domingo, 17 de septiembre de 2017

Semana de Blas de Otero

Comienza la nueva temporada y tenemos varios actos en homenaje a Blas de Otero:

El martes 17 de octubre a las siete de la tarde en Madrid, concretamente en el Salón de Plenos de la Junta Municipal de Retiro. La entrada es por la plaza Daoiz y Velarde.

Al día siguiente, miércoles 18 de octubre a las siete de la tarde, en el CBA de Irún, en un acto organizado por la Agrupación Republicana "Nicolás Guerendain"

Y el viernes 20 de octubre volvemos a Madrid. En este caso, el acto tendrá lugar a las siete de la tarde en el Centro Cultural Príncipes de Asturias del distrito de Ciudad Lineal. 
      
Los actos consisten en una charla, acompañada de un recital de sus poemas más significativos, un power point con imágenes de su vida , canciones de Paco Ibáñez y la presentación de mi libro EL MADRID DE BLAS DE OTERO.




Los beneficios de la venta del libro se destinan al proyecto LIBRO SOLIDARIO .

Quienes no puedan asistir y deseen colaborar en esta labor social,  pueden adquirir el libro en su librería habitual indicando el título, el nombre del autor y que lo distribuyen Elkar y Santos Ochoa.

Además, en el País Vasco y Navarra en las librerías del grupo Elkar

En Pamplona, en  Auzolan, Katakrak, Troas


En San Sebastián, en Lagun y Hontza

En Logroño, en Santos Ochoa y Cerezo

En Soria, Santos Ochoa



Y por internet:

https://www.elkar.eus/es/liburu_fitxa/madrid-de-blas-de-otero-el/alvaro-ocariz-jose-andres/9788493664336

 http://www.santosochoa.es/el-madrid-de-blas-de-otero-9788493664336.html

lunes, 11 de septiembre de 2017

Los delitos contra la Seguridad Social: perspectivas jurisprudenciales

Manuel-Jesús DOLZ LAGO
Fiscal del Tribunal Supremo
Resumen
En el presente estudio se expone la jurisprudencia de la Sala 2.ª TS interpretativa de los delitos contra la Seguridad Social, desde su incorporación en el CP mediante Ley Orgánica 10/1995 hasta nuestros
días, tras la importante reforma operada por la Ley Orgánica 7/2012. El análisis enmarca este delito en el Derecho Penal del Trabajo y resalta su escasa recepción jurisprudencial en el Tribunal Supremo.
A mi querido maestro y amigo, José Ignacio García Ninet, que me enseñó con su ejemplo lo que
Séneca decía a Lucilio, «Vivere, mi Lucilio, militare est» («Vivir, querido Lucilio, significa luchar»)
(Cartas a Lucilio, 96, 5) (1)

I. Introducción: los delitos contra la Seguridad Social y la escasa recepción
jurisprudencial del Derecho Penal del Trabajo

Después de más de setenta años de la incorporación al CP de 1944 del primer tipo delictivo
relacionado con lo que se ha dado en llamar «Derecho Penal del Trabajo» (2) , que fue el art. 423
de aquél Código que castigaba «a los que por infracciones reiteradas y probadamente dolosas de
las leyes de trabajo ocasionen quebranto grave en la salud de los obreros y en la producción en
general», puede decirse que el balance jurisprudencial de esta materia ha sido escaso (3) .
En efecto, confirmándose los pronósticos de algunos autores que se referían a la función simbólica
de estos tipos penales (4) , no han sido muchos los pronunciamientos jurisprudenciales sobre los
antecedentes legislativos (5) de los actuales tipos penales relativos a los delitos contra los
derechos de los trabajadores, que constituyen el Título XV del Libro II del CP de 1995, abarcando
los arts. 311 a 318, así como los delitos contra la seguridad social de los arts. 307, 307 bis y 307
ter y del llamado acoso laboral o «mobbing» del art. 173.1 del actual CP/2015.
El presente estudio tiene por objeto hacer un balance de toda la jurisprudencia del Tribunal
Supremo sobre los delitos contra la Seguridad Social a partir de las modificaciones del CP en la que
se articulan los delitos de fraude a la Seguridad social mediante las Leyes Orgánica 6/1995, de 29
junio (art. 349 bis), 10/1995, de 23 de noviembre, (art. 307 CP/1995) y Ley Orgánica 7/2012, de
27 de diciembre (arts. 307, 307 bis y 307 ter CP/2012) que supone la última reforma penal sobre
estos delitos (6) .
Hablamos de delitos contra la Seguridad Social para comprender los que afectan tanto a los
ingresos o recaudación (art. 307 —tipo básico— y 307 bis —tipo agravado— CP/2012) como los
relativos al gasto o prestaciones (art. 307 ter CP/2012).
P a r a e l l o , a b o r d a r e m o s e l e s t u d i o e n f u n c i ó n a l t i p o p e n a l c o n c r e t o r e s u m i e n d o l o s
pronunciamientos de la Sala Segunda del Tribunal Suprem (7) existentes en estos desde su
incorporación en 1995 a nuestros días, lo que descarta un estudio dogmático del precepto, ya que
sólo nos referiremos a aquello que ha sido objeto de la Jurisprudencia emitida, que, como se sabe,
está en función al caso concreto más que a otro tipo de exigencias que obligarían a un estudio más
completo de la materia.
Salvo error u omisión, se constata que la jurisprudencia del Supremo ha sido
muy escasa para estos delitos, ya que sólo se han dictado una veintena de
sentencias desde el año 1997 al 2015, las cuales vienen relacionadas y
detalladas en el apartado sobre la Jurisprudencia de este análisis.
Esta jurisprudencia de casos limita el estudio de los tipos delictivos sólo a los
que han sido objeto del recurso de casación penal, sin perjuicio de algunas
consideraciones generales como el bien jurídico protegido (8) .
Dicho lo anterior, es necesario destacar que en cuanto a los delitos contra la
Seguridad Social, el Derecho Penal del Trabajo se inserta en lo que se ha
denominado política criminal de la recaudación en el contexto del llamado
Derecho Penal de la tercera vía (penas, medidas de seguridad y reparación), por
lo que se convierte más en un instrumento recaudatorio que tuitivo de los derechos de los
trabajadores, con independencia de que somos conscientes que sin recaudación de ingresos no es
posible hacer frente a los gastos que suponen las prestaciones a favor de los derechos de la
seguridad social de los trabajadores.
A raíz de la reforma de este delito operada en el CP mediante la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de
diciembre, en el año 2014 publicamos un estudio sobre el mismo (9) , en el que hacíamos algunas
reflexiones que nos gustaría recordar ahora, si bien las actualizamos a la reforma penal operada
por L.O. 1/2015, de 30 marzo y procesal de la Ley 41/2015, de 5 octubre.
En esencia, la doctrina ha explicado las modificaciones de los delitos contra la Seguridad Social
(10) , en los arts. 307, 307 bis y 307 ter CP, justificando la lucha contra el fraude a la Seguridad
Social en el actual contexto económico, como también refleja la Exposición de Motivos de la Ley
Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre (11) , debido al incremento de estos delitos y a su tendencia
alcista, repercutiendo negativamente en el patrimonio de la Seguridad Social, al v e r s e
fraudulentamente reducidos sus ingresos (cuotas) y aumentado sus gastos (prestaciones).
Las modificaciones se concretan en una nueva redacción del tipo básico del art. 307 CP y la
incorporación de un nuevo subtipo agravado en el art. 307 bis CP así como el nuevo delito de
defraudación en las prestaciones del Sistema de Seguridad Social en el art. 307 ter CP.
Resumiremos las mismas, destacando que los arts. 307 y 307 bis CP protegen la faceta del ingreso
mientras que el art. 307 ter CP se refiere al gasto (12) .
a) Nueva redacción del tipo básico del art. 307 CP (13) .
La Exposición de Motivos de la Ley justifica la reforma en estos términos:
«IV. En cuanto a los delitos contra la Seguridad Social, se reforma el art. 307 del Código
Penal a los efectos de reducir a cincuenta mil euros la cuantía que establece el tipo delictivo
como condición objetiva de punibilidad. La fijación del límite debe hacerse conforme a
criterios económicos, políticos y sociales. La realidad social y económica actual pone de
relieve la necesidad de actuar, con mayor contundencia, frente a las conductas
presuntamente delictivas y tramas organizadas que ponen en peligro la sostenibilidad
financiera del Sistema de la Seguridad Social. La reducción de la cuantía del tipo delictivo
permite que sean objeto de punibilidad penal hechos que actualmente sólo son sancionables
administrativamente y que son objeto de un contundente reproche social en momentos de
especial dificultad económica en el ámbito empresarial como los actuales.
En la práctica se dan supuestos en los que se interpreta que no existe delito contra la
Seguridad Social por el mero hecho de que se hayan presentado los documentos de
cotización, sin entrar a valorar si son veraces y completos. También es frecuente que en los
supuestos de defraudación en los que intervienen personas interpuestas, precisamente, la
presentación de documentos de cotización aparentemente correctos forma parte del
engaño. Por ello, se ha añadido un último inciso para aclarar que la mera presentación de
los documentos de cotización no excluye la defraudación si ésta queda acreditada por otros
hechos. El inciso no supone modificación conceptual alguna, sino que trata de fijar la
interpretación auténtica de la norma.
El inciso se ha incluido también en el art. 305 referido al delito contra la Hacienda Pública
para evitar que su ausencia pudiera interpretarse en el sentido de que la mera presentación
de declaraciones o autoliquidaciones excluye en todo caso la defraudación.»
Al margen de otras cuestiones que representa la nueva redacción del art. 307 CP, como las de la
presentación de documentos, regularización, aspectos administrativos o falta de prejudicialidad
penal, queremos centrarnos en la modificación de la cuantía a cantidad superior a 50.000 euros
frente a los anteriores 120.000 euros, como exponente de la quiebra del principio de igualdad en
el trato penal de los infractores que cometen estos delitos frente a los delitos fiscales, no porque
dicha cuota nos parezca excesiva sino porque su reducción es discriminatoria si no se reduce en la
misma cuantía la del delito fiscal, que permanece en 120.000 euros.
Por otra parte, en el delito contra la Seguridad Social, el art. 307.2 CP señala que «A los efectos de
determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior se estará al importe total defraudado
durante cuatro años naturales», lo que ha sido interpretado por la doctrina con que basta que se
llegue a esa cantidad en los cuatro años naturales, mientras que para el delito fiscal, el art. 305.2
CP fija la cuantía, según la modalidad del tributo, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones,
periódicos o de declaración periódica, si estos son inferiores a doce meses, al año natural o desde
que se llegue a esa cantidad, si se trata de una organización, grupo criminal o entidades de
actividad ficticia; en los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los
distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.
Nos explicamos.
Con anterioridad a la reforma de 2012, el art. 307 CP tenía la misma cuantía de 120.000 euros
que el delito fiscal del art. 305 CP, a partir de la cual estábamos en presencia de una conducta
delictiva para diferenciarla de la simple infracción administrativa. La cuantía pertenece al tipo
objetivo como condición objetiva de punibilidad y sin que concurra la misma la conducta es atípica
penalmente (14) .
Ambos delitos, tanto el fiscal como el relativo a la Seguridad Social, se configuran como
defraudaciones, es decir, que no basta el mero impago sino que es necesario eludir el pago
mediante una maniobra fraudulenta (cfr. STS -2.ª- 1333/2004, de 19 noviembre, para el delito
contra la Seguridad Social) (15) .
Como destaca la doctrina, el objeto jurídico de la tutela penal no es otro que la función
recaudatoria necesaria para integrar el patrimonio de la Seguridad Social con objeto de posibilitar
el cumplimiento de sus funciones institucionales (cfr. STS -2.ª- 18 noviembre 1997) (16) . Es decir,
estamos ante lo que también se ha llamado política criminal de la recaudación (17) , que abarca
tanto al delito fiscal como al de la Seguridad Social.
Es notorio que si se rebaja la cantidad a partir de la cual se considera delito se incrementará la
función recaudatoria por el efecto de prevención general del Derecho Penal (18) , que parece más
adecuado y disuasorio frente al posible infractor con la amenaza de la pena, sobre todo si es
privativa de libertad, que la mera sanción administrativa, al margen de la aflicción que en si misma
produce el proceso penal bastante más hiriente que el administrativo y mucho más en caso de que
los medios de comunicación se hagan eco del proceso.
Ahora bien, si esto es incuestionable, ¿por qué se rebaja la cuantía en el delito contra la Seguridad
Social a cantidad superior a 50.000 euros y se mantiene en más de 120.000 euros en el delito
fiscal?
¿No se incrementaría acaso también la recaudación de los tributos si la cantidad a partir de la cual
la conducta sería delito fuera más de 50.000 euros y no más de 120.000 euros?
En pura lógica, las respuesta a la última pregunta tiene que ser positiva, mientras que a la otra
pregunta, sinceramente, no tenemos respuesta racional, salvo que al margen del interés
recaudatorio lo que exista es la evidencia de una quiebra notable del principio de igualdad de trato
entre los defraudadores fiscales y los defraudadores a la Seguridad Social.
La pena por el tipo básico del delito de defraudación a la Seguridad Social es la
misma que por el tipo básico del delito fiscal, es decir, de uno a cinco años de
prisión y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada, con la diferencia
en que en el primero la cuantía tiene que ser superior a 50.000 euros y en el
segundo, superior a 120.000 euros.
Cuando se supera esta cuantía en el delito contra la Seguridad Social, ya
estamos en un tipo agravado, cual es el contemplado en el art. 307 bis CP, con
penas de dos hasta seis años de prisión y multa del doble al séxtuplo de la
cuantía.
Esto es, que si se defrauda una cantidad de más de 120.000 euros ante la
Hacienda Pública sólo estaremos ante un tipo básico con una pena de uno a
cinco años de prisión y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada
pero si la defraudación de esta cantidad lo es ante la Seguridad Social estaremos frente al tipo
agravado con una pena mayor, cual es de dos a seis años de prisión y multa del doble al séxtuplo
de la cuantía. Lo que supone un evidente privilegio para los defraudadores fiscales.
Obsérvese que si lo que se pretende es luchar contra el fraude ante la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, postulamos que el delito fiscal debería seguir la senda del delito contra la
Seguridad Social y castigar las conductas cuya defraudación supere los 50.000 euros y no lo
contrario, es decir, volver a subir estas cantidades a más de 120.000 euros en el delito de
defraudación de la Seguridad Social.
De lo contrario, sólo acusamos esta discriminación y no le encontramos explicación plausible, ni
por el bien jurídico protegido ni por las razones de política criminal recaudatoria (19) .
b) Nuevo subtipo agravado del art. 307 bis CP (20) .
La Exposición de Motivos, sobre este nuevo subtipo agravado, dice:
«Se introduce, igualmente, un nuevo tipo agravado en supuestos de conductas
especialmente graves por la cuantía eludida u otras circunstancias concurrentes de especial
entidad, como la utilización de sociedades o personas interpuestas para ocultar los
verdaderos responsables del pago de las cuotas de Seguridad Social, y que justifican un
mayor reproche penal. La agravación de la pena lleva aparejada la ampliación del periodo
de prescripción del delito, fundamental en estos casos por su complejidad de difícil y tardía
detección, y que con la ampliación de la pena máxima a seis años de prisión, uno más al
actualmente vigente, amplía el plazo de prescripción a diez años.
Tanto para el tipo ordinario como para el agravado se ha considerado procedente recoger
de modo expreso la imposición al responsable de las penas accesorias de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los
beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, cuya duración variará en atención a
la gravedad del tipo.
De forma paralela al delito contra la Hacienda Pública, se configura la regularización de la
situación ante la Seguridad Social como el reverso del delito que neutraliza completamente
el desvalor de la conducta y el desvalor del resultado, de modo que hace desaparecer el
carácter delictivo del inicial incumplimiento de la obligación con la Seguridad Social.»
Sobre este subtipo agravado, en relación con la cuantía al establecerse en cantidades superiores a
120.000 euros, lo que antes integraba el tipo básico, también se produce una quiebra del principio
de igualdad de trato con los defraudadores fiscales, ya que la pena se dispara de dos hasta seis
años de prisión y multa del doble al séxtuplo de la cuantía mientras que el delito fiscal del art.
305.1 CP para la misma cuantía tiene una pena de prisión de uno a cinco años y la multa abarca
del tanto al séxtuplo.
c) Nuevo delito de defraudación en las prestaciones del sistema de Seguridad Social del art. 307
ter CP (21) .
Sobre este nuevo delito, señala la Exposición de Motivos:
«El art. 307 ter, en el tratamiento específico que realiza de estas conductas fraudulentas,
viene también a facilitar la persecución de las nuevas tramas organizadas de fraude contra
la Seguridad Social que, mediante la creación de empresas ficticias, tienen por único fin la
obtención de prestaciones del Sistema con la consiguiente agravación de la pena.»
Es conveniente resaltar que se castiga la defraudación en la faceta del gasto con motivo de las
prestaciones, aspecto legítimo porque el fraude en el gasto es tan nocivo como el que se produce
en el ingreso y ambos perjudican gravemente el presupuesto de la Seguridad Social y su
patrimonio para hacer frente a las contingencias de los trabajadores.
Ahora bien, llama la atención, como reflejo de lo que venimos sosteniendo en este trabajo en
cuanto a la quiebra del principio de igualdad en el trato penal de estas conductas delictivas en
relación con otras similares, el que no se haya fijado en el tipo básico una cuantía mínima del
fraude a partir de la cual se castigue la conducta penalmente, infringiéndose también el tan
cacareado principio de intervención mínima del Derecho Penal (22) . Para el tipo agravado el
fraude tiene que superar los 50.000 euros ex art. 307 ter.2 CP.
En efecto, como ya ha resaltado un sector de la doctrina (23) , habrá que ser prudentes en la
interpretación de este precepto porque al no fijarse una cuantía mínima a partir de la cual la
conducta es penal ello supone que aunque se defraude un céntimo estaremos en una conducta
penalmente perseguible en concepto de delito, lo que no deja de sorprender frente a otras
infracciones penales de carácter patrimonial en las que no sólo se fijan cuantías mínimas que
permitan la persecución penal sino que se gradúa ésta en función a las mismas para que las
conductas sean consideradas delitos o faltas.
Se evidencia que con este delito se penaliza especialmente a los trabajadores (24) , los cuales son
sus sujetos activos entre otros, frente a la benevolencia que se tiene ante los sujetos activos de los
fraudes fiscales, en su vertiente del gasto, los cuales no pueden perseguirse penalmente si la
defraudación no supera los 120.000 euros ex art. 308 CP, tras la última redacción dada por Ley
Orgánica 7/2012, de 27 diciembre, dado que con anterioridad la cuantía se fijaba en 80.000 euros.
Somos conscientes que situar el umbral de la persecución penal en el ámbito de las defraudaciones
prestacionales en 120.000 euros resultaría excesivo y facilitaría el fraude. Ahora bien, no fijar una
cuota mínima, si quiera de 400 euros, que distingue entre el delito y las faltas (véase arts. 623-
625 CP), antes de la reforma penal operada por L.O. 1/2015, hoy delito leve (art. 234.2 CP) en las
infracciones patrimoniales, de forma que también fueran delito leve estas defraudaciones a la
Seguridad Social si no exceden de 400 euros, es un verdadero exponente de la quiebra del
principio de igualdad de trato que venimos tratando en este análisis (25) .
Es cierto, que el art. 307 ter en su segundo párrafo dice: «Cuando los hechos, a la vista del
importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no
revistan especial gravedad, serán castigados con una pena de multa del tanto al séxtuplo», pero
dejar a la discrecionalidad judicial esta cuestión nos parece abrir la puerta a posibles
arbitrariedades interpretativas.
Téngase en cuenta que por la penalidad establecida en el tipo (pena no superior a tres años de
prisión), en la época de la jurisprudencia recogida anterior a la reforma de la LECrim en materia de
casación penal mediante Ley 41/2015, de 5 octubre, difícilmente se podía unificar la jurisprudencia
menor a través el recurso de casación penal ante la Sala 2.ª del TS salvo que llegue al TS el
supuesto agravado del n.o 2 del art. 307 ter (pena de prisión hasta seis años), lo cual no resulta
operativo a estos efectos dado que la defraudación tiene que superar los 50.000 euros o algún
delito susceptible de recurso de casación que lleve aparejado un delito de defraudación a la
Seguridad Social de cuantía inferior a 50.000 euros, en calidad de delito conexo (26) .
II. El nacimiento del delito contra la Seguridad Social
En e l a ñ o 1995, en mi estudio «El nuevo delito contra la Seguridad Social: primera
aproximación» (27) , al que nos remitimos en aras a la brevedad expositiva, sostenía que este
nuevo delito incorporado al CP mediante LO 6/1995, de 29 junio a través del art. 349 bis precisaba
de una jurisprudencia interpretativa.
No obstante, tras hacer una pequeña referencia a sus antecedentes históricos vinculados a los
grandes fraudes a la Seguridad Social que se detectaron en aquellas fechas (28) , hacíamos
observaciones sobre el bien jurídico protegido (patrimonio de la Seguridad Social en su faceta de
solidaridad social), conducta típica (que no precisaba engaño), aspectos sobre la regularización
(siempre voluntaria y anterior a las actuaciones oficiales), determinación de la cuota defraudada y
examinábamos los tipos básico y agravado.
En aquella fecha, se destacaba que sólo estaba comprendido el fraude al ingreso, es decir, en las
cotizaciones pero no al gasto, a las prestaciones, postulando que se incluyera también el mismo
como posteriormente así ocurrió mediante Ley Orgánica 7/2012 en el art. 307 ter CP. Mientras se
producía esta modificación legislativa el fraude a las prestaciones se reconducía al delito de fraude
a subvenciones públicas del art. 308 CP/95 si se trataba del desempleo (v.gr. Acuerdo plenario
Sala 2.ª TS de 15 febrero 2002 y STS -2.ª- 2052/2002, de 11 diciembre —Martín Pallín—) o al
delito de estafa, si lo era a las pensiones de jubilación, como recuerda la STS -2.ª- 42/2015, de 28
enero.
En el epígrafe siguiente veremos la jurisprudencia interpretativa de este nuevo delito al que nos
referíamos en el año 1995, para concretar los aspectos más significativos sobre los que la
jurisprudencia se ha pronunciado.
III. Jurisprudencia interpretativa: Años 1997 a 2015
Con carácter previo, hay que tener en cuenta que los delitos contra la Seguridad Social, que se
introdujeron como tales en el CP/1995, según se ha explicado en el epígrafe anterior, primero a
través del art. 349 bis CP (L.O. 6/95, de 29 junio) e inmediatamente después mediante el art. 307
CP (L.O. 10/95, de 10 noviembre) sufrieron una importante reforma legislativa mediante Ley
Orgánica 7/2012, de 27 diciembre, a la que nos hemos referido en la Introducción de este trabajo.
Por ello, para mejor comprensión de la jurisprudencia aplicativa de estos delitos, en nota a pie de
página, reproducimos el texto del art. 307 CP/1995 (29) antes de exponer la misma. En relación
con los arts. 307, 307 bis y 307 ter CP/2012, al introducir ya sus textos en notas a la Introducción,
nos remitimos a las mismas.
Dado el escaso espacio de que disponemos, nos hemos limitado a citar las sentencias y una breve
síntesis de las mismas con referencia a los FFJJ de interés para el lector en esta materia, que no es
posible reproducir debido a estas limitaciones de espacio pero que el lector interesado podrá
consultar directamente en dichas sentencias.
1. Delito contra la Seguridad Social (artículo 307 CP) (30)
A) STS -2.ª- s/n 31 marzo 1997 (Rec. 2986/1995. García-Calvo-LA LEY 6167/1997)
Retención empresarial de cuotas obreras de la Seguridad Social. APROPIACIÓN INDEBIDA.
Falsificación de boletines de cotización mediante manipulación de los originales y fotocopias de los
mismos.
La Audiencia Provincial de Castellón condenó al luego recurrente como autor de un delito
continuado de apropiación indebida, agravada por el valor, y otro de falsedad en documento oficial.
Los cuatro motivos del recurso denuncian vulneración de los derechos a la asistencia letrada, a la
tutela judicial efectiva y a un proceso con garantías (conjuntamente), aplicación indebida de los
arts. 535, 538, 529.7.ª y 69 bis CP, inaplicación asimismo indebida de su art. 303 (en relación con
el art. 302) e inaplicación de la atenuante 9.ª de su art. 9 (o subsidiariamente otra por analogía). El
Tribunal Supremo los desestima.
Ver FFJJ CUARTO A SÉPTIMO.
B) STS -2.ª- 876/97, 9 octubre (Rec. 2174/95. Martín Canivell-LA LEY 10442/1997)
Hechos castigados como delito de estafa del art. 528.1.º CP por defraudación a la Seguridad
Social por más de 36 millones de pesetas no quedan despenalizados por modificación legislativa
posterior que incorpora un delito específico contra la Seguridad Social en el art. 307 CP por cuantía
superior a 15 millones de pesetas.
Ver FJ SEXTO.
C) STS -2.ª- 760/1997, de 18 noviembre (Rec. 1445/1996-Martín Pallín-LA LEY 1110/1998)
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL. Impago de cuotas por el empresario. Inclusión en el
concepto tanto de las patronales como de las obreras. Retención empresarial de las cuotas obreras:
delito de apropiación indebida. Objeto jurídico de la tutela penal. Fijación de la persona obligada a
cotizar.
Bien jurídico protegido: función recaudatoria de la Seguridad Social para el cumplimiento de sus
fines institucionales.
Sujeto activo: sólo el empresario.
Tipicidad: Tras la reforma de la Ley 10/1995 no cabe incardinar las defraudaciones inferiores a
15.000.000 ptas. en el delito de apropiación indebida.
Ver FJ PRIMERO.
D) STS -2.ª- s/n 21 noviembre 1997 (Rec. 2617/1996-Martínez-Pereda Rodríguez-L A L E Y
72/1998)
APROPIACIÓN INDEBIDA. Defraudaciones a la Seguridad Social. Carencia de tipicidad y
conversión en meros ilícitos administrativos. Inclusión de las cuotas empresariales y obreras.
La Audiencia Provincial de Barcelona absolvió a la procesada por falsedad y estafa. Los dos motivos
del recurso de la acusación particular (la Tesorería General de la Seguridad Social) denuncian, de
un lado, infracción de los arts. 303, 302.1.º, 2.º y 4.º, y 69 bis, CP de 1973, y de otro, infracción
asimismo de sus arts. 528, 529.7.ª, y en relación su art. 349 bis y la Disposición Adicional 2.ª de la
Ley Orgánica 6/1995. El TS desestima el recurso.
Ver FJ SEGUNDO.
E) STS -2.ª- s/n de 24 noviembre 1997 (Rec. 3204/1996-Martínez-Pereda-LA LEY 48/1998)
APROPIACIÓN INDEBIDA. Defraudaciones a la Seguridad Social. Carencia de tipicidad y
conversión en meros ilícitos administrativos. Inclusión de las cuotas empresariales y de las
obreras.
La Audiencia Provincial de Sevilla absolvió al procesado por el delito de apropiación indebida. El
recurso de la acusación particular (Tesorería General de la Seguridad Social) contiene dos motivos
que denuncian la inaplicación del art. 535 CP de 1973 y la aplicación indebida de su art. 349 bis
(sustituido luego por el art. 307 del texto de 1995). El TS desestima el recurso.
Ver FJ PRIMERO.
F) STS -2.ª- 43/2000, de 25 enero (Rec. 138/1999-Delgado-LA LEY 5257/2000)
ESTAFA. Falsificación de recetas médicas de pensionista por facultativo de la Seguridad Social en
favor de su padre. Expendición gratuita. Exclusión del delito tipificado en el art. 307 del Código
Penal, al no defraudarse cuotas. Existencia de engaño. Consideración como falta en atención a la
escasa cuantía de lo defraudado. Imposición de la pena en el mínimo legal.
La Audiencia Provincial de Madrid condenó a los procesados Vicenta G. L.-C. y Emilio G. G. como
autores de un delito continuado de falsedad en documento oficial y los absolvió por el delito de
estafa objeto igualmente de acusación. El único motivo del recurso del Fiscal, coincidente con el
también único motivo del recurso de la acusación particular, denuncia la inaplicación del art. 263.4
del nuevo Código Penal. El único motivo del recurso de la procesada Vicenta G. L.-C. aduce la
inaplicación del art. 9.9.ª del Código Penal de 1973 (o del art. 21.4.ª del texto legal de 1995). El
Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de la procesada y totalmente los del Fiscal y la
acusación particular, de forma que en su segunda Sentencia condena también a Vicenta G.L.-C. y a
Emilio G. G. como coautores de una falta de estafa, a la vez que aminora la multa impuesta por el
delito de falsedad.
Ver FFJJ PRIMERO Y SEGUNDO.
G) STS -2.ª- 1245/2000, de 11 julio (Rec. 1245/2000-Prego-LA LEY 11160/2000)
REVISIÓN DE SENTENCIA. Apropiación indebida. Resulta atípica la conducta de apropiación de
cuotas de la Seguridad Social del acusado al no alcanzar el importe exigido por el nuevo Código
Penal. Esa atipicidad no afecta al delito de falsedad documental, que sólo podría resultar impune
por su carácter instrumental si existe regularización de las cuotas defraudadas pero no atipicidad
de la conducta.
Ver FFJJ PRIMERO Y SEGUNDO.
H) STS -2.ª- 725/2002, de 25 abril (Rec. 1169/2000-Sánchez Melgar-LA LEY 4784/2000)
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL. Falta de ingreso de las
cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores y de la retención del IRPF en cuantía inferior, por
cada concepto, a los quince millones de pesetas. Atipicidad de la conducta del empleador.
Ver FJ PRIMERO.
I) STS -2.ª- 2052/2002, de 11 diciembre (Rec. 769/2001 - Martín Pallín-LA LEY 1213/2003)
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL. Condiciones de la conducta defraudatoria. Inclusión
en el tipo del cobro fraudulento de prestaciones por desempleo. Absolución de quien cobra
indebidamente estas prestaciones en cuantía inferior a los diez millones de pesetas. Infracción
administrativa.
Tipicidad: fraude a las prestaciones de la Seguridad Social: Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de
fecha 15 de febrero de 2002: rige el principio de especialidad constituyendo el delito especial del
art. 308 CP que desplaza a la figura de estafa: inexistencia de delito si la cantidad defraudada no
supera los 15.000.000 ptas.
Ver FJ PRIMERO.
J) STS -2.ª- 835/2003, de 10 junio (Rec. 3612/2001-Soriano-LA LEY 10422/2004)
FALSIFICACIÓN. De documentos oficiales de la Seguridad Social. Elementos del tipo. Delimitación
del documento como oficial. Consideración de documentos oficiales los boletines TC1 y TC» y sus
autocopias excepto la destinada al particular. PENALIDAD. APROPIACIÓN INDEBIDA. Continuidad
delictiva. Subtipo agravado. Principio non bis in idem.
VER FJ SEGUNDO.
K) STS -2.ª- 1333/2004, de 19 noviembre (Rec. 1407/2003-Delgado-LA LEY 262/2005)
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL. Defraudación de cuotas. Conducta típica que requiere
una maniobra de ocultación además de la falta de pago. Absolución. RESPONSABILIDAD CIVIL. Ex
delicto. Directa de quien resultó condenado por falsedad en documento privado. Confección de una
falsa certificación negativa por descubiertos, que permitió a la empresa subcontratada seguir
cobrando los trabajos realizados y dio lugar a un expediente de derivación de responsabilidad que
afecta a la empresa subcontratista. Indemnización de perjuicios.
Conducta típica: no basta con el impago de las cuotas a la Seguridad social siendo necesaria la
defraudación por cuantía superior a 120.000 euros. Es necesaria una maniobra de ocultación
además de la falta de pago.
Ver FJ TERCERO.
L) STS -2.ª- 1138/2005, de 11 octubre (Rec. 1913/2003-Martínez Arrieta-LA LEY 197981/2005)
FALSIFICACIÓN. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL. Falsificación de recibos que
documentan el pago de los seguros sociales de los trabajadores empleados en las empresas que
regenta el acusado, para obtener el abono de las obras contratadas. La reforma penal de 1995 al
establecer que la cuota defraudada debe superar los 120.000 euros despenaliza conductas
anteriores que no llegan a esa cifra.
«FJ TERCERO.- El recurrente acomoda el recurso a la reforma del Código penal operada por
la L.O. 15/2003, que en el art. 307 ha señalado la cantidad de 120.000 euros la
delimitación del delito de la infracción administrativa. Al declararse probado que la
cantidad defraudada a la seguridad social es de 116.382 euros, la conducta ha sido
despenalizada en el Código y procede la absolución del delito contra la seguridad social»
M) STS -2.ª- 523/2006, de 19 mayo (Rec. 411/2005-Bacigalupo-LA LEY 57492/2006)
DELITO CONTINUADO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. DELITOS CONTRA LA
HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL. Alcalde de ayuntamiento que desvía subvenciones
para sus actividades particulares. Regulación del delito por medio de dos alternativas típicas.
Consideración de los recargos de mora, de apremio e intereses como objeto de la defraudación
punible a la Seguridad Social. Fraude de subvenciones.
Ver FJ CUARTO
N) STS -2.ª- 571/2006, de 21 abril (Rec. 45/2005-Saavedra-LA LEY 62753)
PRINCIPIO PRO REO. Revisión de sentencia condenatoria por delitos contra la Hacienda Pública y
la Seguridad Social, en atención a la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 15/2003 que
incrementó las cuantías de los tipos. Destipificación de hechos que no alcanzan las cuantías
mínimas legales. Aplicación de la ley penal más favorable. Revisión de pena pendiente de ejecutar
o en fase de ejecución.
Ver FJ PRIMERO.
Ñ) STS -2.ª- 1017/2007, de 15 noviembre (Rec. 761/2007-García Pérez-LA LEY 232491/2007)
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL. Omisión del pago de cuotas a la Seguridad Social por
los acusados, administradores de hecho de multitud de sociedades, que constituían con tal fin
defraudatorio. Para el cálculo del fraude debe sumarse las cuotas obreras y las empresariales.
PRINCIPIO ACUSATORIO. No es posible imponer mayor pena que la más grave de las pedidas en
concreto por las acusaciones.
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de casación contra la sentencia de condena de
la AP de Sevilla por delito contra la Seguridad Social, en el sentido de rebajar la condena en
segunda sentencia.
Ver FJ DÉCIMO.
O) STS -2.ª- 480/2009, de 22 mayo (Rec. 10084/2008-Berdugo-LA LEY 67225/2009)
Caso «Ekin-Kas-Xaki». INTEGRACIÓN Y COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓN TERRORISTA.
Autoría en concepto de dirigentes, integrantes y colaboradores. Plataforma estable para la defensa
política de las reivindicaciones de ETA. DELITOS COMETIDOS CON FINES TERRORISTAS.
Insolvencia punible, falsedad contable continuada y delito contra la Seguridad Social. Inaplicación
del art. 574 por falta de motivación e infracción del principio non bis in idem. PENALIDAD.
Individualización de las penas en función del grado de participación, de las circunstancias
personales y de la gravedad de los hechos cometidos. Condenados en la instancia como dirigentes
que pasan a integrantes y condenados como integrantes que pasan a colaboradores.
CONSECUENCIAS ACCESORIAS. Confirmación de la declaración de Kas, Ekin y Xaki como
asociaciones ilícitas, con disolución, comiso y liquidación de patrimonio. Comiso de todas las
cantidades de dinero intervenidas en el proceso.
El Tribunal Supremo estima parcialmente los recursos de casación interpuestos contra la sentencia
de la Audiencia Nacional, absuelve a nueve de los imputados por delitos de pertenencia y
colaboración con organización terrorista, condena a otros treinta y seis por los mismos delitos, en
concepto de responsables, integrantes y colaboradores, manteniendo la declaración de disolución,
comiso y liquidación de bienes de Kas-Ekin-Xaki.
Ver FFJJ DUODÉCIMO y VIGÉSIMO TERCERO.
P) STS -2.ª- 611/2009, de 29 mayo (Rec. 1842/2008-Granados-LA LEY 99208/2009)
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA y SEGURIDAD SOCIAL. Interpretación de la excusa
absolutoria por regularización.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por la
Audiencia Provincial de Granada y confirma el fallo condenatorio por cuatro delitos contra la
Hacienda Pública y absolutorio por un delito de apropiación indebida.
Ver FJ SEGUNDO.
Q) STS -2.ª- 42/2015, de 28 enero (Rec. 886/2014-Ferrer-LA LEY 42793/2015)
ESTAFA. Cobro indebido de pensión de jubilación tras el fallecimiento de su titular durante 10
años. Agravación por notoria importancia de la defraudación que alcanza los 51.569,10 euros.
Deliberado propósito del acusado de generar una apariencia engañosa en relación a la
supervivencia de la beneficiaria de la pensión —su madre—, que le permitiera mantenerse en el
disfrute de la misma, a sabiendas de que no tenía derecho a ello. Error por omisión. Engaño
bastante consistente en la falta de comunicación del fallecimiento al banco y al INSS, incumpliendo
el deber jurídico que le incumbía, y generando un riesgo jurídicamente desaprobado concretado en
el acto de desplazamiento patrimonial de la SS. RESPONSABILIDAD EX DELICTO. Subsidiaria de la
entidad bancaria a través de la que se efectuaron los pagos, por su negligente comportamiento al
incumplir la obligación que le incumbe de control de la pervivencia de la titular. PENALIDAD.
Hechos que encajan en el delito especial del art. 307 ter —fraude de prestaciones de la SS—
introducido por LO 7/2012 de 27 Dic. por la que se modificó el CP, no aplicable retroactivamente al
caso por resultar más gravosa que la correspondiente a la estafa agravada.
El TS desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la AP Valencia y
confirma la condena del acusado como autor de un delito de estafa agravada.
VER FFJJ QUINTO Y SEXTO.
R) STS -2.ª- 622/2015, de 23 octubre (Rec. 286/2015-Colmenero-LA LEY 152479/2015)
Art. 307 CP Delito contra la Seguridad Social.
Absolutoria para el gestor administrativo
CONCURSO MEDIAL. Entre los delitos de falsedad en documento oficial y defraudación a la
Seguridad Social. Plan urdido para eludir pagos a la Seguridad Social creando empresas a nombre
de testaferros, que cerraba o dejaba sin actividad con cuotas impagadas. PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA. Revocación de condena al gestor administrativo, condenado en la instancia como
cooperador, que se limitaba a remitir documentación al graduado social absuelto que era quien
realizaba los trámites necesarios ante la Seguridad Social. Falta de prueba suficiente sobre el
conocimiento de la mecánica defraudatoria y el plan del empresario. Única prueba de cargo
constituida por la declaración del principal acusado, sin otros elementos de corroboración, que
resulta insuficiente para enervar la presunción de inocencia.
El TS estima parcialmente el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la AP
que condenó a seis acusados como autores, cómplices o cooperadores según su participación en
delitos de falsedad en documento oficial y defraudación a la Seguridad Social continuados, casa y
revoca su fallo para absolver al condenado como cooperador necesario.
Ver FJ PRIMERO.
S) STS -2.ª- 625/2015, de 22 diciembre (Rec. 74/2014-Giménez-LA LEY 217835/2015)
Caso «Saqueo II». MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Cometido por ex Alcalde,
concejales del Ayuntamiento de Marbella, así como Gerentes de empresas públicas municipales.
Asunción por el Consistorio de deudas ficticias de las sociedades municipales que se encargaban de
gestionar los servicios públicos, bien por operaciones ilusorias o por contratos inexistentes,
mediante transferencias de fondos que no estaban justificadas. Disposición para sí por los acusados
de los fondos y patrimonio municipal en su propio beneficio y en perjuicio del erario público. Delito
continuado. Penalidad. Rebaja de la impuesta en la instancia. Consideración conjunta de todo el
fenómeno delictivo de la continuidad cuando las distintas acciones podrían haberse enjuiciado
como un único delito continuado en un único juicio —Saqueo I—. Descuento de la pena impuesta
en la primera sentencia, al momento de enjuiciar en una posterior sentencia otros hechos cuando
todos podrían haber sido enjuiciados en un único proceso. Aplicación d e l p r i n c i p i o d e
proporcionalidad y adecuación de la pena a la gravedad de los hechos y al grado de culpabilidad.
En concurso con delitos de cohecho, prevaricación y contra la Seguridad Social. Impago de la
cuotas sociales de los trabajadores de las sociedades municipales, ascendiendo la deuda a más de
190 millones de euros. Autorización de la asunción de deudas mediante decretos municipales, que
permitían el endoso y cesión de créditos entre sociedades a sabiendas de su inexistencia.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Revocación de condena para dos acusados por insuficiencia de
prueba de cargo. RESPONSABILIDAD EX DELICTO. Modificación de la cuantía indemnizatoria que
afecta sólo a dos acusados. VOTO PARTICULAR.
El TS estima parcialmente el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la AN
que condenaba a parte de los acusados por delito continuado de malversación de fondos públicos,
añadiendo la condena a algunos de ellos por delitos de cohecho, prevaricación y contra la Seguridad
Social, con atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en todos los delitos, casa y revoca su
fallo para absolver a dos de los condenados —un ex empleado del Ayuntamiento y un ex concejal—,
para rebajar la condena por malversación continuada —entre otros del principal acusado ex asesor
de urbanismo, del ex Alcalde y del ex primer teniente de Alcalde, modificando también la
responsabilidad civil de otros dos condenados—.
Ver FFJJ TREINTA Y CUATRO, SESENTA Y TRES Y SESENTA Y SIETE.
IV. Conclusiones
Vista esta relación jurisprudencial, vamos a resumir sus principales pronunciamientos en los
siguientes epígrafes:
1. Bien jurídico protegido
Lo constituye la función recaudatoria de la Seguridad Social para el cumplimiento de sus fines
institucionales (STS -2.ª- 760/1997, de 18 noviembre —Martín Pallín—).
2. Tipicidad: fraudes al ingreso
En síntesis, como se ha observado en el epígrafe anterior, la jurisprudencia interpretativa de los
delitos contra la Seguridad Social se plantea la búsqueda del tipo penal adecuado para castigar el
fraude a los ingresos de la Seguridad Social, antes de la introducción de un delito específico
primero en el art. 349 bis CP (L.O. 6/95) y después en el art. 307 CP (L.O. 10/95) y arts. 307, 307
bis y 307 ter CP (L.O. 7/2012).
Se optó bien por el delito de estafa del art. 525 CP/73 (v.gr. STS -2.ª- 876/97, de 9 octubre —
Martín Canivell—), si se trata de cuota empresarial, bien por el delito de apropiación indebida del
art. 535 CP/73 (v.gr. STS -2.ª- s/n 31 marzo 1997 —García Calvo—), si se refiere a la retención
empresarial de la cuota obrera.
En su día originó más polémica la retención empresarial de las cuotas obreras de la Seguridad
Social que no es ingresada en la Tesorería, optándose no sin un fuerte debate doctrinal, por el
delito de apropiación indebida del art. 535 CP/73.
Tras el nuevo delito del art. 349 bis CP/73 y después art. 307 CP/95, se proclama que rige el
principio de especialidad y deja de penarse por el delito de apropiación indebida, operando l a
cuantía mínima defraudada como un elemento negativo del tipo, lo que lleva a absoluciones
cuando se condenó por delito de apropiación indebida antes de la vigencia del nuevo delito (1995)
sin que la cuantía defraudada excediera de 15.000.000 ptas, según Acuerdo plenario de la Sala 2.ª
de 17 noviembre 1997, recordado por STS -2.ª- 480/2009, de 22 mayo —Berdugo—.
Se reconducen a los delitos de falsedad documental la falsificación de recetas médicas (STS -2.ª-
43/2000, de 25 enero —Delgado—) y la de documentos de cotización (STS -2.ª- 835/2003, de 10
junio —Soriano—).
La acción consiste en una acción u omisión intencionada eludiendo el pago de las cuotas. En el
concepto de fraude hay que destacar el fijado por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en su sentencia de 8 septiembre 2015, según el cual se considera como tal cualquier
acción u omisión intencionada que tenga por efecto la disminución ilegal de los recursos de la UE
(STS -2.ª- 625/2015, de 22 diciembre —Giménez—).
El engaño no es necesario en la acción típica pero sí se requiere una maniobra de ocultación
además de la falta de pago de la cuota defraudada por la cuantía señalada (STS -2.ª- 1333/2004,
de 19 noviembre —Delgado—).
Entran en el concepto de cuota defraudada los recargos de mora, apremios e intereses (STS -2.ª-
523/2006, de 19 mayo —Bacigalupo—).
No es necesaria la liquidación previa como requisito de procedibilidad (STS -2.ª- 480/2009, de 22
mayo —Berdugo—).
3. Tipicidad: fraude de prestaciones: fraude al gasto
Los fraudes a las prestaciones de la Seguridad Social, desempleo, se penalizaron mediante el art.
308 CP/95 (fraude subvenciones públicas) (v.gr. STS -2.ª- 2052/2002, de 11 diciembre —Martín
Pallín— y Acuerdo Plenario Sala 2.ª TS 15 febrero 2002) hasta que la Ley Orgánica 7/2012 recoge
un tipo específico en el art. 307 ter CP/95, si bien también se reconducía al delito de estafa el
fraude a las pensiones de jubilación (v.gr. STS -2.ª- 42/2015, de 28 enero —Ferrer— que cita
SSTS -2.ª- 830/2003, 915/2004 y 636/2012).
4. Sujeto activo
El empresario (STS -2.ª- 760/97, de 18 noviembre —Martín Pallín—).
Los administradores de hecho del entramado societario de una organización terrorista (STS -2.ª-
480/2009, de 22 mayo —Berdugo—).
No lo es un gestor administrativo (STS -2.ª- 622/2015, de 23 octubre —Colmenero—).
5. Regularización y excusa absolutoria
La atipicidad de las falsedades instrumentales sólo opera si se ha dado regularización conforme a
los términos legales y no en caso de atipicidad del fraude a la Seguridad Social por no superar el
límite legal de la cuota defraudada (STS -2.ª-1245/2000, de 11 julio —Prego—).
En las excusas absolutorias de los arts. 305.4 y 307.3 CP 1995, la conducta postdelictiva del
imputado debe suponer el reverso del delito consumado, de forma que resulte neutralizado no solo
el desvalor de acción (defraudación) sino también el desvalor de resultado (perjuicio patrimonial
irrogado a la Hacienda Pública o a las arcas de la Seguridad Social). Ello hace exigible una
conducta positiva y eficaz del sujeto pasivo de la obligación contributiva que incluye, la
autodenuncia —a través del reconocimiento voluntario y veraz de la deuda, previo a las causas de
bloqueo temporal legalmente previstas— y el ingreso de la deuda derivada de la defraudación,
satisfaciendo ambas exigencias el pleno retorno a la legalidad al que el legislador ha querido
anudar la renuncia al ius puniendo respecto del delito principal y sus instrumentales (FJ 2.º STS
-2.ª- 611/2009, de 29 mayo —Granados—)
V. Bibliografía
— ABASCAL JUNQUERA, A. y ACÓN ORTEGO, I. «Los nuevos delitos contra la Hacienda Pública y
contra la Seguridad Social. La reforma del Código Penal por Ley Orgánica 7/2012, de 27
diciembre», Revista penal Sepín, n.o 71 (2.º trimestre 2013), pp. 16-24.
— APARICIO DÍAZ, L.«La nueva reforma del Código Penal en materia de transparencia y lucha
contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social», Diario LA LEY, n.o 8081, 13 mayo 2013.
— BUSTOS RUBIO, M. «Regularizar tras defraudar a la Seguridad Social, ¿es rentable?», Diario LA
LEY núm. 8599, de 7 septiembre 2015, Ref. D-318, LA LEY 5151/2015.
— CARRETERO SÁNCHEZ, A. «La nueva reforma de los delitos contra la hacienda pública: un paso
firme contra el fraude fiscal», Diario LA LEY, n.o 8027, 20 febrero 2013.
— DE VICENTE MARTÍNEZ, Rosario, Delitos contra la Seguridad Social, editorial Praxis, 1991.
— «Comentario al art. 307 CP», en el libro colectivo dirigido por GÓMEZ TOMILLO, M. Comentarios
al Código Penal, 1.ª edición, septiembre 2010, pp. 1195-1201.
— «El nuevo delito de defraudación en las prestaciones del sistema de la Seguridad Social en el
proyecto de Ley Orgánica de 2012, por el que se modifica el Código Penal», en Actualidad Jurídica
Aranzadi n.o 853/2012 (Comentario).
(1)
(2)
— DOLZ LAGO, M.J. Ver epígrafe 6. Bibliografía del autor.
— HERRANZ SAURI, T. «El nuevo delito del art. 307 del Código Penal», Jornada de Fiscales
Especialistas en Delitos Económicos, Centro de Estudios Jurídicos, 20 y 21 junio 2013. Consulta en
la web del CEJ o en la de la FGE (fiscal.es).
— PAREDES RODRÍGUEZ, J.M., «La reforma del delito contra la Seguridad Social operada por la
Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre», Revista Doctrinal Aranzadi Social, n.o 4/2013.
VI. Bibliografía del autor
— «El nuevo delito contra la Seguridad Social: primera aproximación», en Revista de Trabajo y
Seguridad Social, núm. 19, julio/septiembre 1995, pp. 97 a 109, Madrid.
— «Jurisprudencia penal reciente del Tribunal Supremo sobre los delitos contra los derechos de los
trabajadores, el delito contra la Seguridad Social y el acoso laboral ó "mobbing’"», en Curso de
actualización de la doctrina del Tribunal Supremo en el orden penal, organizado por el Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia (Ministerio de Justicia) y Fiscalía General del
Estado, Madrid, 7-06-06, publicado en DVD Estudios Jurídicos 2006.
— «Los delitos contra la Seguridad Social: entre la corrupción pública y la privada. Algunas claves
frente al tsunami de la crisis económica y las quiebras del principio de igualdad», en Revista de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social n.o 38 (enero-abril 2014), dirigida por Luis Enrique De la
Villa Gil, secretario J. Ignacio García Ninet, editorial Iustel.
El presente estudio constituye mi colaboración al libro editado por Atelier en homenaje dado con motivo
de su jubilación al catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Barcelona,
José Ignacio GARCÍA NINET, que fue director mi Tesis doctoral.
Ver Texto
En la bibliografía, entre los primeros autores en hablar de «Derecho Penal del Trabajo», destaca ARROYO
ZAPATERO, Luis, en su obra Manual de derecho penal del trabajo, editorial Praxis S.A. Barcelona, 1988, el
cual hace referencia a la bibliografía extranjera donde ya se expresa a principios del siglo XX esta
denominación para esta especialidad del Derecho penal, sobre todo en el Derecho italiano y en el Derecho
alemán desde una perspectiva vinculada a los derechos autoritarios de los años treinta v.gr. GATTI, Diritto
penale del lavoro, Turín, 1930, DE LITALA, Diritto penale del lavoro e Della publica economía, Turín, 1939
y GEISSELER, Arbeitsstrafrecht, Breslan, 1933. Dentro de la bibliografía española, ya en 1949, PÉREZ
LEÑERO, utilizó esta expresión en su artículo «Derecho penal del trabajo español»,en A.D.P.C.P., pp. 487 y
ss. y GARCÍA ABELLAN, Derecho penal del Trabajo, Madrid, 1955. ARROYO expresa el actual concepto
como «conjunto de preceptos penales (criminales) creados para garantizar la efectividad de las normas
declarativas y ordenadoras destinadas a tutelar a los trabajadores», p. 10. Desde esta concepción se
produce a partir de los años 50 en otras coordenadas políticas económicas el Derecho Penal de Trabajo en
Francia, Bélgica, Italia y la propia Alemania, véanse las obras de GODARD, Droit pénal du travail, París,
1980 y PADOVANI, Diritto penale del lavoro, Milán, 1983, entre otras. Otros autores españoles dignos de
mención que han publicado manuales sobre la materia son BAYLOS, Antonio y TERRADILLOS, Juan,
Derecho penal del trabajo, editorial Trotta, Valladolid, 1990, quienes en pp. 15 y ss. de su obra explican la
significación y función del Derecho penal del trabajo. Por mi parte, me he ocupado sobre la materia en los
siguientes artículos doctrinales: DOLZ LAGO, Manuel-Jesús, «El delito social». Anuario de la Fundación
«Ciudad de Lleida», 1990, p. 89 y ss. «El delito contra la seguridad e higiene en el trabajo: perspectiva
interdisciplinar», en Revista General de Derecho, tomo 577-578 (diciembre 92), pp. 11341 a 11364.
(3)
(4)
(5)
«Reforma laboral y delito social: algunas contradicciones», en Tribuna Social (revista de seguridad social y
laboral) editorial CISS, Valencia, núm. 46, octubre 1994, pp. 31 y ss. «La reforma laboral y las
infracciones y sanciones del orden social», en Tribuna Social (revista de seguridad social y laboral),
editorial CISS, Valencia, núm. 12; «Cambios introducidos en materia de infracciones y sanciones en el
orden social por la reforma laboral de 1994», en revista Tribuna Social, núm. 53, mayo 1995, pp. 28 y
ss.; «El nuevo delito contra la Seguridad Social: primera aproximación», en Revista de Trabajo y
Seguridad Social, núm. 19, julio/septiembre 1995, págs. 97 a 109, Madrid; «Presente y futuro de la
intervención del Ministerio Fiscal en la jurisdicción social», en Revista del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, núm. 22, 1996.; Coautor del Libro: «Lecciones sobre la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales», dirigido por GARCÍA NINET, J.I., editorial CISS, Valencia, 1998. En la serie Estudios del
Ministerio Fiscal publicada por el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia (Ministerio de
Justicia), se han publicado en los últimos años los siguientes estudios sobre el particular: VARGAS
CABRERA, Bartolomé: Delitos contra los derechos de los trabajadores, núm. II-1999 p. 83; PAVÍA
CARDELL, Juan: La imprudencia laboral (quebranto personal por infracción de las normas de seguridad e
higiene en el trabajo) núm. V-1999 p. 705; GONZÁLEZ SOLER, Olayo Eduardo: Muerte y lesiones por
imprudencia laboral, núm. IV-2001 p. 189; ALTES MARTÍ, Miguel Ángel: Concepto, antecedentes,
fundamento y naturaleza jurídica del art. 316 del Código Penal, núm. IV-2001 p. 259; NAVAJAS RAMOS,
Luis: El sujeto activo en el delito de riesgos laborales. Su determinación en los arts. 316, 3l7 y 318 del
Código Penal de 1995, núm. IV-2001 p. 283; NOREÑA SALTO, José Ramón: Infracciones administrativas y
delitos en materia de seguridad e higiene en el trabajo. La incidencia del principio «non bis in idem», núm.
IV-2001 p. 345; MARTÍNEZ MESAS, Rafael: La calificación de los riesgos laborales por la inspección de
trabajo y Seguridad Social, núm. IV-2001 p. 363 y SALA FRANCO, Tomás: Las infracciones de las normas
de prevención de riesgos laborales como contenido del tito penal, núm. IV-2001.
Ver Texto
BAYLOS, Antonio y TERRADILLOS, Juan, en su libro Derecho Penal del trabajo, editorial Trotta, Valladolid,
1990, p. 66, haciéndose eco de la doctrina de la época, resalta cómo en los diez años de vigencia del art.
499 bis del CP relativo al delito contra la libertad y seguridad en el trabajo introducido por la Ley 44/1971,
de 15 de noviembre, sólo se habían dictado cinco sentencias condenatorias del Tribunal Supremo. Aún en
la actualidad, en la que existe una gran sensibilidad sobre la materia hasta el punto de que se ha creado
en la Fiscalía General del Estado la figura del Fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral, atendiendo a una
vieja demanda social ante el alto grado de siniestralidad laboral de nuestro país, que lo sitúa
desgraciadamente en las primeros puestos de accidentalidad laboral europeos, las dificultades e n l a
investigación de estos delitos en la que concurren múltiples y complejos factores ajenos a una perspectiva
unidireccional en la exigencia de responsabilidades, determinan una limitada acción penal sobre los
mismos.
Ver Texto
V.gr. MENA ÁLVAREZ, José M.ª, en su artículo «Virtualidad práctica del art. 348 bis a)», publicado en
Protección penal de los derechos de los trabajadores, Jornadas organizadas por Jueces para la
Democracia, Universidad de Santiago de Compostela, 1985, p. 43, afirmaba que «La verdadera incidencia
de estos preceptos es la de la neutralización de la dinámica social que deriva del juicio de reproche social
de los sectores huérfanos de incidencia en la producción legislativa, por eso los tipos penales "ad
exhibendum" florecen en los cuerpos legales autoritarios, siempre protadores de preceptos accesorios
paternalistas, "compensadores" de la indefensión forzosa que imponen a la dinámica social. Este es el
origen de nuestro art. 348 bis a), como ha puesto de manifiesto ARROYO». En el mismo sentido, CONDEPUMPIDO
TOURON, Cándido, en su artículo «La apropiación indebida de la cuota obrera de la Seguridad
Social, ¿un delito invisible?», publicado en la misma obra, hacía referencia a la nula recepción
jurisprudencial de este delito, que en los años 80 tenía que reconducirse al delito de apropiación indebida
del art. 535, antes de su tipificación en el actual art. 307 del CP de 1995 (Ley Orgánica 10/1995), cuyo
antecedente inmediato se encontraba en el art. 349 bis, introducido en el CP mediante Ley Orgánica
6/1995.
Ver Texto
Entre estos antecedentes están el art. 423 del CP de 1944 que castigaba a «los que por infracciones
reiteradas y probadamente dolosas de las leyes de trabajo ocasionen quebranto grave en la salud de los
obreros y en la producción en general», al que sucedió el art. 427 (modificado por Decreto 24-1-1963);
Decreto 16-6-50 sobre responsabilidad penal del empresario que descontaba cuotas de la Seguridad Social
a los trabajadores y no las ingresaba, art. 535 (apropiación indebida) y Decreto-ley de 15-2-1951 sobre
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(10)
responsabilidades de los empresarios que cedían mano de obra infringiendo la normativa laboral; art. 54
de la Ley de Emigración de 21-7-71 que sancionaba penalmente la emigración clandestina; art. 499 bis
introducido por Ley 44/71, de 15 de noviembre, ante la huelga de Granada debida a la siniestralidad
laboral, que provocó la reclamación del fiscal sobre la necesaria regulación penal; TR CP 1983 bajo la
rúbrica «De los delitos contra la libertad y seguridad en el trabajo» se recogió este artículo comprendido
en el título De los delitos contra la libertad y seguridad; art. 348 bis introducido por la Ley Orgánica 25-6-
1983 tendente a proteger la vida e integridad física de los trabajadores frente a la normativa de seguridad
e higiene en el trabajo; art. 177 bis, introducido también por la reforma de 1983, que sancionaba los
atentados contra la libertad sindical y el derecho de huelga y, por último, el art. 165 introducido por la
reforma de la L.O. 3/89, dentro de los delitos contra la seguridad del Estado, que sancionaba las
denegaciones discriminatorias de prestaciones en los servicios públicos. Ver entre otros VARGAS
CABRERA, Bartolomé, «Delitos contra los derechos de los trabajadores», Estudios jurídicos del Ministerio
Fiscal, tomo II, 1999, pp. 83 y ss.
Ver Texto
Vigente desde el 17 enero 2013.
Ver Texto
Por razones del objeto del estudio omitimos la referencia a la jurisprudencia menor (Audiencias
Provinciales y Juzgados de lo Penal), la cual es más abundante a la vista de su competencia para conocer
del enjuiciamiento de gran parte de estos delitos según su penalidad (cfr. ámbito de aplicación del
procedimiento abreviado que abarca a delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a
nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o
alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración, según el art. 757 de la LECrim, redactado
conforme a la Ley 38/2002, de 24 de octubre, reservándose al Juez de lo Penal el enjuiciamiento de las
causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años o
pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas,
conjuntas o alternativas, siempre que la duración de estas no exceda de diez años (…), según art. 14.3 de
la LECrim.). Esta competencia determina que, antes de la reforma procesal de los arts. 847 a 849 LECrim
operada mediante Ley 41/2015, de 5 octubre —BOE del 6— vigente desde el 6 diciembre 2015, no
accedían al Tribunal Supremo los delitos con pena privativa de libertad de hasta 5 años, los cuales en esta
materia son casi todos los delitos contra los derechos de los trabajadores, es decir, el art. 312, 313, 314,
315, 316 y 317 del CP, ya que son competencia en 1.ª instancia del Juez de lo Penal y en grado de
apelación de la Audiencia Provincial respectiva.
Ver Texto
Para la consulta de esta Jurisprudencia hemos acudido a la base de datos «Lotus» del propio Tribunal
Supremo y a la base de datos laleydigital360.
Ver Texto
«Los delitos contra la Seguridad Social: entre la corrupción pública y la privada. Algunas claves frente al
tsunami de la crisis económica y las quiebras del principio de igualdad», en Revista de Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social n .o 38 (enero-abril 2014), dirigida por DE LA VILLA GIL, Luis Enrique
secretario Ignacio García Ninet, editorial Iustel.
Ver Texto
Sobre este delito, véase mi estudio «El nuevo delito contra la Seguridad Social: primera aproximación»,
en Revista de Trabajo y Seguridad Social, n .o 19, julio/septiembre 1995, pp. 97-109, Madrid. Más
ampliamente, la completa Tesis doctoral DE VICENTE MARTÍNEZ, Rosario, Delitos contra la Seguridad
Social, editorial Praxis, 1991, si bien en la época de su publicación más con carácter de lege ferenda, ya
que la tipificación penal de conductas contrarias a la Seguridad Social se produce por primera vez en
virtud de la Ley Orgánica 6/1995, de 29 junio, a través del art. 349 bis CP, que con la reforma del CP
realizada por Ley Orgánica 10/1995, de 23 noviembre, pasó a ser el art. 307 CP, al que se añaden los
actuales arts. 307 bis y 307 ter mediante Ley Orgánica 7/2012, de 27 diciembre.
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(13)
Ver Texto
Sobre este particular, dice la Exposición de Motivos: «I (…) La reforma que se lleva a cabo en los delitos
contra la Seguridad Social afecta al tipo básico para reducir la cuantía a partir de la cual la infracción es
constitutiva de delito y facilitar las regularizaciones. Con un esquema semejante al utilizado para la
regulación del delito fiscal, se introduce un tipo agravado que permite la persecución de tramas societarias
tras las cuales se oculta el verdadero empresario para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social de
sus trabajadores. Paralelamente, se introduce un tipo específico para la penalización de las defraudaciones
en prestaciones del Sistema de la Seguridad Social mediante un tratamiento penal diferenciado de la
obtención fraudulenta de ayudas y subvenciones que ofrece una respuesta eficaz frente a los supuestos de
fraude con grave quebranto para el patrimonio de la Seguridad Social. También en este caso se prevé un
tipo agravado con el que se hace frente a las nuevas formas de organización delictiva dedicadas a estas
actividades o propiciatorias de las mismas, empresas ficticias creadas con el único fin de obtener
prestaciones del Sistema» (…) También se refieren explicaciones en el apartado IV, que reproducimos en
el texto.
Ver Texto
Para cuestiones técnicas del Derecho de la Seguridad sobre financiación de la Seguridad Social, ver Tema
7 del libro Derecho de la Seguridad Social, dirigido por VILLA GIL, L.E., editorial Tirant lo Blanch, Valencia,
2004, pp. 209-231 y bibliografía allí citada. Más recientemente, VIDA SORIA, J., MONEREO PÉREZ, J.L.,
MOLINA NAVARRETE, C. y QUESADA SEGURA, R. Manual de la Seguridad Social, 8.ª edición, editorial
Tecnos, 2012.
Ver Texto
Cuyo tenor literal dice: «1. El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago
de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las
mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la
cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil
euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada
cuantía salvo que hubiere regularizado su situación ante la Seguridad Social en los términos del apartado 3
del presente artículo. La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación,
cuando ésta se acredite por otros hechos. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los
beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. 2. A los
efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior se estará al importe total defraudado
durante cuatro años naturales. 3. Se considerará regularizada la situación ante la Seguridad Social cuando
se haya procedido por el obligado frente a la Seguridad Social al completo reconocimiento y pago de la
deuda antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas a la
determinación de dichas deudas o, en caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de
que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aquél
dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan
tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. Asimismo, los efectos de la regularización
prevista en el párrafo anterior, resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas ante la Seguridad Social
una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa. La
regularización de la situación ante la Seguridad Social impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las
posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la
deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización
de su situación. 4. La existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no
paralizará el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda contraída con la
Seguridad Social, salvo que el Juez lo acuerde previa prestación de garantía. En el caso de que no se
pudiese prestar garantía en todo o en parte, el Juez, con carácter excepcional, podrá acordar la
suspensión con dispensa total o parcial de las garantías, en el caso de que apreciara que la ejecución
pudiera ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. La liquidación administrativa se ajustará
finalmente a lo que se decida en el proceso penal. 5. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado
frente a la Seguridad Social o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes
de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, satisfaga la deuda con la
Seguridad Social y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de
otros partícipes en el delito distintos del deudor a la Seguridad Social o del autor del delito, cuando
colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros
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responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación d e l
patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o de otros responsables del delito. 6. En los
procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la
responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la
Administración no haya liquidado por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora,
los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social que
las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio».
Ver Texto
Sobre las condiciones objetivas de punibilidad, en la doctrina española, por todos, véase MIR PUIG, S.
Derecho Penal. Parte General, 9.ª edición a cargo de GÓMEZ MARTÍN, V. editorial Reppertor, Barcelona,
2011, p. 143, quién señala que «afectan al carácter penal de la antijuricidad del hecho y de ellas depende,
pues, el injusto penal. La antijuricidad de un hecho no puede, ciertamente, condicionarse a que sea penal,
pero sin este carácter es evidente que no será penal (…). Puesto que el tipo penal es el concepto que sirve
para seleccionar los hechos que son penalmente relevantes, lo más oportuno parece incluir todos los
elementos que condicionan la objetiva punibilidad de un hecho —tanto si afectan a la gravedad del injusto,
como si obedecen a otras razones político criminales— en el tipo penal. Éste aparecerá, entonces, no sólo
como "tipo del injusto" sino como "tipo de injusto penal"». En la doctrina alemana, ROXIN, Claus, Derecho
Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del delito, traducción y notas de
Diego- LUZÓN PEÑA, Manuel, DÍAZ y GARCÍA CONLLEDO, Miguel y DE VICENTE REMESAL, Jesús, Civitas
(1997) y JESCHEK, Tratado de Derecho Penal. Parte General. Traducción y adiciones de Derecho español
por MIR PUIG, S. y MÚÑOZ CONDE, F., editorial Bosch, Barcelona, 1981 (2 volúmenes).
Ver Texto
Otras sentencias sobre el mismo delito, por orden cronológico, SSTS -2.ª- 725/2002, de 25 abril;
835/2003, de 10 junio; 571/2006, de 21 abril; 523/2006, de 19 mayo; 1017/2007, de 15 noviembre;
480/2009, de 22 mayo y 611/2009, de 27 octubre. Véase su resumen en el epígrafe 3 sobre Jurisprudencia
interpretativa de este trabajo.
Ver Texto
DE VICENTE MARTÍNEZ, R. Comentario al artículo 307, citado, p. 1196
Ver Texto
PAREDES RODRÍGUEZ, J.M., «La reforma del delito contra la Seguridad Social operada por la Ley
Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre», Revista Doctrinal Aranzadi Social n .o 4/2013, con cita de
BACIGALUPO, E. «La reforma del delito fiscal por la LO 7/2012», Diario LA LEY, n.o 8076, 6 mayo 2013.
Ver Texto
Ya nuestro clásico penalista, también catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Madrid, LUIS
SILVELA, en su obra El Derecho Penal estudiado en sus principios y en la legislación vigente en España,
Imprenta de T. Fortanet, Madrid, 1874, destacaba la prevención general del Derecho Penal como un
principio básico. Para mayor ilustración, véase en la doctrina española, MIR PUIG, S. Derecho Penal,
citado, pp. 81 y ss. que recuerda que el concepto de prevención general fue introducido en su sentido
moderno por Feuerbach y también por Filangieri y Bentham, aludiendo a la prevención frente a la
colectividad. «Concibe la pena como medio para evitar que surjan delincuentes en la sociedad».
Ver Texto
ABASCAL JUNQUERA, A. y ACÓN ORTEGO, «Los nuevos delitos contra la Hacienda Pública y contra la
Seguridad Social. La reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 diciembre Revista Sepín
penal», n.o 71, 2.º trimestre 2013, p. 17, alaban la decisión de política criminal del Gobierno al afirmar
que con esta reducción se equipara este delito con la estafa agravada del art. 250.1.5.º CP y con ello
desaparece el trato privilegiado de defraudaciones a la Seguridad Social en comparación con los fraudes a
particulares. También, sostienen que ello permite una mejor concordancia con las defraudaciones a la
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Hacienda y los presupuestos de la Unión Europea, ya que el Convenio relativo a la protección de los
intereses financieros de las Comunidades Europeas fija en 50.000 euros el montante defraudatorio.
Siguiendo el criterio de los autores, que se comparte, resulta más discriminatorio todavía no rebajar a
más de 50.000 euros la cuantía defraudada en el delito fiscal, como venimos denunciando, ya que, por un
lado, persiste la discriminación con entre la defraudación fiscal y la estafa privada y no se cumplen los
compromisos internacionales.
Ver Texto
El cual dice: «1. El delito contra la Seguridad Social será castigado con la pena de prisión de dos a seis
años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía cuando en la comisión del delito concurriera alguna de las
siguientes circunstancias: a) Que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones
indebidas exceda de ciento veinte mil euros. b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una
organización o de un grupo criminal. c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin
personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de
nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social
o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado
frente a la Seguridad Social o del responsable del delito. 2. A los supuestos descritos en el presente
artículo le serán de aplicación todas las restantes previsiones contenidas en el art. 307. 3. En estos casos,
además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la
Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años».
Ver Texto
Que dice: «1. Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad
Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado
mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el
deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena
de seis meses a tres años de prisión. Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios
empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, serán castigados
con una pena de multa del tanto al séxtuplo. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos
fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. 2. Cuando el valor de las
prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros o hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias a
que se refieren las letras b) o c) del apartado 1 del art. 307 bis, se impondrá una pena de prisión de dos a
seis años y multa del tanto al séxtuplo. En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al
responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años. 3. Quedará exento
de responsabilidad criminal en relación con las conductas descritas en los apartados anteriores el que
reintegre una cantidad equivalente al valor de la prestación recibida incrementada en un interés anual
equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que
las percibió, antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones de inspección y control en
relación con las mismas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el
Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, el Letrado de la Seguridad Social, o el representante de la
Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o
antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener
conocimiento formal de la iniciación de diligencias. La exención de responsabilidad penal contemplada en
el párrafo anterior alcanzará igualmente a dicho sujeto por las posibles falsedades instrumentales que,
exclusivamente en relación a las prestaciones defraudadas objeto de reintegro, el mismo pudiera haber
cometido con carácter previo a la regularización de su situación. 4. La existencia de un procedimiento
penal por alguno de los delitos de los apartados 1 y 2 de este artículo, no impedirá que la Administración
competente exija el reintegro por vía administrativa de las prestaciones indebidamente obtenidas. El
importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se
ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal. El procedimiento penal tampoco
paralizará la acción de cobro de la Administración competente, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas
al cobro salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las
actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere prestar garantía en todo o en
parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si
apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. 5. En los
procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y de la
responsabilidad civil, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la
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Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio. 6. Resultará aplicable a
los supuestos regulados en este artículo lo dispuesto en el apartado 5 del art. 307 del Código Penal».
Ver Texto
Este principio tiene sus interpretaciones. Resulta orientado hacia el legislador para que tipifique
penalmente las infracciones más intolerables a las normas de la convivencia social, protegiendo los bienes
jurídicos más importantes. Pero, en algunos ámbitos, como el que referimos, parece no cumplirse esta
máxima, ya que se criminalizan conductas que bien podrían seguir en el ámbito administrativo
sancionador, atendido el valor de la defraudación, que el tipo penal no fija en cuantía mínima. Por otro
lado, se ha demostrado que cuando el legislador ha ampliado el Derecho Penal, sobre todo en el ámbito
de la delincuencia económica o que afectan a bienes jurídicos colectivos, la eficacia en la lucha contra
estos fenómenos es superior, por lo que la modulación del principio de intervención mínima precisa estas
matizaciones, que depende de lo que en una sociedad determinada se entienda por «conducta socialmente
intolerable» «bienes jurídicos más importantes». Más opiniones sobre este principio y su praxis judicial en
VILLEGAS FERNÁNDEZ, J.M. «¿Qué es el principio de intervención mínima?», en Revista Internauta de
Práctica Jurídica, n.o 23, año 2009, pp. 1-10, link
http://www.ripj.com/art_jcos/art_jcos/num23/Principio.pdf
Ver Texto
PAREDES RODRÍGUEZ, J.M., «La reforma…», citado.
Ver Texto
ABASCAL JUNQUERA, A. y ACÓN ORTEGO, «Los nuevos delitos contra la Hacienda Pública y contra la
Seguridad Social. La reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 diciembre», citado, p.
21, señalan: «Lo más llamativo de este nuevo precepto es que, a diferencia de los restantes de fraude
fiscal, no establece cuantías mínimas para considerar el hecho como delictivo. Y por ello ha sido
duramente criticado, por entender que puede suponer la criminalización de trabajadores o pensionistas
que hayan obtenido prestaciones indebidas de la Seguridad Social». Esto no obstante, los autores citados
justifican la reforma en base a un supuesto doble bien jurídico protegido en los delitos contra la Seguridad
Social al señalar que se protege no solo los presupuestos de la Seguridad Social sino que también los
intereses de los posibles beneficiarios del sistema, que pueden ver lesionada su legítima expectativa al
cobro de prestaciones. No compartimos este doble bien jurídico protegido, ya que la jurisprudencia ha
establecido claramente que el bien jurídico protegido es la función recaudatoria de la Seguridad Social
precisamente para cumplir sus fines, entre los que se encuentran básicamente atender a las prestaciones
(cfr. STS -2.ª- 18 noviembre 1997, ya citada), por tanto referirse a los intereses de los beneficiarios de las
prestaciones es reiterativo al único bien jurídico protegido, ya que sus intereses vienen contemplados en
la función recaudatoria: sin ingresos no puede haber gastos.
Ver Texto
Todo ello, al margen de la despenalización de las faltas que se contemplaba en el Proyecto de Ley de
reforma del Código Penal aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 20 septiembre 2013,
publicado en el BOCG del Congreso de los Diputados n.o A-66-1 de 4 octubre 2013 y que se consagró
mediante la reforma del CP a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 marzo. Sobre esta cuestión, véase
DOLZ LAGO, M.J. «¿Despenalización de las faltas o cambio de etiquetas?», en Revista Foro FICP
(Fundación Internacional de Ciencias Penales), dirigida por LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel, catedrático de
Derecho Penal de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 2013-3 (diciembre 2013), pp. 8-12.
Ver Texto
Recuérdese, a estos efectos, con independencia de otras resoluciones que no son del caso detallar, que a
la casación penal, antes de la reforma procesal de los arts. 847, 848 y 849 LECrim operada por Ley
41/2015, de 5 octubre —BOE del 6— en vigor el 6 diciembre 2015, sólo llegaban sentencias dictadas en
única instancia por las Audiencias Provinciales y en única o segunda instancia por los Tribunales Superiores
de Justicia ex art. 847 LECrim en relación con el art. 57.1 LOPJ. Las competencias penales de las
Audiencias Provinciales en única instancia abarcan delitos cuyas penas excedan los cinco años de prisión,
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(28)
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quedando reservada al Juez de lo Penal los delitos con pena inferior a cinco años de prisión (cfr. art. 82.1.1
LOPJ en relación con arts. 14.3 y 4 LECrim). Los delitos conexos se rigen por el art. 17 LECrim, también
modificado por la Ley 41/2015 citada. Las competencias penales de los Tribunales Superiores de Justicia
en única instancia, según los respectivos Estatutos de Autonomía, se centran básicamente en delitos
cometidos por aforados comunitarios y en segunda instancia, de recursos de apelación contra sentencias
dictadas por Jurado (cfr. art. 74.3 LOPJ), el cual, a su vez, tiene fijada su competencia en el art. 1 de la
Ley Orgánica 5/1995, de 22 mayo, del Tribunal de Jurado, concorde con el art. 14.4.segundo párrafo
LECrim, que no comprende el delito de defraudación a la Seguridad Social. En principio, tampoco cabría
revisar este delito en el TS a través de recursos de casación interpuestos contra sentencias de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional, dadas sus competencias ex art. 65 LOPJ, salvo extraterritorialidad y/o
conexidad. Sobre resoluciones recurribles en casación penal existe abundante bibliografía. A efectos
prácticos, véase MAZA MARTÍN, J.M. en la obra coordinada por él, MAZA MARTÍN, J.M., BERDUGO GÓMEZ
DE LA TORRE, J.R. y DE URBANO CASTRILLO, E. Casación penal práctica, editorial Bosch, 2013, pp. 51 y
ss. Tras la reforma procesal citada operada por Ley 41/2015, hay que precisar lo siguiente: 1) Se
generaliza el recurso de casación por infracción de ley para las sentencias dictadas en apelación por las
AAPP y por la Sala de lo Penal de la AN, si bien acotado al motivo primero del art. 849 LECrim, y
reservando el resto de los motivos para los delitos de mayor gravedad.; 2) Se excluyen del recurso de
casación las sentencias que no sean definitivas, esto es, aquellas que se limiten a declarar la nulidad de las
resoluciones recaídas en primera instancia; 3) Se instituye la posibilidad de que el recurso contra
sentencias dictadas en apelación por las AAPP o por la Sala de lo Penal de la AN pueda ser inadmitido a
trámite mediante providencia «sucintamente motivada» por unanimidad de los componentes de la Sala
cuando carezca de interés casacional. A efectos de determinar la existencia de ese interés deberán
tomarse en consideración diversos aspectos, entre otros, los siguientes: si la sentencia recurrida se opone
abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, si resuelve cuestiones sobre las
que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, o si aplica normas que no lleven
más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiere una doctrina jurisprudencial del
Tribunal Supremo ya consolidada relativa a las normas anteriores de igual o similar contenido. Sobre este
extremo, véase Acuerdo del Pleno de la Sala 2.ª del TS de fecha 9 junio 2016 sobre unificación de criterios
sobre el alcance de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, en el ámbito del recurso de
casación.
Ver Texto
Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 19, julio/septiembre 1995, págs. 97 a 109, Madrid
Ver Texto
Así citábamos la memoria de la FGE 1995, que daba cuenta de una macrocausa por fraude a la Seguridad
Social en Barcelona por impago de cuotas patronales mediante la manipulación de los requerimientos de
pago y certificados de descubiertos emitidos por la Oficina Delegada de la Inspección de trabajo (ODIT),
rebajando las bases liquidables y las correspondientes cuotas a un 50 %, en la que estaban implicados
Inspectores de trabajo, gestores, graduados sociales y directivos de unas 150 empresas, provocando un
perjuicio total de 2.500.000.000´- ptas. Al tiempo que recordábamos que el origen de la intervención
penal en materia laboral va vinculada a las necesarias reacciones frente a la explotación laboral, como
señalaba la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Supremo en el año 1968, lo que motivó que con
posterioridad se introdujera el delito contra la libertad y seguridad en el trabajo del art. 499 bis CP
mediante Ley 15 noviembre 1971, a la vista de los graves incidentes laborales producidos en Granada en
el año 1970, en los que murieron varios trabajadores a manos de las fuerzas del orden.
Ver Texto
Que prácticamente se corresponde con el del art. 349 bis CP introducido mediante L.O. 6/95, de 29 junio,
pocos meses antes del art. 307 CP según reforma del CP mediante L.O. 10/95, de 23 noviembre. Lo que
hace que la jurisprudencia interpretativa tenga en cuenta en el art. 307 CP/95 y no el art. 349 bis CP/73,
de escasa vigencia al ser sustituido en poco tiempo por el art. 307 CP/1995. La STS -2.ª- 625/2015, de 22
diciembre, en su FJ 34, se refiere a la DT 1.ª del CP 1995 en relación con el art. 349 bis que fue sustituido
por el art. 307 CP/95.
Ver Texto
El texto vigente para esta jurisprudencia era el siguiente: «1.El que, por acción u omisión, defraude a la
Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo
indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo
de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones
indebidas exceda de 120.000 euros será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del
tanto al séxtuplo de la citada cuantía.
Las penas señaladas en el párrafo anterior se aplicarán en su mitad superior cuando la defraudación se
cometa concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
a) La utilización de persona o personas interpuestas de manera que quede oculta la
identidad del verdadero obligado frente a la Seguridad Social.
b) La especial trascendencia y gravedad de la defraudación atendiendo al importe de lo
defraudado o a la existencia de una estructura organizativa que afecte o pueda afectar a
una pluralidad de obligados frente a la Seguridad Social.
2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior, se estará a lo defraudado en
cada liquidación, devolución o deducción, refiriéndose al año natural el importe de lo defraudado cuando
aquéllas correspondan a un período inferior a doce meses.
3. Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación ante la Seguridad Social, en
relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya
notificado la iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas a la determinación de dichas deudas o, en caso
de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la
Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aquél dirigida.
La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a dicho
sujeto por las posibles falsedades instrumentares que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de
regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación».
Apartado 1 redactado por art. único centésimo duodécimo LO 15/2003 de 25 noviembre. En la redacción
anterior, vigente desde el 24 de mayo de 1996 al 30 de septiembre de 2004, el apartado 1 rezaba lo
siguiente: «El que por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social para eludir el pago de las cuotas
de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obtener indebidamente devoluciones de las mismas o
disfrutar de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida y con ánimo fraudulento,
siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de
quince millones de pesetas será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al
séxtuplo de la citada cuantía.
Las penas señaladas en el párrafo anterior se aplicarán en su mitad superior cuando la defraudación se
cometa concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
a) La utilización de persona o personas interpuestas de manera que quede oculta la
identidad del verdadero obligado frente a la Seguridad Social.
b) La especial trascendencia y gravedad de la defraudación atendiendo al importe de lo
defraudado o a la existencia de una estructura organizativa que afecte o pueda afectar a
una pluralidad de obligados frente a la Seguridad Social».
Ver Texto

domingo, 3 de septiembre de 2017

9 de septiembre, Extremadura de la emigración al retorno

Ya comenzamos la nueva temporada.

Han sido varias las conferencias de temática extremeña que he ofrecido en diversos Centros. He hablado sobre Espronceda, Carolina Coronado, Luis Chamizo, Gabriel y Galán,...

En esta ocasión, voy a tratar un tema interesante. El título de la charla va a ser: Extremadura, de la emigración al retorno.

El acto tendrá lugar en el Centro extremeño de Pamplona el sábado nueve de septiembre a la una de la tarde.

 

jueves, 31 de agosto de 2017

lo que la prensa ha dicho



http://www.navarrainformacion.es/2017/08/13/la-flecha-me-asigno-cupido-nueva-obra-del-navarro-jose-andres-alvaro/
‘La flecha que me asignó Cupido’ nueva obra del navarro José Andrés Álvaro
El escritor navarro José Andrés Alvaro Ocáriz nos presenta un nuevo libro con Antonio Machado y su ‘Retrato’ de protagonista
 La flecha que me asignó Cupido, que da título a esta obra, es parte de un verso del poema de Antonio Machado titulado Retrato. El poeta sevillano recibió la flecha que Cupido le tenía asignada y se enamoró de Soria y de la joven Leonor.
En el libro van a poder leer esa historia de amor entre Leonor Izquierdo y Antonio Machado, que es una de las más conmovedoras de nuestra Literatura. Y también otra historia de amor, distinta pero no menos real, la que unió a Antonio Machado con las tierras sorianas y, por extensión, con las tierras de Castilla.
No sólo Antonio Machado sintió esa atracción hacia Soria, sino que muchos autores, a lo largo de nuestra Literatura, han sentido la llamada de las tierras sorianas.   Desde los juglares sorianos que compusieron la primera obra de nuestra Literatura, el Poema de Mio Cid, hasta autores como Gustavo Adolfo Bécquer, Dionisio Ridruejo, Gerardo Diego o Blas de Otero. Por ello, en este libro aparecerán muchos de los poemas que las tierras sorianas les inspiraron.
Este libro supone, en definitiva, un recorrido por la geografía espiritual de este rincón de Castilla que uno no puede ni imaginársela si no ha tenido la suerte de conocerla.
El autor realizó los estudios de Magisterio con la especialidad de Filología Francesa y posee la Licenciatura en Filología Hispánica. Ha impartido la docencia durante veinticinco años en diversos colegios e institutos de Aragón, Barcelona, Navarra y País Vasco. En la actualidad, ha creado el sello editorial Desiréediciones y dirige la Asociación Cultural Literatura y Sociedad, donde han puesto en marcha el proyecto Libro Solidario.
A su labor docente se suma su trabajo como divulgador cultural.  Ha escrito, de momento, siete libros, ha formado parte de jurados de premios literarios y, en estos últimos años ha ofrecido, unas doscientas conferencias y recitales poéticos tanto a nivel nacional como internacional.
Además, según el autor al comprar un ejemplar de este libro, se colaboras en el proyecto LIBRO SOLIDARIO de la Asociación Cultural Literatura y Sociedad, y se permite que chicos y chicas que, de otra manera no tendrían posibilidades de forjarse un futuro,  puedan recibir una educación que les permita actuar en la vida como hombres y mujeres conscientes de sus derechos y deberes.
Obras del autor
Celaya esencial (2011), Antonio Tovar, el filólogo que encontró el idioma de la paz (2013), Luis Mariano, cien años cent ans (2014), El Gran Capitán (2015), Sebastián Iradier (2016) El Madrid de Blas de Otero (2016)


‘La fecha que me asignó cupido’, un libro sobre los dos amores de Machado

Tras Celaya esencial (2011), Antonio Tovar, el filólogo que encontró el idioma de la paz (2013), Luis Mariano, cien años cent ans (2014), El Gran Capitán (2015), Sebastián Iradier (2016) El Madrid de Blas de Otero (2016), José Andrés Alvaro Ocáriz (San Sebastián) presenta un nuevo libro. La flecha que me asignó cupido, que da título a esta obra, es parte de un verso del poema de Antonio Machado titulado retrato. El libro cuenta la historia de amor entre Leonor Izquierdo y Antonio Machado, que es una de las más conmovedoras de la literatura, como explica el autor, y también otra historia de amor, distinta pero no menos real, la que unió a Antonio Machado con las tierras sorianas y, por extensión, con las tierras de Castilla. Saldrá a la venta el 10 de agosto.
“No sólo Antonio Machado sintió esa atracción hacia Soria, sino que muchos autores, a lo largo de nuestra Literatura, han sentido la llamada de las tierras sorianas. Desde los juglares sorianos que compusieron la primera obra de nuestra Literatura, el Poema de Mio Cid, hasta autores como Gustavo Adolfo Bécquer, Dionisio Ridruejo, Gerardo Diego o Blas de Otero. Por ello, en este libro aparecerán muchos de los poemas que las tierras sorianas les inspiraron”, explica Ocáriz


http://www.larioja.com/planes/presentaciones-jornada-lunes-20170813132207-nt.html
Poesía desde las 19.30 horas
En la librería Santos Ochoa de Logroño (19.30 horas) se va a producir una aproximación a la poesía y vida íntima de Anonio Machado. El encargado de guiar la charla con la presentación de los libros 'La flecha que me asignó Cupido' (Desiréediciones) es José Andrés Álvaro Ocariz.
José Andrés Alvaro Ocáriz nació en San Sebastián. Realizó los estudios de Magisterio con la especialidad de Filología Francesa y posee la Licenciatura en Filología Hispánica. Ha impartido la docencia durante veinticinco años en diversos colegios e institutos de Aragón, Barcelona, Navarra y País Vasco. A su labor docente se suma su trabajo como divulgador cultural. Ha escrito varios libros, ha formado parte de jurados de premios literarios y, en estos últimos años ha ofrecido, unas ciento setenta conferencias y recitales poéticos tanto a nivel nacional como internacional.
Antonio Machado (Sevilla, 1875-Collioure, 1939) Doctor en Filosofía y letras, fue catedrático de francés en los Institutos de Soria, Segovia, Baeza y Madrid. En 1927 fue elegido Académico de la Real Española, cuyo discurso de ingreso no pronunció nunca. Es considerado como uno de los grandes poetas de la lengua castellana. Su vasta obra poética se caracteriza por la sencillez y precisión en el lenguaje. Cantó a la tierra, al mar, a los olivos, y en diversos tonos a la gloria del amor. En su poesía se refleja la visión dolida de su patria y la recreación de la belleza que encierran las pequeñas cosas. Entre sus obras publicadas se destacan Soledades, galerías y otros poemas en 1903, Campos de Castilla en 1912, Nuevas canciones en 1925 y La guerra en 1938. (AMEDIAVOZ)
http://www.lavanguardia.com/local/la-rioja/20170813/43549915406/conversacion-recital-y-presentacion-de-la-flecha-que-me-asigno-cupido-este-lunes-en-el-xiii-agosto-clandestino.html



Conversación, recital y presentación de 'La flecha que me asignó Cupido', este lunes en el XIII Agosto Clandestino

  • Este lunes, 14 de agosto, la XIII edición de 'Agosto Clandestino' ofrece conversación, recital y presentación del libro 'La flecha que me asignó Cupido' (Desiréediciones) de José Andrés Álvaro Ocariz. Se trata de una oportunidad de acercarse a la vida íntima de Antonio Machado. La cita tendrá lugar a partir de las 22,30 horas en El Dorado Café Bar de Logroño.
13/08/2017 13:47
LOGROÑO, 13 (EUROPA PRESS)
Este lunes, 14 de agosto, la XIII edición de 'Agosto Clandestino' ofrece conversación, recital y presentación del libro 'La flecha que me asignó Cupido' (Desiréediciones) de José Andrés Álvaro Ocariz. Se trata de una oportunidad de acercarse a la vida íntima de Antonio Machado. La cita tendrá lugar a partir de las 22,30 horas en El Dorado Café Bar de Logroño.
José Andrés Alvaro Ocáriz nació en San Sebastián. Realizó los estudios de Magisterio con la especialidad de Filología Francesa y posee la Licenciatura en Filología Hispánica. Ha impartido la docencia durante veinticinco años en diversos colegios e institutos de Aragón, Barcelona, Navarra y País Vasco. A su labor docente se suma su trabajo como divulgador cultural. Ha escrito varios libros, ha formado parte de jurados de premios literarios y, en estos últimos años ha ofrecido, unas ciento setenta conferencias y recitales poéticos tanto a nivel nacional como internacional.
Antonio Machado (Sevilla, 1875-Collioure, 1939) Doctor en Filosofía y letras, fue catedrático de francés en los Institutos de Soria, Segovia, Baeza y Madrid. En 1927 fue elegido Académico de la Real Española, cuyo discurso de ingreso no pronunció nunca. Es considerado como uno de los grandes poetas de la lengua castellana. Su vasta obra poética se caracteriza por la sencillez y precisión en el lenguaje. Cantó a la tierra, al mar, a los olivos, y en diversos tonos a la gloria del amor.
En su poesía se refleja la visión dolida de su patria y la recreación de la belleza que encierran las pequeñas cosas. Entre sus obras publicadas se destacan Soledades, galerías y otros poemas en 1903, Campos de Castilla en 1912, Nuevas canciones en 1925 y La guerra en 1938. (AMEDIAVOZ)


Noticias de Navarra, 22 de agosto de 2017

La flecha que me asignó Cupido’, última obra de José Andrés Álvaro Ocáriz

El navarro describe la historia de amor que sentía Antonio Machado por la joven Leonor y por las tierras de Castilla
Martes, 22 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:10h
Pamplona - El escritor navarro José Andrés Álvaro Ocáriz presenta su última obra, La flecha que me asignó Cupido, cuyo título es parte de un verso del poema de Antonio Machado titulado Retrato. El poeta sevillano recibió la flecha que Cupido le tenía asignada y se enamoró de Soria y de la joven Leonor.
En el último libro editado de Álvaro Ocáriz se narra la historia de amor entre Leonor Izquierdo y Antonio Machado, que “es una de las más conmovedoras de nuestra literatura”, según declara el propio autor navarro. También hay lugar para otro relato de amor, distinto pero no menos real: el que unió a Antonio Machado con las tierras sorianas y, por extensión, con las tierras de Castilla.
El libro supone un recorrido por la geografía espiritual de este rincón de Castilla que inspiró a autores como Gustavo Adolfo Bécquer, Dionisio Ridruejo, Gerardo Diego o Blas de Otero, o incluso el propio Cantar de Mio Cid. - D.N.