo distribuye Elkar.

También se puede pedir on line en:

http://www.elkar.eus/es/liburu_fitxa/luis-mariano-cien-anos-=-cent-ans/alvaro-ocariz-jose-andres/9788461702053

Ya sabéis que, adquiriéndolo, colaboráis con el proyecto LIBRO SOLIDARIO   

martes, 12 de enero de 2016

Contaminación por gases de efecto invernadero». Delito ecológico: emisiones atmosféricas que dañan la capa de ozono



Caso «Contaminación por gases de efecto invernadero». Delito ecológico: emisiones atmosféricas que dañan la capa de ozono
Manuel-Jesús DOLZ LAGO
Fiscal del Tribunal Supremo
Tribunal Supremo
Sala Segunda, de lo Penal, n.º 521/2015, de 13 octubre.
Ponente: D. Antonio del Moral García.
RESUMEN DEL FALLO
La sentencia estima parcialmente los recursos de los condenados eliminando el subtipo agravado de clandestinidad y la responsabilidad civil, confirmando el resto del fallo condenatorio de la instancia.
DISPOSICIONES APLICADAS
Arts. 25.1 CE. Arts. 109, 325, 326 a) y 339 CP.
ANTECEDENTES DE HECHO
E n el caso concreto enjuiciado, en resumen el factum recoge la actividad de los empresarios acusados encargados de empresas de tratamiento de residuos dedicadas
al suministro, transporte y trituración de metales —fundamentalmente frigoríficos
provocando una emisión de CO2 que supuso un peligro muy notable para el equilibrio de los sistemas naturales y de salud—. Se refleja la actividad de unos de los coacusados a continuación, debiéndose consultar la sentencia para los demás, dado que por razones de espacio no es posible describir todos.
«PRIMERO.- Desde al año 2007 al 2010 los acusados A. N. J. y su hijo A. N. M, mayores de edad y con antecedentes penales no computables en esta causa, actuaban en el tráfico mercantil a través de las entidades T. F. SL y R. N. SL, dedicándose a la actividad de almacenamiento y trituración de metales férreos y no férreos, contando exclusivamente con autorización administrativa para intervenir en el tratamiento y gestión de residuos no peligrosos. Ambas sociedades compartían tanto los recursos materiales como los empleados.
A. N. J. ostentaba la condición de administrador de R. N. SL, propietaria mayoritaria con el 66% del capital social de la empresa T. F. SL (en adelante T), cuyo presidente y consejero delegado único era también A. N. J. Su hijo A. N. M. actuaba como gestor encargado de las compras y ventas de T. y R. N., y el también acusado L. R. C, mayor de edad y con antecedentes penales no computables en esta causa, era el encargado general.
En el período señalado, los acusados, incumpliendo con las disposiciones de la normativa sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), se dedicaron a la compra de frigoríficos bajo la denominación de “chapajo” o “línea blanca”, aunque carecían de la necesaria autorización para la gestión de residuos peligrosos. Además, las instalaciones de T. carecían de la licencia municipal de actividad y funcionamiento, lo que motivó que se acordara su precinto por el Ayuntamiento de Madrid, tras el inicio de este procedimiento.
(…)
Una vez los frigoríficos se encontraban en sus instalaciones, sitas en la carretera de (…) del municipio de Madrid, en el recinto de la fundición A. M. SL, procedían a la fragmentación de los mismos introduciéndolos con otros residuos metálicos en la máquina trituradora de gran capacidad que tenían instalada, con conocimiento de que se liberaban a la atmósfera los gases contenidos en sus circuitos y espumas aislantes, y que tal circunstancia significaba un gran riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas.
En el período señalado se fragmentaron un número aproximado de 2.236 aparatos, y
como su consecuencia se liberaron a la atmósfera 3.378 toneladas de C02 equivalente,
lo que supuso un peligro muy notable para el equilibrio de los sistemas naturales y para la  salud. El daño ambiental causado, de acuerdo con la valoración pericial fue por importe de 60.722 euros, cantidad obtenida atendiendo al valor de mercado de los derechos de emisión de C02 y otros gases de efecto invernadero, actualizado al año 2013».
DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO
La doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia, además referirse a cuestiones probatorias (testimonio policial de coimputado, prueba indiciaria, valor de las diligencias preprocesales del fiscal a efectos de inquisitio generalis)
es importante resaltar que siendo la primera sentencia que condena por la emisión
de gases de efecto invernadero que dañan la capa de ozono, se centra en los siguientes
FFFJ, que, extractados, dicen:
FJ 3.º « (…) a) Por supuesto que la liberación por un particular de los gases de un solo frigorífico no encaja en el delito del art. 325 CP. ¡Claro que hay escalas de gravedad!.
Pero en los daños acumulativos que afectan al medio ambiente el hecho de que determinadas contribuciones por su nimiedad no colmen las exigencias típicas no excluye que otras similares persistentes y de mayor volumen sí puedan cubrirlas. Verter en una ocasión aguas domésticas con detergentes nocivos en un cauce fluvial no conforma un delito contra el medio ambiente. Pero unos vertidos industriales masivos o persistentes en el tiempo de esas mismas aguas contaminantes sí serán incardinables en el art. 325 CP.
b) Por iguales razones el hecho de que estén autorizados y avalados legalmente determinados cupos de liberación de esos gases con efecto invernadero y que la política global se encamine hacia una reducción progresiva compatible con una relativa tolerancia en relación con algunas actividades, no es decisorio. La tolerancia hasta diciembre de 2019 no significa que hasta esa fecha está descartada la posibilidad de considerar delictivas esas emisiones. Esto es obvio. Es un problema de sacrificio de intereses ponderados por el legislador. Es el legislador y en su caso otros poderes públicos quienes están llamados a determinar qué es lo admisible y en qué condiciones. Fuera de esos espacios marcados normativamente, se entra en la ilicitud, en su caso penal. Es una cuestión de riesgos permitidos. El agujero de ozono y sus efectos de calentamiento global ciertamente solo se explican partiendo de una pluralidad
indeterminada de emisiones. Muchas se mueven en espacios de riesgo permitido.
Pero donde la norma protectora del miedo ambiente levanta barreras cesa la permisión
y se abren las puertas a la intervención sancionadora, también penal eventualmente.
(…)
d) Las pruebas periciales tienen la naturaleza que les asigna el recurso: informan de valores estadísticos. Eso no desvirtúa su valor pericial ni su calidad informativa. Con porcentajes de probabilidad se opera habitualmente a nivel de conocimiento científico y también social y judicial. El uso de patrones estadísticos es compatible con la metodología científica y con la labor jurisdiccional. A través de ellos se pueden alcanzar certezas y también certezas más allá de toda duda razonable. La afirmación de que esa técnica casa mal con la presunción de inocencia no es acogible; mucho menos cuando lo que se trata de acreditar es un peligro hipotético. El riesgo es precisamente eso: una probabilidad —no seguridad— de que acaezca la consecuencia dañina.
Lo explica la STS 549/2003, de 19 de abril:
(…)
El argumento de que esos patrones presuponen la posibilidad de excepciones (no es absoluta la regla estadística) por lo que implican una presunción de culpa es habilidoso pero no compartible. Son correctas las estimaciones de la sentencia (sobre la liberación de gases, el volumen estimativo del liberado, el peligro anudado a ello y el número de frigoríficos).
(…) ».
FJ 5.º: «(…) Se dice que falta una pieza de la tipicidad: el elemento normativo, es decir, la infracción de una norma protectora del medio ambiente. La norma en la que se apoya
la Audiencia (Ley de residuos 10/1998) sería inapta para ello pues estarían excluidas de su radio de acción las emisiones a la atmósfera.
El reglamento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se dicta en desarrollo de la citada ley y por tanto tampoco puede afectar a las emisiones a la atmósfera.
El recurrente remata su discurso con una correcta, extensa y atinada exposición de la
capacidad que puede albergar la normativa supranacional para integrar ese elemento
normativo y sus límites y condiciones.
El preámbulo de la Ley 22/2011 confirmaría su interpretación. Vendría a demostrar
que solo a partir de ella se ha verificado la trasposición al derecho interno de la norma
europea. Su disposición adicional décima al establecer unas fórmulas de reducción, que
no de supresión o prohibición, de esas emisiones privaría de coherencia a una condena
basada en esa actividad que hoy por hoy es tolerada aunque sometida a un régimen de
progresiva disminución.
Es meritorio el discurso del recurrente sobre el valor de las directivas, decisiones marcos y otras herramientas de derecho de la Unión y su capacidad de integrar normas
penales en blanco en condiciones estrictas.
Pero aquí es irrelevante: hay una norma interna protectora del medio ambiente que
ha sido vulnerada. Está inequívocamente identificada en la sentencia: el Real Decreto
208/2005, de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos de desarrollo de la Ley de Residuos 10/1998, de 21 de abril, que traspone al derecho nacional el contenido de las Directivas 2002/95/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27/01/03 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, y 2002/96/CE modificada por el Art.
9 de la Directiva 2003/108/CE. El Artículo 5 del citado Real Decreto bajo el acápite ‘Tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos» sienta una clara obligación:
«los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que contengan materiales o elementos
peligrosos serán descontaminados».A continuación apostilla que la «descontaminación
incluirá como mínimo, la retirada selectiva de los fluidos, componentes, materiales, sustancias y preparados, de conformidad con lo establecido en el Anexo III». En tal Anexo se incluyen los clorofluorocarbonados (CFC), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC). Entre los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) figuran los frigoríficos y otros aparatos enfriadores pues, como señala la Audiencia, utilizan tanto en sus circuitos como en las espumas que los aíslan,
gases compuestos por derivados de cloro, que son las principales sustancias agotadoras
del ozono (Reglamento CE 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO), y Reglamento
CE 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo texto refundido de 16 de septiembre de 2009); todo ello junto con la existencia de otros gases fluorados,
que inciden en el «efecto invernadero» contemplados en el Reglamento 842/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 sobre gases fluorados
de efecto invernadero. Los principales gases refrigerantes usados en el circuito y
espumas de frigoríficos son del tipo CFC: R-l 1 «Triclorofluorometano» y R-12 «Diclorofluorometano » y de tipo HFC: R-l 34» «Tetrafluoroetano».
Si tal norma obliga a la descontaminación y se incumple esa prescripción, es obvio que
se ha vulnerado una normativa destinada a tutelar el medio ambiente. Es un sofisma o
un juego de palabras valerse de la genérica explicación de la exposición de motivos de
la ley para pretender que esa norma no está impidiendo, precisamente al obligar a la
descontaminación, la conducta contraria, es decir la liberación de los gases de esos aparatos.
Indirectamente por supuesto que incide en las emisiones atmosféricas. Las políticas globales de reducción progresiva reducción progresiva de esas emisiones no convierten en conforme a derecho la conducta. Reducir exige prohibir tajantemente algunas emisiones y tolerar simultáneamente otras que podrían paulatinamente ir disminuyéndose. Las prohibiciones no pierden de manera absurda su fuerza por
eso. Hay conductas semejantes —también dañinas— pero toleradas por el ordenamiento
por exigencias sociales. Esas no son delictivas, pero no porque no causen daño al medio
ambiente (lesividad) sino porque cuentan con respaldo administrativo y legal en virtud de decisiones políticas y normativas que valoran pros y contras. Cuando no se cuenta con esa autorización, el tipo penal despliega toda su eficacia.

La sentencia comentada es una buena sentencia que aborda múltiples cuestiones.
Unas, de índole probatoria (valor del testimonio del coimputado en sede policial
—apartándose en cierto modo— en el FJ 1.º —página 22— del Acuerdo plenario de
fecha 3 junio 2015 —véase nuestra posición en el comentario al Caso «Declaraciones
policiales no ratificadas judicialmente» a raíz de la STS —2.ª— 174/2015, de 14 mayo,
publicado en el Diario LA LEY 8606 de 16 septiembre 2015; características de las
pruebas indiciarias, el valor de las diligencias preprocesales del fiscal a efectos de la
inquisitio generalis). Otras, más sustantivas, como la interpretación del art. 325 CP, del
subtipo agravado de clandestinidad del art. 326.2 CP o del concepto de grave riesgo en
los delitos ecológicos así como su responsabilidad civil.
Hay que resaltar que es la primera sentencia que se dicta por el Supremo en materia de contaminación por emisión de gases de efecto invernadero que afectan a la capa de ozono. No hay que trivializar la gravedad de los hechos. Las investigaciones de la Fiscalía de Medio Ambiente, dirigida con admirable eficacia por el Fiscal de Sala, mi compañero Antonio VERCHER NOGUERA, tienen un claro compromiso por la defensa del interés público y social que es nuestro entorno natural en todas sus vertientes, terrestre, marítimo y atmosférico, auténtico bien jurídico del llamado delito ecológico. Recientemente, esta Fiscalía ha merecido el X Premio a la Conservación de la Biodiversidad que otorga la prestigiosa Fundación BBVA, lo que debe llenarnos de orgullo no sólo a los fiscales sino a todos los ciudadanos, por su labor en la persecución de los delitos ambientales y protección de los espacios naturales y su biodiversidad. De ahí, que es oportuno recordar que en la sentencia se trate adecuadamente el valor de las diligencias preprocesales del fiscal en estos delitos, de tanta importancia, y se descarte
su consideración de inquisitio generalis. Algunas de estas materias las estudiamos en
nuestro trabajo «Ministerio Fiscal y Medio ambiente: algunas cuestiones sobre la investigación de los delitos medioambientales»
Por otra parte, aunque propiamente la sentencia destaque que en el caso concreto
no estamos en presencia de la integración de tipos penales en blanco con normativa
comunitaria sino en la aplicación de normativa estatal, lo bien cierto es que no es
nueva la cuestión que resalta la trascendencia de esta normativa comunitaria para
la integración de los delitos ambientales, y podríamos decir, de otros muchos donde
el ordenamiento comunitario, que forma parte de nuestro ordenamiento interno, es
tan decisivo e importante en estos campos del Derecho Penal, como ya apuntábamos
hace décadas en nuestro estudio «Eficacia jurídica del Derecho Comunitario Europeo
para la integración de los tipos penales en blanco del Derecho Español», revista Noticias
de la Unión Europea, núm. 112, mayo 1994, pág. 29 a 52, editorial C.I.S.S.
El dramaturgo noruego Henrik Johan IBSEN (1828-1906) en su obra Un enemigo
del pueblo (1882) afrontó tempranamente la contaminación de las aguas de un balneario
y el conflicto de su director, el Dr. Stockmann, con los poderes locales, quién al final de la obra revela a su mujer e hijo un secreto que acaba de descubrir: «el hombre más poderoso del mundo es el que está más solo». Piénsenlo.

Medida cautelar privativa de libertad y enajenación mental en causa penal



Medida cautelar privativa de libertad y enajenación mental en causa penal
Manuel-Jesús DOLZ LAGO
Fiscal del Tribunal Supremo
Tribunal Constitucional
Sentencia de 22 octubre 2015.
Ponente: D. Antonio Narváez Rodríguez

RESUMEN DEL FALLO
La sentencia estima la demanda de amparo y declara nulos los autos de la Audiencia Provincial de Cádiz que prorrogaron la prisión provisional del demandante mientras se tramita el recurso de casación interpuesto contra la sentencia en la que se le había absuelto por enajenación mental y se le había impuesto una medida de seguridad de internamiento en Centro psiquiátrico penitenciario.
DISPOSICIONES APLICADAS
Art. 17 CE. Arts. 114, 381 y 504.2 in fine LECrim. Art. 763.1 LECivil.
ANTECEDENTES DE HECHO
E n el caso concreto enjuiciado, el demandante de amparo había sido acusado de un delito de incendio del art. 351 CP. En la sentencia de fecha 18 junio 2014 de la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Cádiz se aprecia la eximente completa de alteración psíquica del art. 20.1 CP, absolviéndole, al tiempo que se le impone la medida de seguridad de internamiento para tratamiento médico en un establecimiento
psiquiátrico penitenciario por un tiempo no superior a 7 años. Recurrida la sentencia por
el demandante, la Audiencia prorroga la prisión provisional del mismo hasta la mitad de
la condena, fundándose en el art. 504.2 in fine de la LECrim. Inadmitido el recurso de casación por el Supremo, se decreta la firmeza de la sentencia y la ejecución de la medida de seguridad de internamiento impuesta.
DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La doctrina del Pleno del Tribunal Constitucional sobre esta materia, básicamente,
se expresa en sus FFJJ 3.º a 5.º, los cuales, extractados, dicen:
«3. (…) nuestra primera tarea consiste, pues, en realizar un juicio de contraste entre la norma legal utilizada por el órgano judicial para prorrogar la prisión provisional y el supuesto de hecho subsumido en ella.
Para realizar la tarea indicada, hemos de identificar, en primer lugar, la norma aplicada por el órgano judicial, que, en el caso planteado, ha sido el art. 504.2 in fine LECrim, precepto que exige que el imputado “fuere condenado” y que fija como límite máximo de la privación de libertad cautelar el de “la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia”. La mera lectura de este precepto pone de relieve su incompatibilidad semántica con el supuesto de hecho que nos ocupa, en el que el recurrente de amparo no fue condenado al cumplimiento de pena de prisión alguna, sino al de una medida de internamiento en un centro adecuado al tipo de trastorno psiquiátrico que el acusado padecía.

 Es, así, evidente que la “sentencia condenatoria” aludida en el art. 504.2 in fine  LECrim., ha de ser una resolución judicial que, considerando al acusado ‘responsable criminal’ del delito —y confirmado de ese modo el juicio pronóstico contemplado en el art. 503.1.2.ª LECrim— le imponga una pena privativa de libertad. Así resulta, además, de una lectura sistemática de la ley procesal penal, que llega a establecer en párrafos separados del art. 846 bis
b) la legitimación para recurrir que corresponde al “condenado”, distinguiéndola de la que alcanza a quien ha sido absuelto, aclarando la aludida norma que este último también puede presentar recurso “si se le impusiere una medida de seguridad o se declarase su responsabilidad civil conforme a lo dispuesto en el Código Penal.
Debemos señalar que a esta interpretación, que es la que naturalmente se desprende de la lectura de las normas legales aludidas, no se opone el tenor del art. 144 LECrim, invocado por el Ministerio Fiscal en sus alegaciones. Dicho precepto no señala que la Sentencia absolutoria lo haya de ser en todos sus pronunciamientos, sino que, de modo literal, lo que dispone es que la absolución será ‘libre en todos los casos’, expresión
que el legislador de 1882 utilizó para desterrar definitivamente del proceso penal español el expediente inquisitivo de “absolución de la instancia”, instituto que permitía sentencias absolutorias sin efecto de cosa juzgada, convirtiendo indebidamente al ciudadano, según expresivas palabras de la exposición de motivos del texto
decimonónico, en una “especie de liberto de por vida, verdadero siervo de la curia marcado con el estigma del deshonor”. Así pues, el precepto no puede obviar el dato incuestionable de que el art. 504.2 in fine LECrim., exige en todo caso la imposición de una pena de prisión.
4. De acuerdo con lo hasta ahora expuesto, sólo una interpretación analógica —y,
por ello, incompatible con las exigencias de nuestra doctrina sobre la habilitación legal
de la injerencia en la libertad— podría llevar a pensar que el precepto legal aplicado por
la Audiencia Provincial cubre el supuesto de hecho que ahora se nos plantea. (…)
El Ministerio Público afirma que el precepto (art. 381 LECrim.) permite “decretar la prisión provisional de los enajenados”; pero, en realidad, sólo dispone que, si existen indicios de enfermedad mental, habrá de recabarse en todo caso un informe médico forense, sometiendo al procesado a observación a efectos de emitir este dictamen. Se trata (…) de una norma que se ubica sistemáticamente en la fase de instrucción del sumario (…)
(…)
5.- (…) el art. 504.2 último párrafo LECrim., no proporciona cobertura legal al internamiento cautelar que la Audiencia Provincial había decidido aplicar al ahora demandante de amparo hasta tanto fuera resuelto el recurso de casación formalizado por éste y hasta que la medida de seguridad privativa de libertad impuesta en la sentencia hubiere alcanzado, en su caso, la firmeza. Lo que no obsta a la aplicación, en su caso, de otras previsiones contempladas en el ordenamiento procesal que habiliten al órgano judicial para adoptar una medida de internamiento cautelar y no voluntario de una persona por razón de su trastorno psíquico, como la previsión recogida en el art. 763.1 LEC, u otras que el legislador, en su caso, establezca en cumplimiento de nuestra STC 132/2010, de 2 de diciembre que declaró aquel precepto inconstitucional aunque no nulo por carencia de rango orgánico, que, sin embargo, le ha sido conferido recientemente por el artículo segundo, apartado Tres de la LO 8/2015, de 22 de julio, que modificó la disposición adicional primera de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil».
La sentencia afronta una materia problemática para la que existen soluciones legales
pero que en el caso concreto no fueron las correctas.
Si bien, hay que reconocer que, en cierto modo, las adoptadas han sido las habituales
en los procesos penales, acogiéndose al régimen legal de la prórroga de la prisión
provisional previsto en el art. 504.2 in fine LECrim, dado que inicialmente en este tipo
de casos se adopta la medida de prisión provisional, si bien con cumplimiento en
Centro penitenciario psiquiátrico.
Ahora, el TC nos cierra ese camino y marca el del art. 763.1 LEC, ya dotado de carácter
de norma orgánica por la reciente reforma de la LO 8/2015, a la vista de la censura constitucional que supuso para ese precepto la STC 132/2010, como advertíamos hace años en nuestro libro El Abogado ante los Internamientos Psiquiátricos Civiles, Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Serie minor, 1990.
Se puede decir que la sentencia del Pleno tiene un efecto más teórico que práctico por cuanto el demandante de amparo fue ingresado en el Centro penitenciario psiquiátrico
para el cumplimiento de la medida de seguridad de internamiento una vez firme la sentencia e inadmitido el recurso de casación en el Supremo.
Pero sí que es importante destacar que ante esas situaciones en la que un acusado
de cometer un delito grave, es absuelto por apreciación de la eximente completa de enajenación mental y acordado como medida de seguridad su internamiento psiquiátrico, cuando es recurrida su sentencia, no resulta procedente sin más, dada su peligrosidad, ponerlo en libertad mientras se tramita el recurso, sino que debe permanecer privado de libertad.
Eso sí, como apunta el TC, a través de la aplicación del art. 763.1 LEC y no del art.
504.2 in fine LECrim.