sábado, 25 de octubre de 2014

Crisis económica y criminalización de los piquetes de huelga: claves para juristas


Este es un artículo de mi amigo Manuel Jesús Dolz, que ha aparecido en el Diario La Ley de 23 de octubre de 2014
 
 
 
Crisis económica y criminalización

de los piquetes de huelga: claves para juristas

 

Manuel-Jesús DOLZ LAGO

Doctor en Derecho

Fiscal del Tribunal Supremo

 

La crisis económica, que ha propiciado un verdadero desmantelamiento del Derecho del Trabajo, provoca una conflictividad laboral legítima en respuesta a la eliminación o limitación de principios laborales básicos y derechos de los trabajadores consagrados histórica y constitucionalmente para su protección frente al poder del empresario. En el presente estudio se ofrece un análisis jurídico de esa conflictividad, en su vertiente colectiva derivada del ejercicio del derecho fundamental a la huelga, en cuyo contenido esencial se encuentran los piquetes, que pueden incidir en un ejercicio abusivo o irregular de este derecho, para replantearse la criminalización del delito de coacciones laborales del art. 315.3 CP en pro de una opción despenalizadora, como defendía el actual Presidente del Tribunal Constitucional en el año 1985 o, en su caso, más proporcional a la dimensión colectiva de la acción típica, tanto en sus aspectos estrictamente penales como civiles, en favor de los trabajadores y de los perjudicados.

 

Cualquier estudio sobre la conflictividad laboral carecería de rigor sino se enmarcara

en la crisis económica capitalista y las reformas laborales que han llevado al  desmantelamiento del Derecho del Trabajo, tal y como se concebía hace unas décadas (1).

Frente a este fenómeno, la conflictividad laboral es legítima y tiene su protección constitucional más clara en el derecho fundamental de huelga consagrado en el art. 28.2 CE que afirma paladinamente que se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores

para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Es cierto que las crisis económicas capitalistas siempre han condicionado al Derecho del Trabajo (2) y que, prácticamente, desde los albores del siglo XX, vienen golpeando las conquistas laborales, nacidas precisamente gracias a la conflictividad laboral, es decir, a la lucha de clases, la lucha de la clase obrera frente al capital. Así, el binomio crisis económica/ conflictividad laboral está inexorablemente unido.

A cada crisis económica, que tiene como consecuencias lo que gráficamente podría denominarse «zarpazos» al Derecho del Trabajo, le es inherente una legítima  conflictividad laboral, producto de la reacción obrera frente al poder capitalista.

En sendos trabajos nuestros de los años 90 del pasado siglo abordamos cómo las reformas laborales de entonces vaciaban principios básicos del Derecho del Trabajo (v. gr. estabilidad en el empleo y negociación colectiva) al imponerse una legislación laboral que propiciaba la flexibilización e inestabilidad en el empleo y la desregulación) dejando muy limitado el contenido normativo el delito contra la libertad y seguridad en el trabajo introducido en 1971 a través del art. 499 bis CP.

En efecto, en nuestro estudio «Reforma laboral y delito social: algunas contradicciones»

(3), analizábamos si los principios formulados por la doctrina laboral sobre la esencia del Derecho del Trabajo (tales como el de estabilidad en el empleo, el de norma más favorable y condición más beneficiosa, el de irretroactividad de las normas menos favorables, el de derecho mínimo necesario y el de in dubio pro operario) que se tuvieron en cuenta en la regulación penal del delito contra la libertad y seguridad en el trabajo del art. 499 bis CP (año 1971) habían cambiado por las reformas laborales posteriores y, en definitiva, si era factible una hermenéutica del precepto penal pensado para tutelar aquellos principios en un nuevo contexto jurídico laboral que ya no conservaba los mismos, para concluir que desgraciadamente las reformas laborales

consecuencia de las crisis económicas vacían la capacidad protectora del Derecho

Penal del Trabajo y permiten preguntarse por la verdadera utilidad del Derecho Penal

como instrumento de protección jurídica de los intereses de los trabajadores frente a los

intereses del capital.

Si esto es así en el ámbito de la relación individual de trabajo, cuando analizamos la cuestión desde la perspectiva de las relaciones colectivas de trabajo e incluso de la Seguridad Social, se observa que el Derecho Penal del Trabajo además de estar anclado en la pura desigualdad (4), invierte su tendencia protectora de derechos colectivos fundamentales tan importantes como el derecho de huelga para castigar en lugar de proteger algunas manifestaciones de este derecho, como es la penalización de los piquetes laborales por la vía del delito de coacciones laborales del art. 315.3 CP, que

examinaremos posteriormente.

En otro estudio nuestro titulado «Aspectos penales del derecho de huelga ante el cambio

normativo» (5), advertíamos como la protección penal del derecho fundamental del

derecho de huelga no era coherente con el carácter fundamental de ese derecho colectivo ni contemplaba la dimensión colectiva de su ejercicio, atribuyendo el TS en la sentencia de la Sala 2.ª de fecha de 22 de mayo de 1986 en el delito de coacciones laborales (entonces, art. 496.2 y 3 CP) la protección de un bien jurídico protegido diferente al derecho de huelga como era la llamada «libertad de los trabajadores no huelguistas», bien jurídico que no debería entenderse protegido en estos tipos penales, que sólo protegen el derecho fundamental de huelga, tanto en su aspecto positivo como negativo, es decir, en su ejercicio como en los impedimentos para el mismo.

Tendremos ocasión de profundizar en esta cuestión más adelante pero ahora volvamos

a las consecuencias de las crisis económicas sobre el Derecho del Trabajo, que están en la base de la criminalización de la conflictividad laboral.

En nuestro estudio ya citado «Los delitos contra la Seguridad Social: entre la corrupción

pública y la privada. Algunas claves frente al tsunami de la crisis económica y las quiebras del principio de igualdad», decíamos sobre esta cuestión lo siguiente:

Con motivo de la crisis económica que padecemos aproximadamente desde el año 2006

(6), si bien hay que reconocer que las crisis responden a períodos cíclicos de la economía propia del sistema capitalista siendo inherentes al mismo, sin que se pueda afirmar en modo alguno que constituyen una novedad, quisiera resaltar una intuición personal que se confirma con las conclusiones de eruditos estudios sociológicos ajenos (7).

Salvo las excepciones que siempre confirman las reglas, se llega a la siguiente  conclusión: durante la crisis los ricos son más ricos y los pobres más pobres, mientras las clases medias siguen en esa indefinición singular de su especie, es decir, unos son más ricos y otros son más pobres.

Curiosa ecuación, que tampoco es ninguna novedad, en un sistema económico como el capitalista, que se rige, estructuralmente instalado en la desigualdad económica, por

principios en los que el lucro o el beneficio económico son el único norte del sistema,

al margen de la inteligente integración en el mismo de elementos de política social, siempre subordinados a la política económica, que queda en último término al servicio del poder económico (8).

El Derecho del Trabajo y la Seguridad Social no podía, ser tratado de otro modo en

la crisis económica, es decir, desde el plano de la desigualdad. Y para confirmarlo ahí están las sucesivas reformas laborales (9) que hacen irreconocible al Derecho protector de los derechos de los trabajadores, desde sus postulados dogmáticos más  comprometidos con el Estado social y democrático de Derecho, lo que ha permitido a más de un ilustre iuslaboralista preguntarse si hubo alguna vez un Derecho de tal naturaleza (10).

Concebido el Código Penal como la Constitución negativa, la protección penal de los

derechos de los trabajadores y de la Seguridad Social (11) discurre del mismo modo en el plano de la desigualdad, como lo atestigua el diferente tratamiento punitivo que reciben la protección de los ingresos y de los gastos de la Seguridad Social en relación con los delitos contra la Hacienda Pública u otros delitos patrimoniales, en orden a la fijación o no de cuantías mínimas para su persecución penal, a los que nos referiremos en estas notas, a raíz del breve comentario que hacemos de la reforma del delito contra la Seguridad Social operada por LO 7/2012, de 27 de diciembre (12) y de sus consecuencias prácticas en el campo de lo que viene denominándose delitos

relacionados con la corrupción, en este caso, privada frente a la pública (13), es decir,

la cometida por agentes privados (empresarios y trabajadores) y no por agentes públicos

(funcionarios o autoridades públicas), sin que se pueda afirmar en modo alguno que constituyen una novedad.

Visto lo anterior, ¿cómo responde el Derecho Penal del Trabajo ante la emergencia social? La protección penal de los derechos de los trabajadores, en los que incluyo a la Seguridad Social, si bien ésta tiene matices diferenciadores no excluyente de un concepto global de Derecho Penal del Trabajo, acusa en gran medida la drástica reducción de estos derechos acometida mediante las sucesivas reformas laborales que se han instalado en la precariedad del empleo con la excusa de reducir el paro así como la relajación de los controles administrativos en los expedientes de regulación de empleo.

Siendo el Derecho Penal del Trabajo (14) un Derecho Penal de normas en blanco, por remisión al bloque normativo laboral y de la Seguridad Social, resulta evidente que minorado este bloque in peius para el trabajador, se reduce también la protección penal del mismo, dejando de ser conductas prohibidas lo que antes lo eran e incluso pasando a ser conductas legales lo que antes eran conductas penales (15).

En este sentido, el Derecho Penal del Trabajo ante la emergencia social de la crisis económica ha sido desnaturalizado, con pérdida sensible de su sentido protector de los trabajadores, para identificarse cada vez más con el verdadero carácter que le dio origen

en calidad de norma simbólica o ad exhibendum, que ya resaltó la doctrina en su día (16).

En el ámbito colectivo del trabajo, el Derecho Penal del Trabajo es un fiel reflejo de la no asunción por el legislador penal del carácter fundamental del derecho de huelga con todas sus consecuencias, penalizando una expresión de este derecho como son los piquetes laborales a través del delito de coacciones laborales, actualmente recogido en el art. 315.3 CP, desde un erróneo planteamiento del bien jurídico protegido al tratar de incluir en el mismo una supuesta «libertad de trabajo» cuando sólo se justificaría dicho precepto desde la perspectiva de la protección del derecho de huelga en su vertiente positiva, es decir, el ejercicio legítimo del derecho, que impide las conductas coactivas

realizadas al amparo de dicho derecho (17).

En todo caso, expondremos sobre este delito de coacciones laborales las propuestas

de su despenalización (18) o, al menos, de un tratamiento penal más acorde con la dimensión colectiva de la acción, que excede a la acción individual y merece por ello una trascendencia tanto desde la tipicidad como de la penalidad así como, en su caso, de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y de la regulación de la responsabilidad civil derivada de los hechos cometidos desde la perspectiva del «exceso» o «abuso» del legítimo derecho de huelga.

 

II. Derecho de huelga y libertad de trabajo: aspectos jurídicos

 

El delito de coacciones laborales según algunas interpretaciones jurisprudenciales y doctrinales protege el bien jurídico de la «libertad de trabajo» (19) o el derecho al trabajo de los trabajadores no huelguistas. El Título XV del Libro II del CP, que se refiere a los delitos contra los derechos de los trabajadores, puede dar fundamento a esta afirmación.

Sin embargo, la cuestión no es tan clara. El Título XV del Libro II del CP,  Efectivamente, bajo el epígrafe «De los delitos contra los derechos de los trabajadores» comprende los arts. 311 a 318 CP y todos los delitos allí recogidos afectan a los derechos de los trabajadores, pero ¿pueden considerarse que todos esos derechos responden a la misma relación de trabajo o, más correctamente, tienen proyección

sobre las diferentes relaciones de trabajo, es decir, la individual, la colectiva y la de

la seguridad social?

La perspectiva así planteada, desde la propia estructura dogmática iuslaboralista de los

derechos de los trabajadores, dota de otro significado a estos delitos cuando nos referimos genéricamente a delitos contra los derechos de los trabajadores, obligando a una subclasificación según la relación de trabajo que contemplen.

En efecto, observamos cómo se protege la relación individual de trabajo (y la de la seguridad social) (20) en los siguientes artículos: el art. 311 CP contempla el supuesto de imposición de condiciones legales de trabajo, el art. 312 CP se refiere al tráfico ilegal de mano de obra, el art. 313 CP castiga la inmigración clandestina de trabajadores a España u otro país de la Unión Europea, el art. 314 pena la discriminación laboral y el art. 316 CP sanciona los riesgos laborales.

Por otra parte, es evidente que la protección de la relación colectiva de trabajo, donde se

comprende la libertad sindical, el derecho de huelga y la negociación colectiva, esta última como expresión de la libertad sindical, se encuentra en el art. 315 CP (21). Es decir, el art. 315 no protege los derechos de los trabajadores en su relación individual de trabajo sino en su relación colectiva de trabajo.

Esta diferencia es sustancial, dado que el bien jurídico protegido no puede ser la libertad individual del trabajador no huelguista, que no está comprendida en la relación colectiva de trabajo ya que esa libertad individual estaría incluida en la relación individual de trabajo, sino el correcto ejercicio del derecho de huelga en su dimensión activa, que comprende su labor difusora o expansiva pero que también prohíbe su ejercicio abusivo o coactivo, obligando a otros trabajadores a sumarse a una huelga no querida por ellos.

Es decir, no se protege tanto la libertad individual de trabajo de los trabajadores no

huelguistas cuanto el derecho de huelga, en cuando derecho del trabajador no huelguista

a no sumarse a la huelga.

Podría pensarse que estamos hablando de lo mismo, libertad individual al trabajo del

trabajador no huelguista y derecho del trabajador no huelguista a no sumarse a la huelga, serían conceptos idénticos. Pero no es así.

El primero, se inserta en la relación individual de trabajo. El segundo, en la relación

colectiva de trabajo. Si mantenemos que el art. 315 CP sólo protege la relación colectiva

de trabajo tiene más congruencia el concepto que postulamos en relación con el delito de coacciones laborales y tendrá efectos interpretativos diferentes según entendamos que se protege la relación individual de trabajo o la colectiva, ya que sistemáticamente no son las mismas relaciones de trabajo.

Por lo pronto, el análisis de la conducta típica tendrá que integrarse en la relación colectiva de trabajo, es decir, tendrá necesariamente una dimensión colectiva (22), lo que debe ser tenido en cuenta en orden a la respuesta punitiva y al alcance de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de los sujetos activos.

De hecho, el tipo penal exige que el comportamiento sea en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros (art. 315.3 CP).

No puede sancionarse esta conducta, según viene defendiendo erróneamente la doctrina

y la jurisprudencia, como un tipo de coacciones específicas, que tiene su presupuesto en

una conducta individual sino como un tipo de coacciones que tienen su basamento en

una conducta colectiva, como es el ejercicio abusivo del derecho fundamental de huelga

frente a trabajadores no huelguistas.

Esto es, frente a trabajadores que no se suman al ejercicio de este derecho fundamental

más que frente a trabajadores que se amparan en un pretendido derecho a la libertad de

trabajo, que no existe desde el planteamiento expuesto y que no tiene justificación en el derecho al trabajo proclamado en el art. 35 CE, el cual va unido al deber al trabajo y se inserta dentro de la Sección 2.ª «De los derechos y deberes de los ciudadanos», del Capítulo II «Derechos y libertades», del Título I «De los derechos y deberes fundamentales» de la CE, la cual no tiene la protección privilegiada establecida

en el art. 53.2 CE.

El derecho al trabajo no puede sustentar como bien jurídico protegido la conducta típica

del art. 315.3 CE porque ese derecho en todo caso afecta a la relación individual de trabajo y no deja de ser un derecho de segundo grado, sin la fuerza del derecho fundamental que viene protegido por el cauce del art. 53.2 CE, en el que sí está el derecho fundamental a la huelga del art. 28.2 CE.

Insistimos, el bien jurídico protegido en el art. 315 CP, en todos sus apartados, es el derecho fundamental de libertad sindical y de huelga, no el derecho o la libertad de trabajo porque el art. 315 CP protege la relación colectiva de trabajo mientras que los otros artículos del Título XV del Libro II CP (arts  311 a 314 y 316 a 318 CP) protegen la relación individual de trabajo y, en cierta faceta, la relación de seguridad social.

Despejada esta cuestión a favor del derecho fundamental de huelga del art. 28.2 CE, es

necesario hacer las siguientes precisiones.

El carácter de derecho fundamental de la huelga comporta en nuestro ordenamiento

constitucional, desde el punto de vista de su protección, la exigencia de que su regulación debe realizarse necesariamente por Ley Orgánica (art. 81.2 CE) (23) y un mecanismo tutelar privilegiado como es el establecido en el art. 53.2 CE.

Estas connotaciones de la huelga en cuanto suponga el ejercicio legítimo de un derecho

fundamental, que tiende a contrarrestar la desigualdad estructural entre trabajadores y

empresarios (24), no habrá que perderlas de vista, ya que, como veremos a continuación, el derecho de huelga goza de un sistema de protección que abarca tanto aspectos laborales como penales.

En el seno de los aspectos penales, el derecho de huelga debe ser contemplado como

un bien jurídico protegido y, por consiguiente, se impondrá el estudio de todas aquellas conductas que lo lesionan, tanto por un efecto limitativo o impeditivo de su ejercicio como debido a un antijurídico uso del derecho de aquellos que tienen su titularidad jurídica. En todo caso, debe concluirse que tanto unas conductas como las otras suponen una lesión al ejercicio legítimo del derecho de huelga y en ningún caso a cualquier otro derecho y que, precisamente, por ello, deben ser sancionadas, en su expresión más grave, en el ámbito del Derecho Penal (25).

Es cierto que en muchas ocasiones se alega que la huelga afecta a otros derechos fundamentales y que, por consiguiente, su ejercicio los lesiona. Ahora bien, nosotros entendemos que en la ponderación que debe realizarse cuando entran en conflicto dos derechos constitucionales, el art. 28.2 CE por lo que respecta a la huelga resuelve esta problemática a favor del ejercicio del derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses en el marco de la regulación legal que establezca las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad (26).

Es decir, la clave de la resolución del conflicto entre la huelga y otros derechos y libertades constitucionales se encuentra en la delimitación de los que sean los servicios esenciales de la comunidad y sus garantías, de manera que éstos no lleguen a ser tan amplios que desvirtúen el propio derecho de huelga ni tan restrictivos que los dejen sin contenido hipervalorando el derecho de huelga frente a otros derechos fundamentales y libertades públicas que se manifiestan a través de esos servicios esenciales de la comunidad (vida, salud, seguridad, libertad...).

En definitiva, podría decirse que cuando la huelga invade servicios esenciales de la comunidad provocando su paralización estamos en presencia de un ejercicio ilegítimo de este derecho y, por ello, no susceptible de protección e incluso sancionable, laboral o penalmente; pero cuando el ejercicio es legítimo, el derecho de huelga debe ser protegido y sancionadas todas aquellas conductas que lo lesionen, también laboral o penalmente.

El mismo razonamiento es aplicable al llamado delito de coacciones laborales del

art. 315.3 CP, resaltando que los piquetes o comités de huelga, previstos en el art. 6.6

RDLRT 17/1977, como ya se ha dicho, forman parte del contenido esencial del derecho de huelga y, como recuerdan GARCÍA VIÑA y BARCELÓ FERN ÁNDEZ (27), el TC ha utilizado un concepto muy expansivo de las funciones de los piquetes al determinar que tal facultad abarca no sólo la publicidad del hecho mismo de la huelga, como se ha argumentado, sino también de sus circunstancias o de los obstáculos que se oponen a su desarrollo, a los efectos de exponer la propia postura, recabar la solidaridad de terceros o superar su oposición (ST C 120/1983, de 15 de diciembre (LA LEY 234-TC/1984) (FJ 4.º).

Por tanto, la actividad del llamado piquete de huelguistas con sus funciones de información, propaganda, persuasión a los demás trabajadores para que se sumen a la huelga o disuasión a los que han optado por continuar el trabajo, integra pues el contenido del derecho reconocido en el art. 28.2 CE (STC 137/1997, de 21 de julio

(LA LEY 9285/1997) (FJ 3.º).

 

III. Antecedentes legislativos históricos: de la penalización absoluta del derecho de huelga a su penalización relativa

 

El legislador liberal y neoliberal capitalista siempre ha visto con malos ojos a los trabajadores, primero, penalizando cualquier expresión colectiva de sus derechos (libertad sindical, derecho de huelga, negociación colectiva) considerándola delitos graves (28), y ahora, no siendo coherente con la protección constitucional de estos derechos consagrada en el art. 28.2 CE, al mantener una penalización relativa del derecho de huelga mediante el delito de coacciones laborales del art. 315.3 CP.

Los primeros Códigos penales liberales ni siquiera se plantearon el problema. Entonces,

a principios del siglo XIX, se vivía en una sociedad agraria, donde el modo de producción medieval, basado en relaciones feudales más que las derivadas del modo de producción capitalista, que nace con la Revolución industrial, era el imperante.

No ofrece duda la escasa y tardía recepción en España de la Revolución Industrial

y Burguesa, durante finales del siglo XIX y principios del XX, a la vista de los tiempos en que emergía en Inglaterra en el siglo XVIII, cuna de esta Revolución y se extendía por Europa (29).

Pero, lo bien cierto es que los primeros Códigos Penales liberales, de 1820 a 1870, carecían del sustrato sociológico de las consecuencias de la Revolución Industrial, de las lacras del modo de producción capitalista y de la exteriorización más lacerante de la lucha de clases, que situaba a la clase obrera en la miseria a pesar de la proclamación formal de las libertades burguesas que hizo la Revolución Francesa en 1789, que encubría la explotación de los obreros por el capital, el cual sólo le preocupaba y le preocupa la plusvalía.

Así las cosas, los primeros CP liberales no tenían la preocupación de controlar este fenómeno conflictivo bien por su inexistencia bien por su escasa incidencia social. La represión del propio sistema social, vía corrupción política y caciquismo (30), era suficiente ante un movimiento obrero en ciernes que empezaba a estructurarse y que dado su carácter incipiente tenía una articulación muy débil entre los propios obreros y una incidencia anecdótica en la sociedad, que sólo acusaba su expresión en las manifestaciones más violentas del anarcosindicalismo, las cuales eran reprimidas no como exteriorización de la conflictividad laboral sino como expresión de la lucha política (31).

El Código Penal de 1870 castigaba en su art. 556 a los que se coligaren con el fin de

encarecer o abaratar abusivamente el precio del trabajo o regular sus condiciones siempre que la coligación hubiese comenzado a ejecutarse, con la pena de arresto mayor, la cual se impondría en su grado máximo a los jefes y promovedores de la coligación y a los que para asegurar su éxito emplearen violencia o amenaza, a no ser que por ellas merecieren mayor pena (32).

La Circular de 20 de junio de 1902 fue dictada por la fiscalía del Tribunal Supremo para la recta inteligencia del at. 556 CP, referente a huelgas y coligaciones, y declaró que no

es delito definido en dicho Cuerpo legal, la coligación y la huelga con el fin de obtener

ventajas en las condiciones de trabajo y en la cuantía de la remuneración (33).

La Ley de 27 de abril de 1909 reguló el derecho de los patronos y obreros a coligarse,

declararse en huelga y acordar paro para los efectos de sus respectivos intereses, en la

forma y condiciones que se expresan, derogando en su art. II el art. 556 CP de 1870. Esta Ley conocida como Ley de Huelgas configuró el delito contra la libertad de trabajo en su art. 2.º, castigando con la pena de arresto mayor a los que para formar, mantener o impedir las coligaciones patronales u obreras, huelgas de los obreros o paros de los patronos, empleares violencia o amenaza, o ejercieren coacciones bastantes para compeler o forzar el ánimo de los obreros o patronos en el ejercicio libre y legal de su industria o trabajo, siempre que el hecho no constituya delito más grave (la pena del delito de coacciones era de arresto mayor y multa). Para el caso de jefes o promotores que, además, hubieren tomado parte en los actos delictivos, se aplicaba la pena en su grado máximo (34).

Con la Dictadura de Primo de Rivera, el CP de 1928 en su art. 290 calificaba de delito de sedición las huelgas de los obreros cuando por su extensión y finalidad, no puedan ser calificadas de (...) huelgas encaminadas a obtener ventajas puramente económicas en (...) el trabajo (...), sino que tiendan a combatir los Poderes públicos o a realizar cualesquiera clase de actos comprendidos en los delitos de rebelión o en el artículo anterior.

Como recordaba PÉRE Z DE LOS COBOS (35), el delito de «piquetes de huelguistas» no se introdujo, expresamente, hasta el Código Penal de 1928, que en su art. 667 establecía: «Los que para formar, mantener o impedir coligaciones patronales u obreras, las huelgas de obreros o los paros de patronos, o con ocasión de unas u otros, emplearen la violencia, fuerza o intimidación para forzar el ánimo de obreros o patronos en el ejercicio legítimo y libre de su trabajo o industria, o les obligaren a realizar actos favorables o contrarios a la huelga, les vedaren su misión en fábricas, o la residencia en determinadas poblaciones, o de otro modo contraríen su libre elección y voluntad, serán castigados con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de mil a dos mil quinientas pesetas, siempre que el hecho no constituya delito más grave según este Código». Tampoco el Código del 28 imponía a los piquetes coactivos pena más grave que la de las coacciones genéricas, siendo la pena en cuestión la

correspondiente a éstas pero en su grado mínimo.

Desde la derogación del Código penal del 28 hasta la Ley 23/1976, de 19 de julio, que

vino a penar de forma agravada las coacciones cometidas por piquetes de trabajadores, éstas eran penadas como unas coacción genéricas (SSTS, Sala 2.ª, de 6 de febrero de 1973 y de 20 de noviembre de 1973), quedando muchas veces este delito sin ser penalizados por falta de pruebas.

En la II República, el CP de 1932, suprimió la consideración de las huelgas como delito de sedición en sus arts. 245 a 251.

El CP de 1944 de la Dictadura de Franco fue el más represivo con las huelgas, ya que el

art. 222.3.º castigaba como delito de sedición las huelgas de los obreros, sin mayor precisión, separándose del CP de 1928.

Esta tipificación penal persistió hasta el CP de 1995, ya que el art. 222.2 CP inmediatamente anterior al de 1995 (TR aprobado por Decreto de 14 de septiembre de 1973) consideraba como reos de sedición a «los patronos y obreros que, con el fin de atentar contra la seguridad del Estado, perjudicar su autoridad, o perturbar su normal actividad, suspendieren o alteraren la regularidad del trabajo»

Como se ha indicado supra, la Ley 23/1976, de 19 de julio, modificó el CP de 1973 introduciendo mediante el art. 496.2 y 3 CP el delito de coacciones laborales, precedente del actual art. 315.3 CP, vigente desde la aprobación del llamado de «Código Penal de la Democracia» por LO 10/1995, de 23 de noviembre.

 

IV. Huelga y coacción laboral: contenido y límites

 

El derecho fundamental y constitucional de huelga consagrado en el art. 28.2 CE tiene la paradoja de ser regulado por una norma preconstitucional, como es el Real Decreto Ley sobre Relaciones de Trabajo 17/1977, de 4 de marzo (36), dado el fracaso de los intentos legislativos por dictar una Ley Orgánica de Huelga, como el caducado Proyecto de Ley Orgánica de Huelga y Medidas de Conflicto Colectivo de 1992, ya citado y al que haremos referencia en estas líneas (37).

Ahora bien, esa norma del año 1977 fue interpretada por la ST C 11/1981, de 8 de abril (38), de forma que la misma forma parte integrante del marco de referencia inexcusable para conocer la regulación jurídica del derecho de huelga en España, además de otras sentencias del Tribunal Constitucional, de las que destacaremos a efectos de este análisis la más reciente núm. 104/2011, de 20 de junio (39).

Así las cosas, sólo destacaremos dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el derecho de huelga, que consideramos importantes.

El primero, en la ST C 11/1981, se dice que nadie puede poner en cuestión que el derecho de huelga, proclamado en el art. 28.2 CE legitima medios de defensa a los intereses de grupos y estratos de la población socialmente dependientes y entre los que cuenta el de otorgar reconocimiento constitucional a un instrumento de presión que la experiencia secular ha mostrado ser necesario para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos.

Y el segundo, viene contenido en la ST C 104/2011, al otorgar el amparo a la trabajadora miembro del comité de huelga, condenada por un delito de desobediencia,

afirma cuando una conducta constituya inequívocamente un acto ajustado al ejercicio

regular del derecho fundamental (en este caso, el derecho de huelga), respondiendo por

su contenido, finalidad o medios empleados a las posibilidades de actuación o resistencia que el derecho otorga, no resultará constitucionalmente legítima la imposición de una sanción penal, aunque la subsunción de los hechos en la norma fuera conforme a su tenor literal (en este sentido, SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5.º o 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3.º).

Es cierto que también se han expresado los límites del derecho de huelga cuando su ejercicio ha sido abusivo y, sobre todo, cuando afecta a los servicios esenciales de la comunidad (v. gr. SST C 183/2006, de 19 de junio; 184/2006, de 19 de junio; 193/2006, de 19 de junio y 310/2006, de 23 de octubre, 26/1981, de 17 de julio, 43/1990, de 15 de marzo, entre otras) (40).

Entre los límites del derecho de huelga, el TS y el TC han extendido los mismos más allá del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad comprendiendo la imposibilidad de ejercer coacciones sobre terceros porque ello afecta a otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, como la libertad de trabajar o la dignidad de la persona y su derecho a la integridad moral (STC 137/1997, de 21 de julio).

Desde la casuística, salvo error u omisión, no hemos encontrado ninguna sentencia del TS que confirme una condena por el delito de coacciones laborales del art. 315.3 CP (41), pero si se ha apreciado infracción penal (delito de coacciones del art. 172 CP o falta de coacciones leves del art. 585.4.º CP) en los siguientes casos (42):

— Cuando se emplea un punzón para forzar a un camionero a secundar una huelga y, ante la negativa de éste, se pinchan dos ruedas de su camión, se aplicó el art. 172 CP como delito de coacciones (STS , Sala 2.ª, 362/1999, de 11 de marzo).

— Impedir la entrada en la fábrica de directivos, trabajadores de empresas contratistas

o a los designados para atender los servicios mínimos, y amenazar a los que estaban en su puesto de trabajo para que lo abandonaran.

Se condenó por falta de coacciones leves del art. 585.4.º CP (ST C 137/1997, de 21 de julio).

— Golpear y amenazar a un trabajador para eliminar de hecho su libertad de trabajo (ST C 137/1997, de 21 de julio —falta de coacciones—).

— Agredir e insultar al personal de seguridad y causar incendios y daños en las instalaciones de la empresa (ST C 137/1997, de 21 de julio —falta de coacciones—).

— Interceptar y golpear el vehículo que trasladaba a los trabajadores, insultando a sus

ocupantes (ST C 137/1997, de 21 de julio — falta de coacciones—).

— Obstaculizar e impedir a clientes y trabajadores el libre acceso a la empresa, profiriendo palabras injuriosas e insultantes contra quienes no secundaban la huelga (STC 137/1997, de 21 de julio —falta de coacciones—).

Conforme hemos indicado supra, estimamos que la fuerza expansiva del derecho fundamental de huelga obliga a ser restrictivos en el castigo de ciertas conductas de los piquetes o miembros del comité de huelga, en extensión de este derecho, frente a los trabajadores no huelguistas, ya que el bien jurídico protegido debe ser no la libertad de trabajo sino el regular o correcto ejercicio del derecho de huelga, en el que no cabrían conductas coactivas, si bien de cometerse estas su castigo no debería constituir un delito de coacciones específicas más gravemente penado como actualmente se recoge en el art. 315.2

CP sino ser reconducido al tipo común del delito de amenazas o coacciones de los arts.

169 a 172 CP o una falta de coacciones leves del art. 620.2 CP, como de hecho contemplan los casos referidos anteriormente.

En nuestro estudio de 1992 «Aspectos penales del derecho de huelga ante el cambio

normativo», ya citado, sobre el delito de coacciones laborales entonces tipificado en

el art. 496.2 y 3 CP, redactado conforme a la Ley 23/1976, de 19 de julio, recordábamos

con nuestra mejor doctrina que se pretendía castigar los excesos de los piquetes y no los

piquetes en sí mismo considerados. Discrepábamos de la tesis del TS expresada en su STS , Sala 2.ª, de 22 de mayo de 1986 según la cual con este delito de coacciones laborales se protegía «la libertad de trabajo», recordando que el art. 6.5 RDLRT y el art. 8.10 LISOS prohíben que se contraten a trabajadores externos a la empresa para suplir las labores de los que se hallen en huelga mientras dure ésta.

La jurisprudencia laboral ha interpretado que no se impide que la sustitución se realice lícitamente por los trabajadores de la plantilla que, en uso de su libertad de trabajo, no

se suman a la huelga y que acepten cubrir los puestos de trabajo de los huelguistas con independencia de cuál sea su categoría profesional (sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 13 de diciembre de 1988). No obstante, la doctrina manifiesta que por esta

vía, utilizando incorrectamente la invocación de «libertad de trabajo» —fórmula que sólo puede referirse a los compromisos consagrados en los arts. 35 y 40.1 CE— se está

protegiendo un derecho a no participar en la huelga con carácter preferente al derecho

fundamental reconocido en el art. 28 CE.

La STC de 28 de septiembre de 1992 declaró ilícita la medida de un empresario de sustituir a los trabajadores en huelga por otros de la misma empresa de diferente categoría que no la secundan afirmando en su fundamento jurídico quinto que la preeminencia del derecho de huelga produce durante su ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en una vida vegetativa, latente, otros derechos que en situación de normalidad pueden y deben desplegar toda su capacidad potencial, como sucede con la potestad directiva del empresario (...) en orden a la movilidad del personal, considerándose ilícita la sustitución de los huelguistas por otros trabajadores de la misma empresa de nivel profesional superior.

También, en esta materia resulta muy importante la ST C 254/1988, de 21 de diciembre,

en la que se analiza la relación existente entre el derecho de huelga y el límite que establecía entonces el delito de coacciones laborales establecido en el art. 496 CP, hoy en el art. 315.3 CP, partiendo correctamente de la premisa de que la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe, por su parte, el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo; de ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la esencia de tales derechos.

Sobre esta base se establece que no puede considerarse delito de coacciones una «intimidación moral» sobre el empresario porque en la medida que se considera indiferente el carácter de los medios utilizados por el autor, conduciría de hecho a una incriminación de toda coacción y por consiguiente también a la criminalización de toda huelga en toda medida de fuerza por la vía del art. 496 CP, conclusión inaceptable

porque la ley penal no puede vaciar de contenido un derecho fundamental. En la

misma línea se añade que el ejercicio abusivo del derecho de huelga no puede identificarse con la participación en grupos de huelguistas y tampoco la mera representación de los mismos es, de acuerdo con la ley, motivo suficiente para

ser responsabilizado de delito de coacciones cometido por otros. En efecto, tales interpretaciones no tienen en cuenta que el derecho de huelga reconocido en el art. 28.2 CE, implica el derecho a requerir de otros la adhesión a la huelga y a participar, dentro del marco legal, en acciones conjuntas dirigidas a tal fin, sin que quepa admitir que el art. 496 CP hace responsables a quienes encabezan tales acciones de los excesos punibles que pueden cometer otras personas de un grupo.

En cuanto al bien jurídico protegido del delito de coacciones laborales del art. 315.3 CP

ya hemos expuesto nuestra discrepancia de las tesis del TS sobre la libertad de trabajo

inicialmente expuestas en la STS, Sala 2.ª, de 22 de mayo de 1986. En el año 1992, recordábamos que los autores destacaban que se emplea mayor energía penal en la protección del derecho a no participar en la huelga que la tutela del ejercicio del derecho de huelga, invirtiendo el orden valorativo impuesto en la Constitución, al comparar los arts. 177 bis y 496 CP entonces vigente. E incluso nos hacíamos eco de la propuesta legislativa del Fiscal de Ciudad Real (43), recogida en la Memoria de la FGE de 1992 (44), abogando por la igualdad punitiva de los tipos penales relativos al derecho de huelga porque se castigaba con más rigurosidad a quienes infringía un derecho inferior (la no participación en la huelga) que a quienes infringían un derecho superior (el propio derecho de huelga).

Precisando más el delito de coacciones laborales, hay que dejar reseñado que el sujeto

activo requiere la actuación en grupo (ST C 254/1988, de 21 de diciembre) y que el sujeto pasivo al configurarse con la denominación «otras personas» obliga a afirmar la existencia de un único delito aunque los sujetos pasivos sean varios y no la existencia de un concurso de delitos.

En cuanto a la conducta típica «coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una

huelga», la doctrina señala que la determinación de la entidad exigible a los medios

coactivos ha de realizarse de acuerdo con las características del marco en que se emplean, el conflicto laboral, con lo que ello supone desde el punto de vista del reconocimiento constitucional de las facultades de autotutela colectiva.

Como criterios indicativos para esta valoración los tribunales han de ponderar el carácter individualizado o genérico del comportamiento violento o intimidante, el número de sujetos convocantes de la huelga, el grado de asunción por la plantilla de las reivindicaciones mantenidas, etc., teniendo también en cuenta la posible existencia de elementos «externos» que «expliquen» la presión intimidatoria o coactiva ejercida, como sucedería en los supuestos de una conducta antijurídica previa del empleador, o de provocaciones al piquete de huelga por parte de los no huelguistas o del empresario.

Aunque la jurisprudencia ha admitido con largueza como supuestos típicos en los que

concurren daños y lesiones, así como violencia extrapersonales, la presión moral y la

intimidación, la STS , Sala 2.ª, de 11 de junio de 1984 castigó como autores de una simple falta a los inculpados cuya conducta consistió esencialmente en a) impedir la salida de un autobús; b) recostándose algunos en la parte delantera del mismo; c) insultar y mofarse del conductor que no secundaba la huelga; d) que llamada la fuerza pública y detenidos los huelguistas pudo reanudarse el servicio de viajeros poco después. A juicio de la Sala, estas conductas no constituyen violencia grave sobre el conductor, ya que la fuerza realmente se hizo sobre el vehículo.

Según la jurisprudencia no pueden considerarse coactivas ni intimidatorias en sí mismo

circunstancias tales como las del carácter masivo del piquete, ni su ubicación —normalmente a las puertas del establecimiento empresarial, pero también recorriendo las

calles de la ciudad— ni el hecho de que lo integren trabajadores de otras empresas o de

sectores productivos diferentes. Se trata de formas de expresión lícitas de las facultades

inherentes al ejercicio del derecho de huelga.

Tampoco pueden, de entrada, calificarse de coacciones o intimidatorios los piquetes con

fines de boicot o de reducción de clientes en un establecimiento, ni aquellas expresiones

del piquete que implican la circulación por el interior de la empresa —conocidas como

«serpientes»— o la ocupación de locales, siempre que no se vulnere la libertad de otras

personas y no se cree una situación de notorio peligro para la vida, la integridad física o

la seguridad de las instalaciones o los bienes (STC 11/1981, de 8 de abril y STS, Sala 6.ª, de 10 de marzo de 1982 y de 6 de julio de 1982).

Por otra parte, según la doctrina, la extralimitación en algunos supuestos puede convertir la huelga en abusiva y por tanto en un incumplimiento contractual grave, acreedor de la sanción de despido. En otros, puede justificar el ejercicio, por parte del empresario, del poder de policía mediante la ordenación del cierre patronal (art. 12 RDLRT ). Pero, ni aún en esos casos, el mero hecho del ejercicio abusivo del derecho de huelga se transforma, como es obvio, en la conducta típica.

 

V. Para una reforma penal sobre los piquetes laborales: reflexiones

 

Como venimos exponiendo a lo largo de estas reflexiones, los piquetes laborales son expresión del derecho de huelga de los trabajadores, forman parte de su contenido esencial (45) y desde esta perspectiva jurídica su actuación viene protegida por los mismos preceptos penales que protegen el derecho de huelga, es decir, el art. 315.1 CP. Protección penal que viene dada al protegerse la relación colectiva de trabajo (libertad sindical y derecho de huelga).

Si esta es la perspectiva jurídica, es lógico pensar que cualquier actuación del piquete

laboral, incluso aquellas que son abusivas y pudieran ser sancionables penalmente, no

debe de perder de vista que su naturaleza es colectiva, es decir, es propia de una relación

colectiva de trabajo, tiene una dimensión colectiva, la cual debe ser tenida en cuenta

en orden tanto a la tipificación penal de la conducta abusiva como de su penalidad, circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y responsabilidad civil.

En el régimen vigente, curiosamente el art. 315.3 CP tiene en cuenta la dimensión colectiva del piquete, al configurar el sujeto activo del delito de coacciones laborales como sujeto colectivo cuando castiga a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros... pero en orden a la penalidad en lugar de adecuarla a esa dimensión colectiva propia del contenido esencial del derecho de huelga, que determinaría una sanción proporcional al carácter de derecho fundamental de huelga en

cuyo ejercicio se abusa, se penaliza más gravemente las coacciones realizadas en este contexto que las coacciones comunes u ordinarias del art. 172 CP (prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses), ya que se imponen penas de ese tipo penal superiores en grado, lo que supone prisión de tres años y un día a seis años (46) y multas de doce meses y un día a dieciocho meses.

Pensamos que la dimensión colectiva de la acción penal vinculada al ejercicio abusivo del derecho fundamental merece bien su sanción por la vía administrativa penalizando sólo los actos concretos lesivos de bienes jurídicos protegidos penalmente por los tipos comunes o una respuesta específica proporcional al derecho fundamental de huelga en cuyo ejercicio se abusa bien mediante una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal bien mediante penas no privativas de libertad como los trabajos en beneficio de la comunidad, quedando en todo caso la responsabilidad civil atribuida exclusivamente a las organizaciones sindicales convocantes de la huelga.

Veamos brevemente estas propuestas.

1. Sanción administrativa y penalización por los tipos penales comunes de los actos

lesivos de bienes protegidos penalmente El ejercicio abusivo del derecho de huelga debería tener sólo sanción administrativa y no penal, en relación con el derecho de huelga en sí mismo considerado porque es este derecho el que se ve infringido con este ejercicio abusivo.

El derecho de huelga implica su ejercicio regular (ST C 104/2011), en consecuencia el

ejercicio irregular del derecho de huelga afecta al mismo derecho, que es el protegido por la norma penal.

Recuérdese que el art. 6.1 RDLRT señala que el ejercicio del derecho de huelga no extingue la relación de trabajo, ni puede dar lugar a sanción alguna, salvo que el trabajador, durante la misma, incurriera en falta laboral.

Las coacciones laborales también protegen el derecho de huelga pero al proceder de los

mismos piquetes o comités de huelga, es decir, de los propios trabajadores, no pueden

tener un trato punitivo igual al que se da para los que impiden o limitan el derecho de

huelga que son ajenos a los trabajadores que, en definitiva, son los titulares del derecho de huelga, el cual se ha definido como un derecho individual de los trabajadores de ejercicio colectivo (47).

La igualdad de trato punitivo que se expresa en el art. 315.2 CP castigando igualmente

tanto a los que impiden o limitan el derecho de huelga con fuerza, violencia o intimidación como a los huelguistas que ejerzan coacciones laborales a otras personas (trabajadores) para iniciar o continuar una huelga tiene un presupuesto falso constituido por la equiparación entre los que no son titulares del derecho de huelga y los titulares del derecho, que son los trabajadores.

Entendemos que no se puede castigar con las mismas penas a quién sin ser titular de un derecho fundamental trata de impedirlo o limitarlo que a quién siendo titular del derecho fundamental lo ejerce de forma abusiva.

Por ello, para concluir, nuestra propuesta es distinguir la respuesta ante esas dos conductas que tienen sujetos diferentes pero que afectan al mismo derecho fundamental. En caso de no titulares del derecho la protección penal debe mantenerse en los términos actuales del art. 315.1.º y 2.º CP. En caso, de titulares del derecho de huelga, es decir, los trabajadores miembros del comité de huelga o piquetes, debería derogarse el art. 315.3.º CP, pasar la sanción de esa conducta al ámbito administrativo (48) (Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social) y castigar separadamente los actos lesivos a bienes jurídicos penalmente protegidos por los tipos comunes del Código Penal (49).

2. La relevancia penal del conflicto laboral como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal: la dimensión colectiva del conflicto

Con carácter alternativo a la anterior propuesta, podría pensarse en la relevancia penal

del conflicto laboral expresado en el huelga en la motivación colectiva de la acción individual del trabajador miembro del piquete o comité de huelga que incida en conductas coactivas sobre otras personas para obligarlas a iniciar o continuar una huelga.

En efecto, esa motivación colectiva en ejercicio de un derecho debería integrar una atenuante bien propia o bien por analogía con otras como la prevista en el art. 21.7.º en

relación con la núm. 1 del mismo precepto legal y la eximente del núm. 7 del art. 20 CP

que contempla el supuesto de exención de responsabilidad al que obre (...) en el ejercicio legítimo de un derecho (...) (50).

El abuso en el ejercicio legítimo del derecho fundamental de huelga desproveería del carácter de eximente del núm. 7 del art. 20 CP para el acto realizado pero nada obsta a que se considere que puede integrar una eximente incompleta del núm. 1 del art. 21 y pueda ser aplicable en concepto de atenuante analógica del art. 21.7.º en relación con el art. 21.1.º CP este tipo de conductas (51).

Insistimos que el derecho de huelga es un derecho individual de los trabajadores de ejercicio colectivo (52). En consecuencia, cualquier exceso o abuso de ese ejercicio colectivo que repercuta en exigencia de responsabilidades individuales debería tener en cuenta esta dimensión colectiva y modular la responsabilidad individual en función a este parámetro colectivo.

3. Pena y reinserción social: la prohibición de penas privativas de libertad y el

establecimiento como pena-tipo los trabajos en beneficio de la comunidad

En todo caso, de mantenerse la punibilidad de las conductas típicas actuales del art. 315.3 CP, lo bien cierto es que la respuesta punitiva no puede pasar por penas privativas de libertad sino por trabajos en beneficio de la comunidad, con independencia de las penas que correspondan por la comisión de delitos castigados en los tipos comunes del CP (53).

Los trabajos en beneficio de la comunidad están catalogados como penas privativas de

derechos y se recogen en el art. 39 i) CP, desarrollándose su contenido en el art. 49 CP

(54).

4. La responsabilidad civil del sindicato, comité de empresa o trabajadores convocantes (55)

Si hemos sostenido la dimensión colectiva de la acción de los piquetes de huelga para

contextualizar la conducta individual de los trabajadores miembros de esos piquetes en

orden a la exigencia o no de responsabilidades penales individuales de los mismos cuando se hace un ejercicio abusivo o no regular del derecho de huelga, debemos ahora hacer una breve referencia a las consecuencias de este planteamiento en el ámbito de la responsabilidad civil originada por los daños o perjuicios que se causen con motivo de la acción realizada (56).

Desde nuestro planteamiento, dada la dimensión colectiva de la acción, la responsabilidad civil derivada de la misma debe reconducirse al ámbito colectivo en donde encontró su génesis y desarrollo y no al ámbito individual de aquél que realiza la acción. Esto nos lleva a postular que en estos casos, deben ser los convocantes y organizadores de la huelga, normalmente los sindicatos (57) o comité de empresa, los que deben asumir la responsabilidad civil directa de los daños y perjuicios derivados de la acción de los piquetes (art. 1903 CC) y no recaer dicha responsabilidad civil en los trabajadores individualmente considerados, los cuales sólo podrían verse demandados por el propio sindicato, comité de empresa o trabajadores convocantes en una acción de repetición de la responsabilidad civil (art. 1904 CC).

Sobre este particular, recuérdese que el art. 3.2 RDLRT señala que están facultados para acordar la declaración de huelga: a) Los trabajadores, a través de sus representantes. El acuerdo será adoptado, en reunión conjunta de dichos representantes, por decisión mayoritaria de los mismos. De la reunión, a la que habrán de asistir al menos el 75 por 100 de los representantes, se levantará acta, que deberán firmar los asistentes. b) Directamente los propios trabajadores del centro de trabajo, afectados por el conflicto, cuando el 25 por 100 de la plantilla decida se someta a votación dicho acuerdo. La votación habrá de ser secreta y se decidirá por mayoría simple. El resultado de ésta se hará constar en acta.

Coincidimos con GARCÍA VIÑA y BARCELÓ FERN ÁNDEZ en que sobre esta materia no existe previsión normativa específica en el ámbito laboral y que sólo puede hablarse de exigencia de responsabilidad ante el abuso del derecho ex art. 7 CC, y entendemos que la responsabilidad civil extracontractual prevista en el art. 1902 CC

es el mecanismo que permite la exigencia de esta responsabilidad civil cuando no concurre acción delictiva, ya que en caso de existir ésta por el juego de los arts. 1092 CC (58), 109.1 y 2 CP (59) y 116.1 CP (60) la regulación de esta responsabilidad se rige por las disposiciones del CP, ya señaladas, salvo reserva de la acción civil ante la jurisdicción civil (61).

 

VI. Bibliografía del autor

 

— «Aspectos penales del derecho de huelga ante el cambio normativo», Tribuna Social:

Revista de Seguridad Social y Laboral, núm. 24, diciembre 1992, Ed. CISS, S.A., págs. 7 a 19.

— «El delito contra la seguridad e higiene en el trabajo: perspectiva interdisciplinar, Revista General de Derecho, núm. 579, Valencia, diciembre 1992.

— «Reforma laboral y delito social: algunas contradicciones», Tribuna Social: Revista de Seguridad Social y Laboral, Ed. CISS , Valencia, núm. 46, octubre 1994, págs. 31 y ss.

La Fiscalía desde sus élites (1883-2011), ed. Electrónica, Amazón, 2012.

— «Los delitos contra la Seguridad Social: entre la corrupción pública y la privada. Algunas claves frente al tsunami de la crisis económica y las quiebras del principio de igualdad», Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 38, 2014.

— En colaboración con SEQUER OS SAZATORN IL, F., Delitos societarios y conductas afines. La responsabilidad penal y civil de la sociedad, sus socios y administradores, Ed. La Ley, 2013.

El delito de tráfico de influencias ante la lucha contra la corrupción política en España (Una visión jurisprudencial crítica), Ed. La Ley, 2014. N