sábado, 10 de junio de 2017

Caso regalos a políticos. Delito de cohecho

Caso regalos a políticos. Delito de cohecho
impropio del artículo 422 CP

Manuel-Jesús DOLZ LAGO
Fiscal del Tribunal Supremo
Resumen
Necesaria acreditación entre el regalo y el potencial condicionamiento en
el desempeño del cargo público. Archivo a limine de l a c a u s a s i n
investigar.
IDENTIFICACIÓN
TS Sala Segunda, de lo Penal Auto 17 Mar. 2017. (Causa especial 21024/2016). Ponente: Palomo
Del Arco, Andrés
RESUMEN DE LA PARTE DISPOSITIVA
El auto archiva a limine las actuaciones, sin practicar ninguna diligencia de investigación.
DISPOSICIONES APLICADAS
Art. 422 CP.
ANTECEDENTES DE HECHO
En el caso concreto, el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Lugo, remite a la Sala exposición
razonada. En ella se expone que en el marco de las Diligencias Previas 4493/2013, en el que se
investigan varios hechos presuntamente delictivos atribuidos a R. L. L., administrador y propietario
del grupo M., así como de varias empresas dedicadas al transporte de viajeros por carretera, se
dictó auto de 3/3/2015 donde se acordó la formación de once piezas y posteriormente en el curso
de la investigación principal, concretamente el 10/12/2015, Vigilancia Aduanera presentó
«Informe sobre los regalos entregados por el grupo empresarial M. a distintas autoridades o
personas relevantes», dando lugar tras la práctica de diligencias de instrucción que desembocaron
en la formación de la pieza separada n.o 12, diligencias previas 90/2016 incoadas por auto de
22/01/2016 «donde se seguiría la investigación de todos aquellos actos consistentes en la
recepción de regalos por autoridades y funcionarios públicos, que no fueran vinculados a la
realización del acto o resolución, sin ningún tipo de favorecimiento, lo que constituiría un delito de
cohecho de facilitación del art. 422 del Código Penal. Si bien, dado el elevado número de sujetos
perceptores de tales regalos y obsequios, tomando en consideración igualmente los diferentes
importes de dichos obsequios así como las circunstancias concurrentes, por auto de fecha 21 de
octubre de 2016 recaído en tales Diligencias Previas, copia del cual se adjunta, se tomó la
determinación de fijar un límite económico mínimo, entendiendo que por debajo de dicho umbral,
la recepción de regalos, aun siendo un hecho reprobable moralmente no alcanzaría a revestir
relevancia penal, recurriendo al criterio cuantitativo que marca la diferencia entre los delitos leves
y menos leves, de tal modo que si el importe del regalo no sobrepasara los 400 euros la acción
sería atípica y si sobrepasa dicha cantidad merecería el reproche penal, considerando que todo
regalo que exceda de esta suma, va más allá de los usos sociales y de los valores habituales así
como de lo que puede ser interpretado como regalo de mera cortesía, con capacidad para turbar la
imparcialidad y la probidad de los funcionarios y autoridades... entre los destinatarios de lotes de
regalos enviados por el empresario R. J. L. L., se encuentran las siguientes autoridades que gozan
de la condición de aforados: D. J. B. L., D. J. M. B. F. y D. J. A. de las H. M. En efecto, según consta
en las actuaciones, los citados habrían percibido los siguientes regalos: (…)»
DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO
La doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia, se expresa en los siguientes fundamentos
jurídicos:
«TERCERO.- La exposición razonada refiere que R. J. L. L. ha implantado desde hace años "...una
política empresarial consistente en la realización de envíos, con periodicidad anual, de obsequios
de elevado importe, que en algunos casos pudieran ir más allá de los usos socialmente admitidos, a
un amplio número de autoridades y funcionarios públicos, pertenecientes a d i s t i n t a s
Administraciones Públicas con competencia en materia de transportes, con la finalidad de propiciar
una buena relación entre el grupo empresarial que dirige y las distintas Administraciones Públicas
y de esta manera obtener más ventajas y facilidades en la consecución y adjudicación de contratos
y servicios, sin perjuicio de otras finalidades... Por ello entiende que los hechos podrían revestir la
naturaleza de varios delitos de cohecho previstos en el art. 422 del CP como consecuencia de la
recepción de regalos por autoridades y funcionarios públicos, que no estuvieran vinculados con la
realización de un acto o resolución, ni con ningún otro tipo de favorecimiento"...».
El delito del art. 422 del CP exige la concurrencia de una serie de elementos para la afirmación del
tipo. Así en la STS 323/2013 de 23 de abril, recurso de Casación 424/2012, decíamos:
«...a) el ejercicio de funciones públicas por parte del sujeto activo. b) la aceptación por éste de
dádiva o regalo. c) una conexión causal entre la entrega de esa dádiva o regalo y el oficio público
del funcionario.
La expresa utilización del término dádiva, añadiendo el vocablo regalo, es bien elocuente del deseo
legislativo de despejar cualquier duda acerca de la innecesariedad de un significado retributivo, por
actos concretos, que inspire la entrega del presente con el que se quiere obsequiar al funcionario
receptor. De ahí que no falten voces en la doctrina que adjudican al art. 426 la naturaleza de delito
de peligro abstracto, idea presente en algunos de los pronunciamientos de esta Sala, como la STS
361/1998, 16 de marzo, en la que se afirma que mediante la incriminación de esa conducta se
"...protege la imagen del Estado de Derecho en el sentido de preservar la confianza publica en que
los funcionarios ejercen sus funciones sometidos al imperio de la ley".
1) Para la afirmación del tipo es necesaria una conexión causal entre la entrega de la dádiva o
regalo y el oficio público del funcionario, de tal forma que la entrega se realice por causa de la
simple consideración a la función que desempeña la autoridad o funcionario. Por ello es
conveniente insistir en que no se exige del funcionario o autoridad la ejecución u omisión de un
acto relativo al ejercicio de su cargo sino que basta que el regalo sea ofrecido en consideración a
su función.
La necesidad de este enlace causal entre la entrega del obsequio y el carácter publico del receptor
se expresa con elocuencia cuando se precisa que el termino "en consideración a su función" debe
interpretarse en el sentido de que la razón o motivo del regalo ofrecido y aceptado sea la condición
de autoridad o funcionario de la persona, esto es, que solo por la especial posición y poder que el
cargo público desempeñado le otorga, le ha sido ofrecida la dádiva, el objeto del delito, de tal
forma que si de algún modo dicha función no fuese desempeñada por el sujeto activo, el particular
no se hubiera dirigido a él ofreciéndole aquella.
Los objetivos del particular que ofrece dádivas o regalos en consideración a la función, en general,
están vinculados, hablando de manera coloquial, al "engrasamiento" general de la maquinaria
burocrática administrativa por la vía del agradecimiento o complacencia d e l a a u t o r i d a d o
funcionario que la recibe.
Si, evidentemente, el regalo se presenta y acepta no en consideración a la función desempeñada
por la autoridad o funcionario, sino, en virtud, por ejemplo de relaciones familiares o amistosas, la
acción quedaría fuera del perímetro típico del art. 426 CP. 1995, con independencia a la dificultad
en la práctica de distinguir cuando el regalo se ha hecho por meras relaciones amistosas y no en
consideración a la función.
2) Por regalo habría que entender objeto de valor material (económico) más o menos grande "pero
suficiente para descartar toda idea de afección" independiente del valor económico del regalo, lo
fundamental para este sector doctrinal es que las circunstancias se hagan desechar toda idea de
afecto, inclinación o apego, si estas fueran descartables, cualquiera que sea el valor de la cosa —
siempre que la tuviera— bastaría para que fuera aplicable la máxima de que la "justicia o ofende
etiam uno nummo" (aún por un solo céntimo).
Otros autores señalan, sin embargo, que en caso de regalos cuya cuantía sea moderada o de lo que
en los usos sociales se consideran forma habitual de relación amistosa, el precepto no debiera ser
aplicado por más que el regalo se realice en consideración a su función por faltar la voluntad de
corromper, no pudiendo hablarse de tales supuestos de retribución por un acto del cargo sino de
pequeños obsequios hechos a titulo de mera cortesía.
En este sentido parece, en efecto, ilógico estimar que un regalo de ínfimo valor pueda influir en el
cumplimiento de los deberes del funcionario o autoridad, a tal respecto deben tenerse presente las
exigencias de la adecuación social, conforme a las cuales conducta socialmente adecuada es la
conducta tolerable en la sociedad, porque se la estima normal en un determinado orden social
histórico; la conducta socialmente tolerada no constituye una acción ejemplar o plausible, sino que
se limita a representar un comportamiento no sujeto a reprobación social.
En este ámbito de los usos y costumbres sociales la STS. 362/2008 de 13.6, reconoce que no es
tarea fácil la delimitación del alcance del delito de cohecho pasivo impropio del art. 426 CP , a la
hora de decidir la relevancia típica de determinadas acciones. La existencia de módulos sociales
generalmente admitidos en los que la aceptación de regalos o actos de cortesía forma parte de la
normalidad de las relaciones personales, obligan a un esfuerzo para discernir cuándo determinados
obsequios adquieren carácter típico y cuando, por el contrario, pueden inscribirse en el marco de la
adecuación social.
Como formula orientadora, algún autor considera que puede considerarse, por ejemplo, lo recogido
en el art. 54.6 Ley 7/2007 de 12.4, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) al incluir,
entre los deberes de los empleados públicos, el siguiente principio de conducta "se rechazará
cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos
habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. Formula esta
anticipada en el denominado Código del Buen Gobierno de los miembros del Gobierno, los altos
cargos de la Administración del Estado, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de
18.2.2005, en el número 6 del apartado 3 (Principios de conducta) del Código puede leerse:
‘6. se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de
los usos habituales, sociales y de cortesía o prestamos u otras prestaciones económicas que puedan
condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal’."
En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporan al patrimonio
del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003 de 3.11 del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.
3) Y en orden a la fundamentación de la culpabilidad debe exigirse que el sujeto activo se
comporte dolosamente para responder por la realización del supuesto típico: el funcionario o
autoridad ha de poseer la voluntad libre y consciente de aceptar los regalos con conciencia o en la
convicción de que éstos le son presentados por razón de su cargo...».
«CUARTO.- Aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa, los hechos descritos en la
exposición no permiten su subsunción en el delito de cohecho impropio del art. 422 del CP, se trata
d e r e g a l o s n a v i d e ñ o s ( b o t e l l a s d e v i n o ) q u e r e s p o n d e n a a c t o s d e c o r t e s í a y q u e n o
comprometieron la imparcialidad de los aforados en el ejercicio de las funciones públicas. Tampoco
existe total conexión entre la función desempeñada por la autoridad y la actividad a la que se
dedica el empresario que hace el regalo navideño, y en ningún caso la finalidad del regalo, botellas
de vino, fuera para obtener la complacencia de la autoridad para favorecer los intereses del
empresario.
Así, en relación con el aforado Sr. B. L., el primer regalo, del que se desconoce su contenido y valor,
lo recibe en el año 2008 cuando es Diputado de las Cortes Generales, sin que en ese momento
dentro de su área de influencia se encuentre el transporte de viajeros por carretera. Siendo
Ministerio de Fomento, recibió en los años 2010 y 2011 regalos del grupo M., grupo que antes y
después de ser Ministro de Fomento el aforado, había sido adjudicataria de contratos licitados por
las entidades empresariales AENA, RENFE y FEVE. Y por último en el año 2012, con independencia
de que devolviera el regalo, el Sr. B. era Vicepresidente de una Comisión del Congreso sobre
asuntos o materias ajenas a todo lo relacionado con el transporte.
En relación al Sr. de las H. M., el único regalo que recibe nueve meses después de haberse
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara la autorización a la empresa TRAPSA para
que cediera a la empresa AULUSA todos los derechos y obligaciones que ésta tenía como
concesionaria de los autobuses urbanos, sin que, consten los motivos de esa cesión, pero que no
pueden descartarse que se debiera a las dificultades financieras o estructurales de la mercantil
TRAPSA para cumplir con la concesión del transporte. Dato relevante de que el regalo n o
predispuso favorablemente a la autoridad, fue que al año siguiente no le fue renovada la concesión
a AULUSA.
Y, por último, ninguna conexión causal existe entre la entrega de los regalos y el cargo que
ocupaba D. J. M. B. F. como portavoz en el Ayuntamiento y Diputación de Lugo.
Además, la naturaleza de los regalos entregados, botellas de vino, y su valor no puede
considerarse excesiva, ya que se encuentra dentro del marco de la adecuación social en los regalos
navideños y carece de entidad para influir en el ejercicio de la función pública y no existen indicios
de la relación causal exigida por el tipo penal, más allá de la relación evidente de que los aforados
eran cargos públicos cuando se remitieron las botellas de vino (ver auto de 1/6/07, causa especial
20637/2006, auto de 3/1/11, causa especial 20683/2010, auto de 24/7/2013, causa especial
20473/2013 y auto de 21/5/2015, causa especial 20309/2015). Y por último decir que la
pretensión de la Magistrada-Juez, de que esta Sala fije una cuantía para establecer la diferencia
entre el ilícito penal y el reproche ético, sin atender a las circunstancias concurrentes, carece de
sentido, pues lo relevante es que pueda condicionar el desempeño del cargo.
En consecuencia, procede de una parte, admitir la competencia para el conocimiento de los hechos
contenidos en la exposición razonada y de otra, como propugna el Ministerio Fiscal en la instancia
y ante esta Sala, archivar las actuaciones por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal
alguno».
COMENTARIO FINAL
Mostramos nuestra respetuosa discrepancia, tanto con la posición del Ministerio Fiscal como de la
Sala 2.ª TS, en esta causa.
Al contrario de lo acordado, entendemos que los hechos denunciados en la exposición razonada del
Juzgado de Instrucción n.o 1 Lugo merecían la instrucción de un procedimiento penal contra los
aforados denunciados por el delito de cohecho del art. 422 CP.
Precisamente, para acreditar o no lo que el auto dice, sin practicar una sola diligencia de
investigación, que no está acreditado.
Es decir, por el órgano judicial instructor competente, que es la Sala 2.ª TS, mediante la
investigación oportuna, debería acreditarse o no la relación entre los regalos recibidos y el
desempeño del cargo de los aforados, los cuales nadie niega reciben estos regalos en consideración
a su cargo. Cargos que se encuentran indudablemente en el ámbito de las competencias
administrativas sobre el sector donde el empresario ejerce su actividad económica.
Archivar sin investigar bajo el pretexto de que no está acreditado lo que resultaría de una
investigación, no es coherente ni lógico, ya que primero se investiga y después se archiva o no.
Esa es la secuencia racional y no la inversa.
Dicho lo anterior en el plano procesal, desde el punto de vista sustantivo, se dirimía si nos
encontramos ante el delito de cohecho impropio del art. 422 CP/2010, antes art. 426 CP/95, que
castiga «a la autoridad o funcionario público que en provecho propio o de terceros, admitiera por si
o por persona interpuesta, dádiva o regalo, que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o
función», sobre el que apenas hay jurisprudencia, ¿por qué será?
Sobre el antiguo art. 426 CP, véase STS 478/2010, de 17 mayo (Saavedra-La Ley 49094/2010).
Caso de los trajes de Camps, que revocó el sobreseimiento libre y ordenó la continuación del
procedimiento.
El análisis del delito exige examinar sus elementos objetivos y subjetivos.
En cuanto al tipo objetivo, no hay duda que se cumplían los requisitos del sujeto activo. Estábamos
ante autoridades tan relevantes como un ministro de Fomento y otras con competencias en la
actividad económica del empresario que efectuó los regalos. Por cierto, recuérdese que el aforado
entonces ministro de Fomento, a día de hoy, mantiene una causa especial, la 3/20734/2011, por
delitos de cohecho y tráfico de influencias, sobreseída provisionalmente en la Sala 2.ª TS mediante
el auto de 18 julio 2013, no compartido por la Fiscalía del TS.
También se cumplían los requisitos de la conducta típica.
Se efectuó el regalo —regalos de navidad de elevada cuantía— para provecho del sujeto activo o
de un tercero.
Digo yo que se beberían o dispusieron con fruición de unos lotes de vinos cuyos importes en
algunos casos superaban los 800 € o, al menos, se ahorraron esa nada despreciable cantidad de
euros para catar tan excelentes caldos.
Obsérvese que en España el salario mínimo interprofesional mensual en el año 2010 estaba en la
cuantía de 633,50 € (RD 2030/2009, de 30 diciembre —BOE núm. 315, de 30 diciembre—).
Es decir, que se bebieron mucho más del importe equivalente al SMI de un pobre españolito en
2010, que difícilmente tenía que sobrevivir él y su familia con tan exiguos ingresos, gracias al
espléndido regalo, supuestamente altruista del empresario.
Por lo que respecta al tipo subjetivo, ¿acaso no sabían que recibían tan generosos regalos por sus
cargos? O ¿es que era habitual que recibieran los mismos o similares regalos por su cara bonita?.
Es más, ¿acaso no dejaron de recibirlos cuando perdieron el cargo que potencialmente permitía
favorecer a dicho empresario? No olvidemos que estamos ante un delito de peligro abstracto y no
de resultado (cfr. STS -2.ª- 361/1998, 16 de marzo —anterior art. 426 CP/95—).
Si nos atenemos a los indicios concretados en la exposición razonada que elevó correctamente la
magistrada-juez de Lugo, se observa cómo decrecen los regalos y su importe en la misma medida
que decrece el poder de influencia de la autoridad receptora.
Sobre que sólo se trataban de regalos navideños arraigados en nuestros usos sociales, en mi libro
El delito de tráfico de influencias ante la lucha contra la corrupción política en España (Una visión
jurisprudencial crítica), editorial La Ley, grupo Wolters Kluwer, Madrid, 2014, págs. 41 a 45, se
explica cómo la adecuación social en calidad de causa de exclusión de la atipicidad es un criterio
dogmático obsoleto (con citas de tan importantes juristas como ROXÍN y JESCHECK) que no
debería inspirar la práctica judicial, sobre la que podría pensar alguien que tal vez sólo es
explicable por la empatía de los juzgadores con el fenómeno, quizás por experiencias personales
propias.
También sorprende que la Sala 2.ª TS reproche a la magistrada-juez de Instrucción n.o 1 de Lugo
que reclame la concreción de una cuantía a partir de la cual el regalo puede considerarse como
punible, contestando ésta que «Y por último decir que la pretensión de la Magistrada-Juez, de que
esta Sala fije una cuantía para establecer la diferencia entre el ilícito penal y el reproche ético, sin
atender a las circunstancias concurrentes, carece de sentido, pues lo relevante es que pueda
condicionar el desempeño del cargo».
Es decir, que según la Sala 2.ª TS el regalo valorado en un céntimo de euro sería punible si puede
condicionar el desempeño del cargo pero no el de uno valorado en cien millones de euros si no lo
puede condicionar.
¿Es lógico tan planteamiento? ¿Acaso no puede condicionar el desempeño del cargo un regalo de
importe elevado? O ¿es que el que regala algo valorado en un céntimo de euro espera lo mismo
que el que regala lo valorado en cien millones de euros?
La propia Sala 2.ª TS, al citar y reproducir parcialmente la STS -2.ª-323/2013, de 23 abril, se
contesta paradójicamente a si misma, por cuanto sostiene: «2) Por regalo habría que entender
objeto de valor material (económico) más o menos grande "pero suficiente para descartar toda
idea de afección" independiente del valor económico del regalo, lo fundamental para este sector
doctrinal es que las circunstancias se hagan desechar toda idea de afecto, inclinación o apego, si
estas fueran descartables, cualquiera que sea el valor de la cosa —siempre que la tuviera—
bastaría para que fuera aplicable la máxima de que la "justicia o ofende etiam uno nummo" (aún
por un solo céntimo).
Otros autores señalan, sin embargo, que en caso de regalos cuya cuantía sea moderada o de lo que
en los usos sociales se consideran forma habitual de relación amistosa, el precepto no debiera ser
aplicado por más que el regalo se realice en consideración a su función por faltar la voluntad de
corromper, no pudiendo hablarse de tales supuestos de retribución por un acto del cargo sino de
pequeños obsequios hechos a titulo de mera cortesía.
En este sentido parece, en efecto, ilógico estimar que un regalo de ínfimo valor pueda influir en el
cumplimiento de los deberes del funcionario o autoridad, a tal respecto deben tenerse presente las
exigencias de la adecuación social, conforme a las cuales conducta socialmente adecuada es la
conducta tolerable en la sociedad, porque se la estima normal en un determinado orden social
histórico; la conducta socialmente tolerada no constituye una acción ejemplar o plausible, sino que
se limita a representar un comportamiento no sujeto a reprobación social».
La pretensión de la magistrada era tan razonable que debería recogerla el propio legislador. Ella
estableció el importe de 400 €, cantidad por debajo de la cual en los delitos patrimoniales sirve
para clasificar un delito como leve. A partir de ciertos importes debe establecerse una presunción
legal de que esos regalos pueden condicionar el desempeño del cargo. Presunciones legales hay
varias en nuestros tipos penales (v.gr. tasa objetiva de alcoholemia en el art. 379.2 in fine CP) y
nadie piensa que ello atenta ningún principio básico de nuestro sistema penal.
Al margen, claro está, de mantener esa posibilidad de condicionamiento como elemento del tipo
objetivo con independencia de la valoración del regalo. Una cosa no quita la otra.
La presunción legal podría haber sido precedida de una jurisprudencia valiente en esta materia y
más comprometida en la lucha contra la corrupción política que asola nuestro país, como lo
demuestran las alarmantes y recientes noticias sobre el particular (v.gr Operación Lezo), que
confirman lo manifestado por la Unión Europea al indicar que la corrupción política socava las
instituciones democráticas y debe ser objeto de acción común en el ámbito europeo (véanse
informes GRECO sobre España y el art. 83.1 Tratado de Lisboa de 13 diciembre 2007 para la
necesaria armonización l e g i s l a t i v a e n t r e l o s p a í s e s m i e m b r o s d e l a U E , a t r a v é s d e l a s
correspondientes Directivas comunitarias).
Entre los más importantes instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción hay que
recordar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 31 octubre 2003 (ratificada
el 19 julio 2006), el Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de agentes políticos
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de 17 diciembre 1997 (ratificado el 3
enero 2000), la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transaccional y
sus protocolos (Palermo), de 15 noviembre 2000 (ratificada el 21 febrero 2002), el Convenio
europeo relativo a la lucha contra la corrupción en los que estén implicados funcionarios de las
Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea de 26 mayo 1997 (en vigor
en España desde 28 mayo 2005), el Convenio Penal del Consejo de Europa sobre la Corrupción n.o
173, de 27 enero 1999 (en vigor en España desde 1 agosto 2008) y el Convenio Civil del Consejo
de Europa n.o 174, de 4 noviembre 1999 (en vigor en España desde 1 abril 2010).
También, hay que destacar la Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al
Consejo y al Comité Económico y Social Europeo de 6 junio 2011, denominada «La lucha contra la
corrupción en la Unión Europea», que presenta una serie de medidas orientadas a reforzar esta
lucha en la UE así como la voluntad política de los Estados miembros de combatir eficazmente este
fenómeno, mediante informes bianuales anticorrupción a partir de este año 2013, potenciación del
GRECO y la asunción definitiva de la lucha contra la corrupción como un eje básico de las políticas
comunitarias.
Finalmente, sobre el delito de cohecho, véase mi estudio «Breves consideraciones sobre la noción
de acto injusto en los delitos de cohecho desde una perspectiva constitucional (Del caso Filesa al
caso Gürtel)» Diario LA LEY, n.o 7254, Sección Doctrina, 2 octubre 2009, Año XXX, Ref. D-308,
Editorial LA LEY.

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