lunes, 22 de enero de 2018

Trafalgar en la prensa navarra

 Resultado de imagen de jose andres alvaro ocariz trafalgar



 http://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura-ocio/cultura/2018/01/16/una-edicion-critica-trafalgar-recupera-personaje-nacido-tudela-571722-1034.html


Una edición crítica de 'Trafalgar' recupera un personaje nacido en Tudela

La obra del escritor navarro José Andrés Álvaro Ocáriz hace referencia al marino José de Ezquerra y Guirior





 http://www.navarrainformacion.es/2018/01/14/edicion-critica-de-trafalgar-por-el-escritor-navarro-jose-andres-alvaro-ocariz/


Edición crítica de Trafalgar por el escritor navarro José Andrés Álvaro Ocáriz


NAVARRAINFORMACION.ES

El escritor navarro José Andrés Alvaro Ocáriz publica una edición crítica de Trafalgar en la que recupera un personaje histórico nacido en Tudela (Navarra)

Recoge en portada la imagen que el mismo Galdós eligió para la edición ilustrada de su obra. En la biografía de Galdós se añaden detalles de los que hasta ahora no se había hablado y se acompaña el texto con las fotografías, tomadas por el editor, de los lugares en los que vivió el autor.
En el texto aparecen más de trescientas notas a pie de página en las que no sólo se explican los términos de difícil comprensión, sino que también se habla sobre el contexto histórico en que se desenvuelve el combate de Trafalgar y se corrigen los fallos que aparecen en las anteriores ediciones de esta obra de Galdós, como los nombres auténticos de marinos que participaron en Trafalgar. Hasta ahora, en ninguna edición se había reparado en este tema que creemos fundamental ya que puede propiciar estudios posteriores sobre esos marinos cuya identidad se recupera después de casi 150 años.
En este caso, se hace referencia a un marino que en todas las ediciones de Galdós aparece como Ezguerra y que se trata , realmente, del tudelano José de Ezquerra y Guirior, nacido 25 de enero de 1756  y fallecido el 13 de julio de 1801 en la voladura del barco Real San Carlos, en el marco de la llamada batalla de Algeciras.
No se sabe, dice el autor, si Galdós, cuando escribió su obra, puso con ‘g’ o con ‘q’ el nombre de este navarro . El caso es que desde la primera edición de su obra el nombre que aparece es Ezguerra y ahora se recupera el verdadero nombre de este navarro.
El libro, además, incluye dos apéndices. Un apéndice documental en el que aparece, entre otros,  el Discurso de ingreso de Galdós en la Real Academia de la Lengua y, por primera vez en una edición de la obra de Galdós, los documentos que sobre Trafalgar se encuentran en el Archivo del Museo Naval.
“Lo hemos realizado así ya que somos conscientes de que es necesario acercarnos a esta obra con una perspectiva de interdisciplinariedad ya que Galdós escribe sobre un suceso que ocurrió realmente. Por lo tanto, intentamos unir a la ficción narrada por Galdós los elementos históricos del hecho que se narra, uniendo, de este modo, la Historia con la Literatura”, añade Álvaro Ocáriz.
Además, este libro se incluye un apéndice fotográfico sobre los marinos que tomaron parte en Trafalgar, con imágenes tomadas por el editor en el Museo Naval de Madrid que pretender “poner cara” a los personajes reales de los que se habla en el libro. Y se incluyen fotografías de las lápidas que los recuerdan en el Panteón de Marinos Ilustres de la localidad gaditana de San Fernando.
Finalmente, se incorpora también “una bibliografía actualizada por si se desea profundizar en la vida de Galdós, en los Episodios Nacionales y en Trafalgar, tanto desde un punto de vista literario como histórico”.
“En resumen, nos encontramos ante una edición crítica concienzudamente elaborada  que aporta una serie de elementos nuevos que nunca habían aparecido en ediciones anteriores y que la convierten en un texto único y necesario tanto para quien se acerca a él como lector que quiere simplemente disfrutar con el texto de Galdós, como para el investigador que tiene en sus manos las claves para nuevos estudios”, señala el autor.
La obra se puede adquirir en Amazon, tanto en su formato de e-book como en formato papel. Los beneficios de su venta  se destinan al proyecto LIBRO SOLIDARIO.
Obra del autor
José Andrés Alvaro Ocáriz, es autor de libros como Celaya esencial (2011), Antonio Tovar, el filólogo que encontró el idioma de la paz (2012), Luis Mariano, cien años, cent ans (2014), El Gran Capitán (2015), Sebastián Iradier. Si a tu ventana llega una paloma (2016), El Madrid de Blas de Otero (2016), La flecha que me asignó Cupido (2017) ha publicado en AMAZON  una edición crítica de la obra Trafalgar de Benito Pérez Galdós.





http://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/galdos-trafalgar-libro-edicion-novedad-amazon-venta/20180113162942164786.html

Lo que nadie leyó: un escritor navarro lanza una edición con contenido inédito del Trafalgar de Galdós

Contiene más de trescientas notas a pie de página en las que se explican desde los términos de difícil comprensión hasta el contexto histórico en que se desenvuelve el combate de Trafalgar



José Andrés Alvaro Ocáriz, autor navarro de libros como 'Celaya esencial' (2011), 'Antonio Tovar, el filólogo que encontró el idioma de la paz' (2012), 'Luis Mariano, cien años, cent ans' (2014), 'El Gran Capitán' (2015), 'Sebastián Iradier. Si a tu ventana llega una paloma' (2016), 'El Madrid de Blas de Otero' (2016), 'La flecha que me asignó Cupido' (2017) ha publicado en Amazon una edición crítica de la obra 'Trafalgar' de Benito Pérez Galdós.
Mientras que en portada recoge la imagen que el mismo Galdós eligió para la edición ilustrada de su obra, en la biografía de Galdós se añaden detalles inéditos y se acompaña el texto con las fotografías, tomadas por el editor, de los lugares en los que vivió el autor.   
En el texto aparecen más de trescientas notas a pie de página en las que se explican desde los términos de difícil comprensión hasta el contexto histórico en que se desenvuelve el combate de Trafalgar. Por otro lado, también se corrigen los fallos que aparecen en las anteriores ediciones de esta obra, como los nombres auténticos de marinos que participaron en el enfrentamiento.
"Hasta ahora, en ninguna edición se había reparado en este tema que creemos fundamental ya que puede propiciar estudios posteriores sobre esos marinos cuya identidad se recupera después de casi 150 años", señala Ocáriz en una nota.
"Nos estamos refiriendo, en este caso, a un marino que en todas las ediciones de Galdós aparece como Ezguerra y que se trata, realmente, del tudelano José de Ezquerra y Guirior, nacido 25 de enero de 1756  y fallecido el 13 de julio de 1801 en la voladura del barco Real San Carlos, en el marco de la llamada batalla de Algeciras", continúa el escritor.
"No sabemos si Galdós, cuando escribió su obra, puso con g o con q el nombre de este navarro . El caso es que desde la primera edición de su obra el nombre que aparece es Ezguerra y ahora se recupera el verdadero nombre de este navarro", agrega Ocáriz.
Por otro lado, el libro incluye dos apéndices. Uno documental en el que aparece, entre otros, el discurso de ingreso de Galdós en la Real Academia de la Lengua y, por primera vez en una edición de la obra de Galdós, los documentos que sobre Trafalgar se encuentran en el Archivo del Museo Naval.
Se han realizado así ya que Ocáriz señala que son "conscientes" de que es necesario acercarnos a esta obra con una perspectiva de interdisciplinariedad puesto que Galdós escribe sobre un suceso que ocurrió realmente.
"Intentamos unir a la ficción narrada por Galdós los elementos históricos del hecho que se narra, uniendo, de este modo, la Historia con la Literatura", apunta en este sentido.
Además, este libro incluye un apéndice fotográfico sobre los marinos que tomaron parte en Trafalgar, con imágenes tomadas por el editor en el Museo Naval de Madrid que pretender 'poner cara' a los personajes reales de los que se habla en el libro. También se incluyen fotografías de las lápidas que los recuerdan en el Panteón de Marinos Ilustres de la localidad gaditana de San Fernando.
Por otro lado, se añade una bibliografía actualizada por si se desea profundizar en la vida de Galdós, en los Episodios Nacionales y en Trafalgar, tanto desde un punto de vista literario como histórico.
Ocáriz concluye señalando que "nos encontramos ante una edición crítica concienzudamente elaborada  que aporta una serie de elementos nuevos que nunca habían aparecido en ediciones anteriores y que la convierten en un texto único y necesario tanto para quien se acerca a él como lector que quiere simplemente disfrutar con el texto de Galdós, como para el investigador que tiene en sus manos las claves para nuevos estudios".
La obra se puede adquirir en Amazon, tanto en su formato de e-book como en formato papel. Los beneficios de su venta  se destinan al proyecto Libro Solidario.

«Caso Afinsa»: Concurso ideal entre los delitos de estafa e insolvencia y un concurso medial entre aquellos y el delito de falsedad de las cuentas anuales

«Caso Afinsa»: Concurso ideal entre los delitos de estafa e insolvencia y un concurso medial entre aquellos y el delito de falsedad de las cuentas anuales
Manuel-Jesús DOLZ LAGO
Fiscal del Tribunal Supremo

Resumen
Caso AFINSA. Estafa filatélica. Macroproceso. Contratos de compraventa de sellos a un precio muy superior al valor que pudieran alcanzar en el mercado. Se aseguraba al cliente la posibilidad de recomprar los mismos sellos al menos al mismo precio y una revalorización determinada, que era independiente de la que los sellos concretos experimentaran en el mercado. Concurso entre las distintas infracciones. Concurso ideal entre estafa e insolvencia y concurso medial entre aquellos y el delito de falsedad en cuentas anuales. Delito de blanqueo de capitales. Delito fiscal.
IDENTIFICACIÓN:
TS Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 749/2017, de 21 noviembre. Ponente: Colmenero Menéndez de Luarca, Miguel
RESUMEN DEL FALLO:

La sentencia que resuelve los recursos de casación de veinte recurrentes, siendo dieciocho las partes recurridas, con sesenta y nueve fundamentos de derecho y doscientas catorce páginas, estima parcialmente los recursos presentados por los once directivos condenados contra la sentencia de la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 27 julio 2016. En contra del criterio de la Audiencia Nacional que apreció concurso real de delitos, se estima un concurso ideal entre los delitos de estafa e insolvencia y un concurso medial entre aquellos y el delito de falsedad de las cuentas anuales, con una rebaja punitiva de casi cuatro años de prisión para los cinco principales directivos. Por otro lado, se absuelve a otros, que habían sido condenados como partícipes a título lucrativo. El motivo undécimo de los recursos de dos de los condenados sobre error en la determinación de la pena en el delito de insolvencia punible contó con el apoyo parcial del MF.
DISPOSICIONES APLICADAS:
Arts. 77.3, 248, 249, 250.1 y 301.1 CP.
ANTECEDENTES DE HECHO
En el caso concreto enjuiciado, dada la extensión de la sentencia no pueden reproducirse aquí los hechos probados, cuya lectura se aconseja. Cabe resumir el factum en los siguientes términos:
«Contratos de compraventa de sellos a un precio muy superior al valor que pudieran alcanzar en el mercado. Se aseguraba al cliente la posibilidad de recomprar los mismos sellos al menos al mismo precio y una revalorización determinada, que era independiente de la que los sellos concretos experimentaran en el mercado. En la generalidad de los casos, los clientes ejercitaba la opción, de manera que AFINSA siempre recompraba los sellos, entregando finalmente al cliente la cantidad pagada por los sellos más la revalorización. AFINSA invertía una cantidad en la compra de los sellos; recibía del cliente una cantidad muy superior, en la que la propia compañía los valoraba según su criterio; empleaba ese dinero en el funcionamiento de la sociedad, con sus variados gastos; pagaba con ese dinero la revalorización pactada; y cuando finalizaba el plazo, si, como era habitual, el cliente solicitaba la devolución, pagaba la misma, en parte, con el dinero sobrante y, en otra parte, con el dinero recibido de los nuevos clientes. Pues el dinero recibido por AFINSA no generaba ningún ingreso, y la compañía carecía de otra fuente de ingresos, de manera que para devolver lo antes recibido no disponía de aquella parte que ya había gastado en su funcionamiento. A cambio, AFINSA, recibía los sellos que había vendido, por los que había pagado en el mercado un precio muy inferior. Si, como se dice en la sentencia, como ejemplo, compraba a 8, vendía a 100 y recompraba a 107, es claro que, si no existían otros ingresos, el negocio generaba pérdidas, que eran constantes y que crecían cuanto mayor era la actividad.»
Fallo de la sentencia de instancia
«"1. CONDENAMOS a D. Juan Antonio C.C. como autor de un delito CONTINUADO de ESTAFA agravada a las penas de 7 años y 6 meses de PRISIÓN y multa de 15 meses con cuota diaria de 200 euros, como autor de un delito de INSOLVENCIA PUNIBLE a las penas de 2 años y 11 meses de PRISIÓN y multa de 15 meses con la misma cuota de 200 euros y como autor de un delito CONTINUADO de FALSEAMIENTO de CUENTAS ANUALES a la pena de 2 años y 5 meses de
PRISIÓN y multa de 10 meses con cuota diaria de 200 euros, además de las penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para la administración de sociedades de capital por el tiempo de la condena privativa de libertad. Se aprecia la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
Abonará tres veintiseisavas partes de las costas causadas, incluidas las de las acusaciones particulares.
2.- CONDENAMOS a D. Albertino de F.N. como autor de un delito CONTINUADO de ESTAFA agravada a las penas de 7 años y 1 día de PRISIÓN y multa de 14 meses con cuota diaria de 200 euros, como autor de un delito de INSOLVENCIA PUNIBLE a las penas de 2 años de PRISIÓN y multa de 6 meses con la misma cuota de 200 euros y como autor de un delito CONTINUADO de FALSEAMIENTO de CUENTAS ANUALES a la pena de 2 años de PRISIÓN y multa de 9 meses con cuota diaria de 200 euros, además de las penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para la administración de sociedades de capital por el tiempo de la condena privativa de libertad; apreciándose la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
Abonará tres veintiseisavas partes de las costas causadas, incluidas las de las acusaciones particulares.
3.- CONDENAMOS a D. Carlos de F.E. como autor de un delito CONTINUADO de ESTAFA agravada a las penas de 7 años y 1 día de PRISIÓN y multa de 14 meses con cuota diaria de 200 euros, como autor de un delito de INSOLVENCIA PUNIBLE a las penas de 2 años y 6 meses de PRISIÓN y multa de 9 meses, con la misma cuota de 200 euros, y como autor de un delito CONTINUADO de FALSEAMIENTO de CUENTAS ANUALES a la pena de 2 años y 5 meses de PRISIÓN y multa de 10 meses con cuota diaria de 200 euros, además de las penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para la administración de sociedades de capital por el tiempo de la condena privativa de libertad; apreciándose la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
Abonará tres veintiseisavas partes de las costas causadas, incluidas las de las acusaciones particulares.
4.- CONDENAMOS a D. Vicente M.P. como autor de un delito CONTINUADO de ESTAFA agravada a las penas de 7 años y 1 día de PRISIÓN y multa de 14 meses con cuota diaria de 200 euros, como autor de un delito de INSOLVENCIA PUNIBLE a las penas de 2 años y 6 meses de PRISIÓN y multa de 9 meses, con la misma cuota de 200 euros, y como autor de un delito CONTINUADO de FALSEAMIENTO de CUENTAS ANUALES a la pena de 2 años de PRISIÓN y multa de 9 meses con cuota diaria de 200 euros, además de las penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para la administración de sociedades de capital por el tiempo de la condena privativa de libertad; apreciándose la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
Abonará tres veintiseisavas partes de las costas causadas, incluidas las de las acusaciones particulares.
5.- CONDENAMOS a D. Emilio B.L. como cooperador necesario de un delito CONTINUADO de ESTAFA agravada a las penas de 6 años y 3 meses de PRISIÓN y multa de 13 meses con cuota diaria de 200 euros, como cooperador necesario de un delito de INSOLVENCIA PUNIBLE a las penas de 2 años de PRISIÓN y multa de 6 meses, con la misma cuota de 200 euros, y como cooperador necesario de un delito CONTINUADO de FALSEAMIENTO de CUENTAS ANUALES a la pena de 2 años de PRISIÓN y multa de 9 meses con cuota diaria de 200 euros, además de las penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para la administración de sociedades de capital por el tiempo de la condena privativa de libertad; apreciándose la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
Abonará tres veintiseisavas partes de las costas causadas, incluidas las de las acusaciones particulares.
6.- CONDENAMOS a D. José Joaquín A.Q. como cooperador necesario de un delito CONTINUADO de ESTAFA agravada a las penas de 6 años y 3 meses de PRISIÓN y multa de 13 meses con cuota diaria de 200 euros, y además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena privativa de libertad; apreciándose la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Y le absolvemos de los delitos de insolvencia punible y de falseamiento de cuentas societarias.
Abonará una veintiseisava parte de las costas causadas, incluidas las de las acusaciones particulares.
7.- CONDENAMOS a D. Esteban P.H. como cómplice de un delito CONTINUADO de ESTAFA agravada a las penas de 4 años de PRISIÓN y multa de 7 meses con cuota diaria de 200 euros, y además las penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para la administración de sociedades de capital por el tiempo de la condena privativa de libertad; apreciándose la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Y le absolvemos del delito de insolvencia punible por el que fue acusado.
Abonará una veintiseisava parte de las costas causadas, incluidas las de las acusaciones particulares.
8.- CONDENAMOS a D. Ramón S.A. como cómplice de un delito CONTINUADO de ESTAFA agravada a las penas de 3 años y 1 día de PRISIÓN y multa de 6 meses con cuota diaria de 200 euros, y además las penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para la administración de sociedades de capital por el tiempo de la condena privativa de libertad; apreciándose la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Y le absolvemos del delito de insolvencia punible por el que fue acusado.
Abonará una veintiseisava parte de las costas causadas, incluidas las de las acusaciones particulares.
9.- CONDENAMOS a D. Francisco G.L. como cómplice de un delito CONTINUADO de ESTAFA agravada a las penas de 4 años y 5 meses de PRISIÓN y multa de 8 meses con cuota diaria de 200 euros y como autor de un delito de BLANQUEO DE CAPITALES a las penas de 2 años de PRISIÓN y multa de 69 millones de euros, y además las penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para la administración de sociedades de capital por el tiempo de la condena privativa de libertad; apreciándose la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Le absolvemos de los delitos contra la Hacienda Pública.
Abonará dos veintiseisavas partes de las costas causadas, incluidas las de las acusaciones particulares.
Se declara el decomiso del dinero objeto del blanqueo.

10.- CONDENAMOS a D. Joan D.B. y a D. Jordi D.B. como coautores de un delito CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA a las penas de 2 años y 3 meses de PRISIÓN y multa de 1.137.948,73 euros, con responsabilidad personal en caso de impago de 3 meses de prisión, y además las penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para la administración de sociedades de capital por el tiempo de la condena privativa de libertad; apreciándose la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
11.- ABSOLVEMOS a D. Francisco B.O. de los delitos de falseamiento de cuentas societarias y de estafa por los que fue acusado.
12.- ABSOLVEMOS a D. Ramón E.U. de los delitos de estafa e insolvencia punible por los que fuera acusado.
Se declaran de oficio el resto de las costas causadas.
13.- En concepto de RESPONSABILIDAD CIVIL directa D. Juan Antonio C.C., D. Albertino de F.N., D. Carlos de F.E., D. Vicente M.P., D. Emilio B. L. y D. José Joaquín A.Q. indemnizarán, conjunta y solidariamente, a los 190.022 titulares de los 269.570 contratos filatélicos cuya identidad figura en el anexo de esta resolución, créditos que fueron reconocidos por la Administración concursal de A.B.T., S.A. en el procedimiento 208/2006 del Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid, en la cantidad de 2.574 millones de euros. Cantidad que será minorada en las que ya hubieran percibido o percibiesen con motivo de la liquidación de la compañía. A.B.T., S.A. será responsable civil subsidiaria al pago de dichas cantidades.
En el mismo concepto pero con carácter subsidiario a los anteriores, responderán de dichas cantidades D. Esteban P.H., solidariamente con D. Francisco G.L., que lo hará con la responsabilidad subsidiaria de sus empresas F. G. L. F., S.L. y G. L., S.L., hasta el límite de 58.112.357,86 euros, y con D. Ramón S.A., quién responderá hasta el límite de 235.704.101,50 euros.
14.- En calidad de TERCEROS RESPONSABLES a TÍTULO LUCRATIVO deberán resarcir a los perjudicados en estas cantidades:
• D.ª María del Mar F.C., en 1.097.569 euros, • D.ª Felisa M.F., D.ª Natalia G.M., D. Juan Javier G.M., D. Rubén G.M. y D.ª Sonia G.M. en la cantidad de 13.088.029,47 euros, • D.ª Felisa M.F. en 427.929,45 euros, • D. Rubén G.M. en 209.645,04 euros, • D.ª Natalia G.M. en 355.624,86 euros y • D. Ramón E.U. en 452.353,55 euros.
Todas estas cantidades en concepto de responsabilidad civil devengarán desde la firmeza de la sentencia el interés legal del dinero incrementado en dos puntos.
15.- El dinero que se obtenga en la ejecución de esta sentencia deberá ser puesto a disposición de la Administración concursal para que lo distribuyan de manera ordenada entre los perjudicados"»(sic).

Se aprecia la concurren cia con un interés difuso de naturalez a económic o-social
DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO
La doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia, la centraremos en la materia concursal, que es la estimada por la Sala para determinar una nueva penalidad para los recurrentes, más benigna.
Así, en el FJ 8.º dice: «En el octavo motivo, al amparo del art. 849.1.º de la LECrim, denuncia la indebida aplicación del art. 8 CP en relación con los arts. 248, 249, 250.1.6, 259, 290 del Código Penal. Entiende que no se trata de un concurso real de delitos, como se sostiene en la sentencia impugnada, sino que debe aplicarse el art. 8 para resolver un concurso aparente de normas.
1. La prohibición del bis in ídem impide castigar dos veces la misma conducta. En los casos en los que la protección del mismo bien jurídico aparezca en dos preceptos penales distintos, el concurso aparente de normas habrá de resolverse con aplicación del art. 8 CP, y no recurriendo a los preceptos relativos al concurso de delitos. Como ha señalado la jurisprudencia, (STS n.o 440/2012, de 25 de mayo, citada por el recurrente), cuando se trata de estafa e insolvencia, la utilización en beneficio propio o ajeno del beneficio obtenido del delito de estafa, y su consiguiente desaparición del patrimonio del autor, constituye la fase de agotamiento del delito, y no puede ser valorada a los efectos de una nueva sanción penal por insolvencia, de acuerdo con el anterior art. 260 CP.
Aunque en algunos casos sea suficiente el planteamiento anterior, dada la naturaleza de los hechos, en otros es necesario examinar con más detalle la cuestión.
Como se señala más arriba, para aplicar el art. 8 CP es preciso establecer que los preceptos en aparente concurrencia protegen el mismo bien jurídico. La jurisprudencia ha entendido que el bien jurídico protegido por el delito de insolvencia se orienta hacia la tutela del patrimonio de la víctima, viniendo a representar un reforzamiento de la responsabilidad universal consagrado en el art. 1911 Código Civil. Puede identificarse, pues, con el bien jurídico protegido en el delito de estafa.
Pero, además de la protección que se pretende del derecho personal de crédito, se aprecia la concurrencia con un interés difuso de naturaleza económico-social que se sitúa en la confianza precisa para el desarrollo de las operaciones financieras, en aras a la consecución de un desarrollo económico adecuado a una economía de mercado libre (STS n.o 771/2006, de 18 de julio).
En este sentido, el bien jurídico protegido aparecerá de forma más intensa y, por lo tanto, con mayor necesidad de protección, en algunos casos, especialmente cuando se trata de empresas de gran tamaño, en que el perjuicio no solo afectará a una gran cantidad de acreedores, con créditos importantes, sino también a un alto número de trabajadores y proveedores, e incluso al sector de la economía en el que desenvolviera su actividad, ya que, junto a la conducta estrictamente típica del delito de estafa, aparecen otras actividades ajenas a la conducta delictiva, como contrataciones con terceros, o relaciones económicas o laborales, que por sus características resultan suficientemente relevantes. En esos casos, no es posible identificar íntegramente los bienes jurídicos protegidos por los delitos de estafa e insolvencia, por lo que no puede acudirse al art. 8 CP, sino que deben aplicarse las reglas que regulan el concurso de delitos.
2. En el caso, aunque pudiera haber sido posible, en la narración fáctica no se precisa de forma
suficiente una conducta, relacionada pero independiente de la que constituye el delito de estafa, que hubiera causado la situación económica de la compañía, dando lugar al delito de insolvencia, por lo que, cumpliéndose, como se ha dicho, con las exigencias típicas de este último, es necesario concluir que nos encontramos ante un supuesto de concurso ideal, en el que un solo hecho constituye dos o más delitos, que debe resolverse, desde la perspectiva punitiva y de acuerdo con el criterio mantenido en la sentencia impugnada, mediante la imposición de la pena prevista para la infracción más grave, en su mitad superior. Siendo ésta el delito de estafa, la pena quedaría comprendida entre 7 años, 6 meses y 1 día y 9 años de prisión y multa de 15 meses y 1 día a 18 meses, que resulta inferior a la que el Tribunal ha considerado procedente penando separadamente ambos delitos, como se desprende de la sentencia.
3. En cuanto a la concurrencia de la estafa y la insolvencia con el delito de falsedad de las cuentas, en la sentencia se señala que las inexactitudes de las cuentas anuales no aparecen necesariamente vinculadas al engaño escenificado frente a los clientes, "quienes no consultaban los estados de cuentas antes de confiar su dinero y controlar la inversión en filatelia, pues se fiaban por la imagen de solvencia y rigor empresarial de Afinsa".
Sin embargo, la valoración de la aportación de los acusados al formular las cuentas anuales en la forma en la que lo hacían, conduce a admitir que constituían un elemento esencial para que la actividad de AFINSA pudiera mantenerse en el tiempo, prolongando así su defraudación, ya que de no aparecer como una entidad solvente, o dicho de otra forma, de resultar de las cuentas anuales su situación de permanente y creciente insolvencia, no habría sido posible que continuara su actividad durante el tiempo en el que la llevó a cabo.
Por lo tanto, es posible apreciar un concurso medial, al entender que la falsedad de las cuentas era, en el caso, medio necesario para cometer el delito de estafa. Según la regulación del CP en la fecha de comisión de los hechos, la pena a imponer sería la del delito de mayor gravedad en su mitad superior.
En el caso, quedaría comprendida entre 8 años, 3 meses y 1 día y 9 años de prisión, así como multa de 16 meses y 16 días a 18 meses.
Según la redacción actual, se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos.
En consecuencia, el motivo se estima parcialmente».
Fallo de la segunda sentencia:
«1.º Condenamos a los acusados Albertino F.N., Juan Antonio C.C., Vicente M.P. y Carlos F.E., como autores, y al acusado Emilio B.L. como cooperador necesario, de un delito continuado de estafa agravada, en concurso ideal con un delito de insolvencia y ambos en concurso medial con un delito de falsedad de las cuentas anuales, con la atenuante de dilaciones indebidas, a las siguientes penas:
• Al acusado Albertino de F.N., a la pena de 8 años, 4 meses y 15 días de prisión y multa de 17 meses con cuota diaria de 200 euros.

• Al acusado Juan Antonio C.C., a la pena de 8 años y 7 meses de prisión y multa de 17 meses, con cuota diaria de 200 euros. • Al acusado Vicente M.P., a la pena de 8 años y 5 meses de prisión y 17 meses de multa, con cuota diaria de 200 euros. • Al acusado Carlos F.E., a la pena de 8 años y 6 meses de prisión y multa de 17 meses, con cuota diaria de 200 euros. • Y al acusado Emilio B.L. a la pena de 8 años y 4 meses de prisión y multa de 17 meses, con cuota diaria de 200 euros.
2.º Condenamos al acusado Francisco G.L. como autor de un delito de blanqueo de capitales a la pena de 2 años de prisión y multa de 17.772.124,66 euros.
3.º Absolvemos a Ramón E.U. como partícipe a título lucrativo.
4.º El límite del importe de la indemnización civil de la que responderá Ramón S.A. se determinará en ejecución de sentencia en la cantidad en que la filatelia vendida a AFINSA por el mismo fue adjudicada a los clientes, con el límite máximo de 235.704.101,50 euros.
5.º Establecemos el importe de la cantidad en la que debe resarcir a los perjudicados M.ª del Mar F.C. como partícipe a título lucrativo en 931.569 euros.
6.º Absolvemos como partícipes a título lucrativo a Rubén G.M. y a Natalia G.M. por las cantidades de 209.645,04 euros y 355.624,86 euros respectivamente, manteniendo su condena en el resto.
Se mantienen los demás pronunciamientos de la sentencia de instancia no afectados por el presente».
COMENTARIO FINAL
Estamos ante una sentencia compleja. No solo por su extensión sino por la transcendencia social del caso AFINSA que afectó a miles de ciudadanos los cuales, ciertamente, confiaron en unas inversiones filatélicas excesivamente rentables en el panorama financiero existente.
A pesar de ello, en el caso resuelto por la Sala 2.ª no se observa ninguna referencia al deber de autotutela en el delito de estafa. Quizás porque como recuerda —entre otras— la STS -2.ª718/2016, de 27 septiembre, que «La doctrina de la Sala sobre la configuración del engaño típico del delito de estafa señala que en su análisis ha de partirse de la base de que el tráfico mercantil ha de regirse por los principios de buena fe y confianza (STS 838/2012, de 23 de octubre). Por ello el marco de aplicación del deber de autoprotección debe ceñirse a aquellos casos en que consta una omisión patentemente negligente de las más mínimas normas de cuidado o porque supongan actuaciones claramente aventuradas y contrarias a la más mínima norma de diligencia».
Los afectados en el caso AFINSA confiaron más en una economía especulativa que productiva. Ese fue su pecado y en él va la penitencia, sin perjuicio de que justas han sido sus reclamaciones y también las condenas ante desaprensivos que juegan con los ahorros ajenos ofreciendo rentabilidades más que sospechosas de estar sustentadas en un negocio legal, como después se ha demostrado, en el que han emergido toda clase de delitos: delito de estafa, de insolvencia punible,

de falseamiento de las cuentas, blanqueo de capitales y delitos fiscales.
Como hemos indicado, la sentencia trata muchas cuestiones de interés en las que no podemos detenernos por razones de espacio. Se explica con meridiana claridad el entramado fraudulento mediante unas inversiones filatélicas cuyo único valor era el precio abonado por los clientes, sin trascendencia exterior en el mercado filatélico. En un circuito cerrado dentro de la propia AFINSA. La hipervaloración frente a los clientes de los sellos adquiridos por AFINSA a precios muy inferiores y, en definitiva, la estafa piramidal realizada. También, a efectos de la estafa, se afirma en la sentencia que tanto da que AFINSA fuera una entidad mercantil o una entidad financiera aunque bajo la apariencia de una entidad mercantil realizara actividades netamente financieras.
Pero lo que ha determinado la rebaja de la pena para cinco directivos ha sido la naturaleza del concurso apreciado por la Sala. Frente al concurso real de delitos estimado en la instancia, descartado en el concurso de normas postulado por las defensas, la Sala 2.ª reconoce que en determinados supuestos la estafa y la insolvencia puede estar en un concurso de normas, lo que absorbería la insolvencia en la estafa, pero en el caso presente en el que una importante entidad afecta no sólo al crédito personal de los inversores sino a las relaciones generadas por esa entidad en la economía, los bienes jurídicos del delito de estafa y el de insolvencia punible puede diferenciarse y sustentar la solución adoptada finalmente apreciando el concurso ideal entre estos delitos ex art. 77.1 CP y este en relación con el delito societario de falseamiento de cuentas en concurso medial de delitos del art. 77.3 CP/2015.
Es decir, estaríamos ante un doble concurso: ideal del art. 77.1 CP entre el delito de estafa e insolvencia punible y medial del art. 77.3 CP entre ese último concurso y el delito societario de falseamiento de cuentas.
De forma errónea se suele confundir estos dos tipos de concursos de delitos denominándolos comúnmente «concurso ideal de delitos» para distinguirlo del concurso real de delitos ex art. 73 CP pero siendo cierto que vienen regulados en el mismo precepto, el art. 77 CP, hay que distinguir estas dos modalidades de concurso, el ideal y el medial, frente al concurso real de delitos.
Y, desde luego, frente al concurso de leyes o de normas del art. 8 CP, emergiendo el criterio del bien jurídico protegido por las infracciones en concurso como el criterio diferenciador de uno u otro concurso, esto es, entre el de normas o leyes y el del delitos (real, ideal y medial).
Además, hay que tener en cuenta que estamos ante delitos continuados ex art. 74 CP, lo que implica que las penas deban imponerse en el tramo superior de la mitad superior de la pena correspondiente al delito más grave sin que dicha penalidad pueda superar la que hubiera correspondido de castigarse los delitos separadamente. Límite que vino a establecerse expresamente en la Ley de 3 enero 1908, ya que hasta entonces interpretando el CP 1870 de forma errónea los Tribunales imponían siempre la pena en el grado máximo sin este límite. Véase Circular Fiscalía 11 febrero 1908 (cfr. PUIG PEÑA, Federico, Derecho Penal, Tomo I. 2.ª edición, Barcelona, 1950, pág. 606).
Sobre la nueva regulación del concurso medial de delitos del art. 77.3 CP véase Circular FGE n.o 4/2015, de 13 julio, que se adelantó a la interpretación jurisprudencial que después acogieron las SSTS -2.ª- 863/2015, de 30 diciembre, 786/2016, de 20 octubre, 330/2016, de 20 abril y 891/2016, de 25 noviembre, esta última comentada por nosotros en este diario in memoriam de José Manuel Maza Martín.

sábado, 13 de enero de 2018

Absolución del delito de blanqueo: el contrabando de tabaco es una infracción administrativa no un delito



Absolución del delito de blanqueo: el contrabando de tabaco es una infracción administrativa no un delito
Manuel-Jesús DOLZ LAGO
Fiscal del Tribunal Supremo

LA LEY 9785/2017
Caso de las cajetillas de tabaco. Blanqueo de capitales. Condena en la instancia por el art. 301 CP/1995. Absolución en la casación. De ganancias procedentes de contrabando de tabaco. Hallazgo de dinero efectivo por importe superior a doscientos sesenta mil euros y detención del acusado cuando se encontraba descargando en un bar de su propiedad cajetillas de tabaco sin el correspondiente sello del Ministerio de Hacienda justificativo del pago de impuestos. Insuficiencia de los dos datos indiciarios e inferencia excesivamente abierta. Las previas actividades de contrabando constituyen infracción administrativa y no delito, de modo que no pueden servir como base del blanqueo. Alternativas plausibles al ahorro del dinero y no al origen delictivo del dinero.
IDENTIFICACIÓN
TS Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia n.o 456/2017, de 21 junio (LA LEY 84535/2017). Ponente: Jorge Barreiro, Alberto
RESUMEN DEL FALLO:
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estima el recurso de casación contra la sentencia de condena de la Audiencia Provincial de Málaga por delito de blanqueo de capitales y dicta segunda sentencia absolutoria.
DISPOSICIONES APLICADAS:
Art. 301 CP/1995 (LA LEY 3996/1995).
ANTECEDENTES DE HECHO
En el caso concreto enjuiciado, son hechos probados los siguientes:
«Apreciando en conciencia la prueba practicada, expresa y terminantemente se declaran probados los siguientes hechos: En la mañana del día 19 de febrero de 2013, agentes del cuerpo Nacional de policía pudieron observar que en el Bar D, situado de la ciudad de Málaga, el acusado H, junto con su hermano J y de A, estaban sacando cajas de tabaco del vehículo Peugeot modelo 306, ranchera, matrícula ....-KRY, propiedad del acusado y que estaba estacionado en la parte trasera del bar.
Los agentes efectuaron el registro del vehículo y encontraron 238 cajetillas de tabaco de diversas marcas. En el interior del bar, donde no había ninguna máquina expendedora de tabaco, hallaron, en un doble fondo de una mesa situada junto a la barra, otras 81 cajetillas de tabaco (40 cajetillas de tabaco marca Cherstelfield, 61 cajetillas tabaco Ducados, 30 cajetillas tabaco Winston, 112 cajetillas tabaco Ducal, 38 cajetillas tacaco American Legend, 26 cajetillas tabaco Elixir, 12 cajetillas tabaco Gold Classic). Carecían de los correspondientes sellos del ministerio de Sanidad.
En el cacheo efectuado a Hermenegildo se le ocupan cuatro teléfonos móviles, un agenda telefónica, una libreta donde constaban diversas anotaciones en la que figuran pedidos de tabaco, 2.355 en billetes y 152,80 euros en monedas. también se hallan tres juegos de llaves; dos de ellas en un llavero con el número NUM000 y otra con el número NUM001, correspondientes a unos trasteros de su propiedad que se encuentran en la zona de Carlos de Haya, donde dijo tener jaulas de pájaros, ofreciéndose voluntariamente a acompañar los agentes para que puedan comprobarlo.
Los agentes junto con el acusado, efectúan el registro de los citados trasteros situados en CALLE000 de esta ciudad, encontrando efectivamente jaulas con pájaros en el primer trastero, pero interviniendo en el trastero n.o NUM000 una bolsa conteniendo dinero (en total —junto con el ocupado en el cacheo— 264.100 euros).
El acusado era beneficiario, a la fecha de los hechos, de una pensión contributiva por desempleo con un importe mensual de 812,70 euros.
El acusado Hermenegildo ha sido detenido en numerosas ocasiones por este tipo de hechos delictivos; en concreto en diciembre de 1996, en diciembre de 1997, en julio de 2012, así como sancionado administrativamente por contrabando, las ultimas en fechas 18.12.2003 — por importes de 14.280 euros y 15.470 euros; 21.12.2005; — por importes de 9.559,40 euros; 8.048,75 euros; 8.803,32 euros; 17.821,21 euros y 17.354,22 euros, todas canceladas por créditos incobrables. Además constan al acusado dos condenas por delito de contrabando, una dictada por el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga en ejecutoria 313/1997 y otra dictada por el Juzgado de lo penal número 7 de Málaga en ejecutoria 374/1999».
DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO
La doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia, en el caso concreto se expresa en el FJ 2.º, que dice:
«1. En la sentencia recurrida se califican los hechos declarados probados como constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, y en concreto, como se acaba de reseñar en el fundamento anterior, en el párrafo primero del art. 301.1 del C. Penal (LA LEY 3996/1995) [redacción de LO 5/2010 (LA LEY 13038/2010)], precepto que dice así: (…)
En lo que respecta a la actividad delictiva previa de la que habría sido obtenido el dinero que le fue intervenido al acusado, se establece en la sentencia recurrida que procede del contrabando de las labores de tabaco, que aparece tipificado como delito en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre (LA LEY 4213/1995), de Represión del Contrabando, que ha sido reformada por la LO 6/2011, de 30 de junio (LA LEY 13824/2011), estableciéndose ahora en el art. 2, apartado 3 b), que es el aplicado por el Tribunal de instancia, lo siguiente:
"Cometen, asimismo, delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: b) Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15.000 euros."
Entre las conductas que se tipifican como contrabando en los referidos apartados se encuentra la realización de operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de géneros estancados o prohibidos.
Pues bien, a tenor de lo que ya se ha referido en el fundamento precedente, la impugnación de la parte recurrente se centra en alegar que no concurre prueba de cargo acreditativa de que el dinero que se le intervino al acusado (264.100 euros) proceda de la comisión de actos delictivos de contrabando.
2. La doctrina de esta Sala viene estableciendo que para la condena por un delito de "blanqueo" de capitales de procedencia ilegal —partiendo de la premisa de que no es precisa la condena previa del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo— la prueba indiciaria aparece como el medio más idóneo y, en la mayor parte de las ocasiones, único posible para tener por acreditada su comisión (SSTS de 4 de julio de 2006 (LA LEY 70369/2006) y de 1 de febrero de 2007 (LA LEY 1534/2007)), designándose como indicios más habituales en esta clase de infracciones los que se exponen a continuación [SSTS 801/2010, de 23-9 (LA LEY 165767/2010); 345/2014, de 24-4 (LA LEY 64260/2014); 220/2015, de 9-4 (LA LEY 64945/2015); y 247/2015, de 28-4 (LA LEY 53129/2015), entre otras]:
a) La importancia de la cantidad del dinero blanqueado.
b) La vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas.
c) Lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto.
d) La naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico.
e) La inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones.
f) La debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales.
g) La existencia de sociedades "pantalla" o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas.
3. Al trasladar al caso que se juzga los datos indiciarios que se acaban de reseñar, es patente que no se está ante un supuesto en que conste acreditado que el dinero intervenido al acusado proceda de la actividad delictiva de contrabando que se le atribuye en la sentencia rebatida.
Nuestra función de control de la valoración de la prueba indiciaria analizada en la instancia, dentro del ámbito propio del derecho a la presunción de inocencia, debe circunscribirse, tal como ya se ha explicitado en otras resoluciones de esta Sala, a supervisar la estructura racional del discurso plasmado por el Tribunal sentenciador, cuestionando aquellas argumentaciones que resulten ilógicas, irracionales, o, en definitiva, arbitrarias [SSTS 960/2009, de 16-10 (LA LEY 200591/2009); 1104/2010, de 29-11 (LA LEY 231784/2010); 749/2011 (LA LEY 119818/2011), de 22-6; 813/2012, de 17-10 (LA LEY 162474/2012) (LA LEY 162474/2012); 62/2013, de 29-1 (LA LEY 3253/2013) (LA LEY 3253/2013); 617/2013 ( (LA LEY 110081/2013), de 3-7; y 762/2013, de 14-10 (LA LEY 164138/2013) (LA LEY 164138/2013)].
Al mismo tiempo es importante reseñar que ese control de la prueba en casación ha de extenderse a los distintos elementos probatorios, tanto desde una perspectiva individualizada de los medios de prueba como también atendiendo al conjunto del cuadro probatorio en el que se integran los elementos de convicción. De modo que si se aprecian fisuras en la verificación racional de los hechos que permitan aflorar dudas razonables sobre la certeza del contenido de las imputaciones fácticas, debe primar o prevalecer la presunción de inocencia del acusado. Pues ha de tenerse siempre muy en consideración que el grado de la duda y su razonabilidad no se configura mediante razonamientos subjetivos basados en una opinión singular o particular del Tribunal, sino atendiendo a baremos intersubjetivos que se ajusten a pautas de objetividad controlables socialmente.
En el caso examinado el Tribunal sentenciador, tal como se ha anticipado en el fundamento precedente de esta sentencia, recoge dos clases de indicios referentes a que los 264.100 euros que se le ocuparon al acusado proceden de la actividad delictiva del contrabando.
El primer apartado de indicios se refiere a los ingresos del acusado, que según se recoge en el informe económico confeccionado por la Unidad de Vigilancia Aduanera de Málaga, no rebasa los 18.000 euros de ingresos anuales, cifra que no permitiría el ahorro de la suma de dinero que se le intervino.
Frente a ello, ya se ha advertido que el recurrente alega que tiene una cuadrilla de trabajadores extranjeros a su mando con la que realiza labores de escayolista en el ámbito de la economía sumergida, actividad que no la tiene aflorada ni declarada ante la Hacienda Pública.
Su alegación no puede considerarse descabellada ni tampoco como un supuesto fáctico extravagante ni anómalo, a tenor de la economía sumergida que arrojan los datos estadísticos oficiales, máxime en un ámbito tan poco controlado como el de la construcción.
Y en lo que respecta al segundo capítulo indiciario que se reseña en la sentencia cuestionada, se centra en los antecedentes sancionadores que le constan al acusado por infracciones de contrabando, tanto las subsumibles en el ámbito penal como en el administrativo. En este apartado cita la Audiencia dos sentencias penales condenatorias correspondientes a los años 1997 y 1999, y un total de 7 sanciones administrativas: dos correspondientes al año 2003 y otras cinco al año 2005.
En lo que concierne a las dos condenas penales, al remontarse a los años 1997 y 1999 se trata de dos datos que se distancian tanto en el tiempo con respecto a los hechos enjuiciados, que difícilmente puede afirmarse que albergan una capacidad explicativa y una fuerza indiciaria que posibilite considerarlos como indicios sólidos y consistentes para formular inferencias incriminatorias sobre hechos perpetrados a partir del año 2010.
Y en la misma dirección hemos de pronunciarnos con respecto a las sanciones administrativas por infracciones de contrabando, pues no resulta factible operar con ellas como indicios incriminatorios, sino más bien exculpatorios, toda vez que para que se tipifique una conducta como delito de blanqueo el dinero tiene que proceder de una actividad delictiva, no meramente ilícita en un ámbito ajeno al penal. Siendo así, la habitualidad con que el acusado incurre en infracciones administrativas permite inferir que el dinero procedería más bien de ilicitudes de contrabando ajenas al ámbito penal que de actividades estrictamente delictivas, que son las que exige el tipo del art. 301 para que pueda aplicarse la norma penal.
Los indicios incriminatorios con que operó la Audiencia albergan una fuerza y un potencial explicativo muy precarios
En consecuencia, es patente que los indicios incriminatorios con que operó la Audiencia albergan una fuerza y un potencial explicativo muy precarios, a tenor del grado de conclusividad del razonamiento inferencial que unen los hechos indiciarios con el hecho indiciable o hecho consecuencia que integra la hipótesis de la acusación pública. La inferencia que hace la Sala de instancia debe ser calificada por tanto de inconsistente, débil o excesivamente abierta o imprecisa, vistos los hechos indiciarios que aporta y el grado de certeza que permiten obtener sobre la procedencia delictiva del dinero intervenido al acusado. Quedan pues notablemente abiertas otras hipótesis alternativas favorables a la tesis exculpatoria de la defensa.
Aquí, por tanto, los argumentos con que opera la parte recurrente generan una duda que en modo alguno puede decirse que sea irrazonable, habida cuenta que su grado de razonabilidad iguala, o más bien supera, al de la argumentación de la acusación, quedando así sustancialmente debilitado el grado probabilístico del juicio de inferencia que presentan los indicios establecidos por el Tribunal de instancia. Es más, la escasa fuerza verificadora que presentan los indicios incriminatorios que sustentan la condena convierte en secundarias o accesorias las alegaciones de la defensa, dada la indeterminación e incertidumbre fáctica que se desprende del bagaje probatorio de cargo en lo referente al hecho de la procedencia del dinero de una actividad punible. Pues el margen de duda que dejan abierto los propios datos incriminatorios convierte en imprecisas y excesivamente abiertas o débiles las inferencias que hace la Sala de instancia, lo que permite hablar de la existencia de una duda razonable que desvirtúa la hipótesis acusatoria.
En consecuencia, no puede considerarse enervada la presunción de inocencia del acusado. Ello significa que debe estimarse el recurso y ser absuelto en la segunda sentencia, con declaración de oficio de las costas de esta instancia [art. 901 LECr (LA LEY 1/1882)]».
COMENTARIO FINAL
Sobre el delito de blanqueo de capitales, desde la primera sentencia de la Sala 2.ª s/n de fecha 4 septiembre 1991 (LA LEY 1034-JF/0000) (Martínez-Pereda-BD La Ley 1034-JF/0000), s.e.u.o. hasta esta última se han dictado doscientas veintiocho resoluciones, en las que la jurisprudencia ha ido perfilando su interpretación, según el marco normativo existente (art. 546 bis f) introducido por el art. 4 LO 1/1988 (LA LEY 560/1988) en CP/1973; arts. 344 bis h (LA LEY 1247/1973) a 344 bis j (LA LEY 1247/1973)introducido por el art. 3 LO 8/1992 (LA LEY 3588/1992) en CP/1973; arts. 301 a (LA LEY 3996/1995) 304 CP/1995 (LA LEY 3996/1995); arts. 301.1 (LA LEY 3996/1995) y 5 (LA LEY 3996/1995)y 302 CP/1995 (LA LEY 3996/1995) modificados por LO 15/2003 (LA LEY 1767/2003) y, por último, arts. 301.1 y 302.1 CP/1995 (LA LEY 3996/1995)modificados por LO 5/2010 (LA LEY 13038/2010)).
Sobre todo, la jurisprudencia se ha esforzado en materia probatoria para sentar las bases interpretativas de los indicios incriminatorios en uno de los delitos más opacos del CP, dado que, valgan las expresiones coloquiales, estamos ante operaciones realizadas con dinero negro, precisamente, para blanquearlo.
En nuestro estudio «Síntesis jurisprudencial reciente (2014-2016) sobre el delito de blanqueo de capitales: tendencias», publicado en el Diario LA LEY n.o 8773, de 1 junio 2016, aportábamos un pequeño dossier de las últimas resoluciones judiciales de la Sala 2.ª sobre este delito en esos dos años, revelando un aumento de las sentencias absolutorias.
Así, decíamos que «De cuarenta y cinco sentencias dictadas por el Supremo desde el año 2014 a principios del 2016, once han sido absolutorias, total o parcialmente, es decir, el 24,4%. Algo que contrasta con el 90% de sentencias confirmatorias de condenas a que se refería ZARAGOZA, en su comentario al art. 301 CP (LA LEY 3996/1995) en el año 2010 [GÓMEZ NIETO (Director) Comentarios al Código Penal, Lex Nova, 2010]. Por sólo citar a partir del año 2014, véanse SSTS -2.ª- 182/2014 (LA LEY 27860/2014)(Monterde), 615/2014 (LA LEY 138511/2014) (Andrés), 653/2014 (LA LEY 149414/2014) (Martínez Arrieta), 659/2014 (LA LEY 143784/2014)(Andrés), 408/2015 (LA LEY 102963/2015) (Del Moral), 515/2015 (LA LEY 126063/2015)(Varela), 535/2015 (LA LEY 145567/2015) (Varela), 690/2015 (LA LEY 169517/2015) (Varela), 238/2016 (LA LEY 25462/2016)(Palomo), 257/2016 (LA LEY 24091/2016)(Jorge Barreiro) y 317/2016 (LA LEY 28119/2016)(Jorge Barreiro)».
Si arrancamos desde 1991, de las doscientas veintiocho sentencias dictadas por la Sala 2.ª sobre este delito, s.e.u.o. cincuenta y ocho han sido absolutorias (25,4% del total), bien total o parcialmente, lo que sitúa un porcentaje de condenatorias en un 75 %. ¿Es bueno o malo este porcentaje?
Siempre he pensado que para la acusación, en este tipo de delitos para la acusación pública representada por el MF, la no correspondencia entre sus pretensiones y las sentencias obliga a un estudio crítico bien de la posición de la acusación bien de la sentencia para detectar por qué causas se producen estas discordancias, con objeto de remediarlas. En la casación penal, lo que ocurre es que si bien es posible remediar la posición de la Fiscalía, no interponiendo un recurso preparado por la Fiscalía de la instancia o apoyando el de los condenados recurrentes, se me antoja que resulta harto difícil remediar los errores de las sentencias del Supremo, que nunca han sido cuestionadas por el MF, el cual ha mantenido y mantiene una posición excesivamente tolerante sobre este particular, a pesar de que existen medios de impugnación sobre las mismas que hasta la fecha son absolutamente inexplorados por la Fiscalía.
Por otra parte, las absoluciones se han dado por diferentes motivos. Entre ellos la apreciación o no de tipos agravados como los de organización criminal, la inexistencia de prueba de cargo suficiente sobre el elemento subjetivo del delito en punto al conocimiento del origen delictivo del dinero o la polémica interpretación sobre el autoencubrimiento impune hasta la reforma penal del 2010, que zanjó esta polémica.
A este reguero de sentencias absolutorias se suma la comentada, que justifica como alternativa plausible al razonamiento incriminatorio realizado por el Tribunal de instancia, el que el recurrente alegara sin prueba alguna el que se dedicaba a trabajos que la Sala califica como chapuzas en la construcción, a pesar de que constaba prueba de estar en posesión de 264.100 euros en metálico, haber comprado una vivienda y un vehículo, ser un desempleado con una pensión contributiva de 812,70 euros mensuales, con una renta de supervivencia desde 2004 no justificativa de la obtención de ahorros, tener una familia con cuatro hijos que mantener (solo uno trabaja), de sus anteriores condenas por delitos de contrabando, ciertamente un poco lejanas pero existentes, y de su actividad de contrabandista de tabaco, con numerosas sanciones administrativas.
Me ha llamado la atención que se hable de chapuzas para sembrar una duda razonable que permita en este caso la absolución cuando la Sala 2.ª TS descartó que las chapuzas puedan permitir ese fin.
Así, la STS -2.ª- 233/2005, de 24 febrero (Rec. 2575/2003 (LA LEY 11808/2005). Puerta-BD La Ley 11808/2005), no citada en la sentencia comentada, ya había dicho en su FJ 2.º lo siguiente: «La carencia de ingresos y medios de vida que le hubieran permitido alcanzar el referido incremento patrimonial es, igualmente, evidente. La escasa entidad de los ingresos acreditados y la procedencia de los restantes de diferentes "chapuzas" ("obra o labor de poca importancia", según el Diccionario de la Real Academia), justifican sobradamente la concurrencia de este indicio».
Como ve el lector, entre chapuzas anda el juego.