jueves, 6 de abril de 2017

Caso página web youkioske.com. Delito contra la propiedad intelectual

Caso página web youkioske.com. Delito contra la
propiedad intelectual

Manuel-Jesús DOLZ LAGO
Fiscal del Tribunal Supremo

Resumen
Segunda sentencia. El enlace a una obra protegida por su titular rellena la tipicidad del delito. Se ofrecía ilegalmente a un “público nuevo” la lectura de la obra protegida en su integridad y no la versión gratuita dirigida por los titulares al público en general.

RESUMEN DEL FALLO:
La sentencia comentada (TS Sala Segunda, de lo Penal, S 12 diciembre 2016. Rec. n.º 920/2016.
Ponente: Martínez Arrieta, Andrés), desestima el recurso de casación de los condenados y de la
acusación particular, la asociación de editores de diarios españoles.
DISPOSICIONES APLICADAS:
Arts. 270.1 CP y 20 Ley de Propiedad Intelectual.
ANTECEDENTES DE HECHO
En el caso concreto enjuiciado, en síntesis, son hechos probados los siguientes:
«PRIMERO.- Los acusados D.G.H., R. A. L. G., y al menos otras cinco personas radicadas
en Ucrania no suficientemente identificadas, participaron en una asociación cuyo principal
objeto era la puesta a disposición para poder ser visionadas y leídas a través de Internet
desde cualquier dispositivo electrónico-informático, en concreto mediante el acceso a la
página www.youkioske.com, de publicaciones periódicas y libros sin la autorización de los
titulares de los derechos de dichas obras, actividad que desarrollaron al menos desde junio
de 2009 hasta el 21 de mayo de 2012 en que se produjo la detención los acusados y la
intervención de los equipos informáticos desde los que operaban y que estaban ubicados en
(…), Villaviciosa de Odón (Madrid).
SEGUNDO.- Para ello crearon con fecha de 15 de septiembre de 2008 la página www
youkioske.com mediante la cual ofrecían la posibilidad de leer on line las más variadas
publicaciones sin contraprestación alguna procedente de los usuarios, consiguiendo los
acusados y sus colaboradores a través de la publicidad existente en dicha página
cantidades de dinero. Las publicaciones se hallaban alojadas en servidores virtuales como
isuu.com (Virginia-EEUU), Yupublisher (California-EEUU) o calameo.com (Paris) y eran
reproducidas tras seleccionadas en www you k i os kecom a través de un menú en el que
se podía seleccionar la revista, periódico o libro, y una vez visualizado desplazarse por sus
páginas, ampliar reducir textos imágenes y en general acceder a la obra sin ninguna
restricción. El funcionamiento de la Página www. youki os kecom se realizaba on line desde
la propia Web mediante la técnica llamada "Streaming", que consistía un medio tecnológico
avanzado de comunicación que permite visualizar contenidos multimedia en tiempo real,
sin necesidad de que se descarguen en el dicho duro del usuario.
TERCERO.- La página www.youkioske.com se encontraba alojada en la dirección I.P.
72.55.171.158 que se corresponde con un servidor de la empresa Blitware Technology INC,
Victoria (CANADA). Dicho dominio fue registrado a nombre de la sociedad MILPORMIL
LIMITED domiciliada en la suit 102, Group Floor, Blake Building, Corner of Eyre and Hutson
Street, Belize City (BELIZE), de la que eran directores R. A. L. G. y D. G. H. Más adelante,
con fecha de 11 de febrero de 2011 los tres acusados constituyeron la mercantil
NETWORKS BABILONTEC, S.L. para facturar a través de ella la publicidad insertada en
www.youkiaske.com. O.G.H. y R. A. L. G. fueron nombrados administradores solidarios de
la compañía cuyas 3.010 participaciones de la sociedad correspondían a los acusados con la
siguiente distribución (…)
Los distintos miembros de grupo se distribuían las funciones en orden a la realización de
las conductas descritas. R. L. y D. H. se encargaban de la administración de la compañía
que explotaba económicamente la página de Internet a través de NETWORK BABILON,
dándole cuenta de las gestiones y resultado de las mismas a Ó. G. También R. L. y D. eran
los encargados de gestionar la página www, youkioskecorn, así como de decidir las
publicaciones que se subían a los contenedores virtuales. Por su parte los ucranianos eran
los encargados de realizar las copias y subir las publicaciones a dichos contenedores,
organizando turnos de cinco personas los días laborables y al menos dos personas los fines
de semana, siguiendo siempre las instrucciones que recibían de D. sobre las publicaciones a
incorporar a la página y la forma y momento de hacerlo.
CUARTO.- De esta forma el número de publicaciones a las que se podía acceder a través
de www.youkioske.con, superaba los 17.000 ejemplares, existiendo además de
publicaciones españolas, otras alemanas, italianas, francesas, inglesas, portuguesas, rusas
y holandesas. A dichas publicaciones se llegaba a través de un menú en el que se
distinguía entre prensa, magacines, clasificando a su vez estas entre diversas categorías
como revistas femeninas, masculinas, de motor, deportivas, caza y pesca, golf, Fitness,
acuáticos, nieve, ciencia, salud, ocio, viajes, economía, historia, música, adultos, etc. Por
su parte los libros se dividían en cocina, bienestar, autores, manualidades, idiomas, etc.
También estaba a disposición de los usuarios comics de distintos tipos y en general
cualquier tipo de publicación.
QUINTO.- (…) Los periódicos aparecían en la web en sus versiones escritas, muchas de las
cuales sólo se podían obtener abonando el precio que plataformas como ORBYT y Kiosko y
Mas cobraban por acceder al contenido o adquiriéndolas en quioscos y tiendas, siendo éstas
en su contenido, diferentes al de las ediciones digitales que de forma gratuita los
expresados medios publican en Internet. En la mayor parte de periódicos y revistas s e

El enlace a una obra protegida por su titular rellena la tipicidad del delito contra la
propiedad intelectual reproducían digitalmente las copias escaneadas de publicaciones físicas en su contenido integro sin la autorización del titular de la obra para difundirla, siendo el mismo periódico
que se compra en un kiosco o portal de pago. Parte de las noticias que se veían en las
ediciones impresas habían sido publicadas previamente por la editorial en sus ediciones
digitales (de acceso público y gratuito para todos los internautas), si bien, no aparecen
todas las noticias en su integridad, ni figuran los artículos periodísticos e n t o d a s u
extensión».
DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO
La doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia, puede sintetizarse, en cuanto al delito
contra la propiedad intelectual, en el FJ 7.º, que dice:
«SÉPTIMO.- Denuncia en el segundo motivo un error de derecho por la indebida
aplicación, al relato fáctico, del art. 270 del Código penal y 20 de la ley propiedad
intelectual. Argumenta que "la sentencia yerra al considerar que los enlaces constituyen
una puesta a disposición para ser visionadas o leídas" y esa afirmación la apoya en la
sentencia de esta Sala que anuló la anterior de la Audiencia sobre este mismo objeto.
Concretamente recoge de la STS 638/2015, de 27 de octubre, la siguiente frase que
entrecomilla de forma parcial "los enlaces aunque sean actos de puesta a disposición no
son actos de comunicación pública en el sentido de la Directiva 2001/29/CE que requieren
la autorización de los titulares de derechos en el momento de autorizar la comunicación
inicial".
La frase, así acotada por el recurrente, sirve de apoyo a su pretensión, pero lo cierto es
que a la frase le falta, para dotarla del sentido preciso, otra en su inicio y otra al final.- la
del inicio: "Un enlace sí es un acto de comunicación pública en la modalidad de puesta a
disposición del público". Y al final: "No existe público nuevo, por ejemplo, cuando los
titulares de derechos sobre la obra enlazada habían autorizado que la obra fuera
libremente accesible para todos los internautas".
Contextualizada la frase que el recurrente acota, lo que r e s u l t a d e l a m i s m a e s o p u e s t o a l s u s t e n t o d e l a impugnación. El enlace a una obra protegida por su titular rellena la tipicidad del delito contra la propiedad intelectual porque propicia, e n d e t r i m e n t o d e l o s derechos de los titulares, una comunicación de un contenido protegido que no ha sido autorizado a su difusión de manera libre por los titulares. En el caso de la sentencia impugnada, una vez corregida en aspectos
esenciales en virtud de lo ordenado en la anterior s e n t e n c i a d e e s t a S a l a , d e c l a r a p r o b a d o q u e l o s periódicos aparecían en la web en su versión en papel impreso, las cuales, sólo se podían obtener abonando el precio de su importe o suscribiendo su recepción en las plataformas
como ORBYT y Kiosco y Mas. Es decir, lo que excluimos en la anterior Sentencia es que en los términos en que aparecía redactado el relato fáctico, no se configuraba la acción como típica en la medida en que se recogían en la web medios de comunicación respecto a los que no se conocía, porque no lo decía el relato fáctico, si iban dirigidos a un "público nuevo", en los términos a los que se refiere la Sentencia Svennson, STJUE de 13 de febrero de 2014. Desde el anterior relato fáctico se ignoraba si el público que accedía a la página de los acusados en la que recogían los periódicos y revistas, tenía acceso a los mismos medios por otras vías también por Internet, porque los titulares de los referidos medios los habían puesto a disposición de los internautas a través de sus ediciones
digitales. Por lo tanto, si la obra ya era conocida por los usuarios, o potencialmente la podían conocer de manera libre, la mera acción de simplificar el acceso, no constituía el acto de comunicación pública que se integra en la tipicidad del art. 270 del Código penal.
Por el contrario, sí lo integra cuando lo que se realiza es el acceso a un público nuevo de los contenidos protegidos obviando las condiciones de acceso dispuestas por los titulares. El relato es claro al expresar que los contenidos protegidos eran de acceso mediante el abono del importe del ejemplar escrito o el abono a las plataformas de comunicación que se relatan en el hecho probado. La conducta de los acusados incorporando a su página los contenidos íntegros de titularidad aunque sin autorización de sus propietarios hace procedente la subsunción en el delito contra la propiedad intelectual.
En la conformación de la tipicidad ha de ponerse el acento en lo que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea denomina "público nuevo". Es por ello que en la anterior sentencia de esta Sala se instó del tribunal de instancia un esclarecimiento de estos apartados fácticos precisos para la subsunción, y el tribunal de instancia lo ha realizado, delimitando el ámbito de la propiedad intelectual, las revistas, periódicos y libros difundidos por los acusados, y la supresión de las condiciones de acceso y disfrute de la obra protegida impuestas por su titular, en un apartado que no es objeto de discusión en la sentencia por la vía procedente.
Este tribunal no alberga duda alguna sobre la tipicidad del relato fáctico en el art. 270 del
Código penal y la observancia de la normativa europea interpretada por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. Las cuestiones que el recurrente señala que han sido
planteadas por órganos judiciales de la Unión Europea parten de un hecho relevante, que
el acceso sea libre para el público en general. En el caso de esta casación, el acceso, nos
dice el relato fáctico, no es libre sino que se realiza por el abono de la edición impresa o el
abono o suscripción a las plataformas en las que los titulares las alojan para su visionado y
lectura. No se trata de facilitar, en el sentido de favorecer, el acceso a una obra ya
publicada libremente por su titular, sino el de obviar los presupuestos de uso de la obra,
mediante el escaneado en la página web.youkioske.com del contendido protegido para su
comunicación pública en condiciones no dispuestas por el titular.
Como hemos dicho en la STS 333/2016: "La aplicación de una norma comunitaria no
impone al Tribunal la obligación de dudar en su interpretación. Sólo si al aplicarla surge la
duda se activa la necesidad de elevar la cuestión prejudicial. Con un carácter específico si
se trata del órgano jurisdiccional de última instancia, en el sentido que los describe el
artículo 267 TFUE como lo es esta Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La STJUE, de 6
de octubre de 1982 (ECLI:EU:C: 1982: 335): asunto Cilfit, lo expresa así: ‘Un órgano
jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho
interno, cuando se suscita ante él una cuestión de Derecho comunitario, ha de dar
cumplimiento a su obligación de someter dicha cuestión al Tribunal de Justicia, a menos
que haya comprobado que la cuestión suscitada no es pertinente o que la disposición
comunitaria de que se trata fue ya objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia o que
la correcta aplicación del Derecho comunitario se impone con tal evidencia que no deja
lugar a duda razonable alguna; la existencia de tal supuesto debe ser apreciada en función
de las características propias del Derecho comunitario, de las dificultades particulares que
presenta su interpretación y del riesgo de divergencias de jurisprudencia en el interior de
la Comunidad’."
El relato fáctico y la lectura de los pronunciamientos jurisdiccionales sobre la cuestión, que
las partes han incorporado a sus escritos, permite la resolución de este objeto procesal en
los términos que se exponen en esta Sentencia».
COMENTARIO FINAL
Centramos el presente comentario el delito contra la propiedad intelectual, dejando al margen
otros aspectos importantes de la sentencia como el de organización criminal y delito de blanqueo
de capitales.
Hay que precisar que la sentencia comentada es la segunda sentencia de la Sala 2.ª que se
pronuncia sobre la misma causa, ya que en la primera (STS 638/2015, de 27 de octubre) se
revocó la de la instancia para que precisara en el factum algunos elementos esenciales del delito
como la noción de «público nuevo» exigida por la jurisprudencia comunitaria (Directiva
2001/29/CE y Sentencia Svennson, STJUE de 13 de febrero de 2014).
Dicho extremo quedó subsanado en el hecho probado sexto, al diferenciar la difusión ilegal de los
contenidos protegidos de la gratuita realizada por los titulares del derecho, mucho más restringida.
En este sentido, el FJ 1.º, al referirse a esta cuestión, precisa que:
«(…) La impugnación formalizada por los recurrentes adolece de una reiteración del
contenido impugnatorio que se expresó en la primera impugnación, sin atender al ámbito
de esta casación, distinta de la anterior. Así, en el recurso se destaca que nada ha
cambiado en las dos sentencias, obviando que esta sentencia incorpora al relato fáctico de
la segunda un apartado quinto que es trascendente en la subsunción. Los recurrentes
afirman que la sentencia recurrida mantiene el mismo relato fáctico que la anterior que fue
anulada, a excepción de la sustitución de la frase "comunicar públicamente ‘por la puesta a
disposición’, y la relación de cabeceras de medios de comunicación incorporadas a la pagina
‘www.Youkioske.com’, l o q u e n o a l t e r a e n a b s o l u t o l a s d e f i c i e n c i a s d e l a p r i m e r a
sentencia", con olvido de que el relato fáctico también ha incorporado un párrafo que es
esencial para la subsunción realizada. En efecto, tras la relación de las cabeceras
incorporadas en su página se añade "los periódicos aparecían en la web en sus versiones
escritas muchas de las cuales sólo se podían obtener abonando el precio que las
plataformas ORBYT y Kiosko y mas cobraban para acceder al contenido o adquiriéndolas en
quioscos y tiendas, siendo estas en su contenido diferentes al de las ediciones digitales que
de forma gratuita los expresados medios publican en Internet. En la mayor parte de
periódicos y revistas se reproducían digitalmente las copias escaneadas de publicaciones
físicas en su contenido íntegro sin la autorización de su titular de la obra para difundirla,
siendo el mismo periódico que se compra en un kiosco o portal de pago". Añade la
diferencia existente entre la publicación digital y la impresa del mismo medio de
comunicación, en un particular que incide sobre el contenido de la publicación y la
diferenciación existente con la publicación digital del mismo medio, lo que permite
constatar la diferenciación entre el contenido de ambas publicaciones y rellenar la vigencia

En este mundo global de internet, las tendencias son tributarias de lo que vaya ocurriendo en
el mundo anglosajón, dominado por los USA del "público nuevo" al que nos referimos en la anterior sentencia como elemento fáctico necesario para conformar la tipicidad de la conducta en el art. 270 y 271 del Código penal.
Ese párrafo contiene el ámbito de lo ilícito al comunicar a un público nuevo unos
contenidos protegidos por la normativa de la propiedad intelectual.
El relato fáctico en la nueva redacción de la sentencia objeto de la impugnación no es mera
reproducción del anterior, sino que en la relación de cabeceras incorporadas a la pagina
"youkioshe.com" y l a expresión de lo realizado, se expresa la incorporación de un
contenido no comunicado anteriormente a través de las páginas digitales de los mismos
medios de comunicación realiza sin autorización, lo que permite la subsunción en los
términos contenidos en la sentencia».
Sobre los delitos contra la propiedad intelectual, véase in extenso mi estudio «El marco legal de los
delitos contra la propiedad intelectual e industrial en el Derecho español, europeo e internacional»,
publicado en el Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo LXIII, MMX, 2010, págs. 166 a
226.
En aquel trabajo, se estudia el marco extrapenal de los delitos contra la propiedad intelectual e
industrial tanto desde el plano internacional y comunitario europeo como nacional, realizándose
una sistematización legislativa debidamente concordada de la compleja normativa que regula la
materia.
La existencia de elementos normativos en los tipos penales que sancionan estas conductas, hace
necesaria la referencia a esta normativa extrapenal y a la aplicación penal de los criterios
interpretativos derivados de la misma por los organismos competentes.
La complejidad de la normativa extrapenal requiere un esfuerzo sistematizador notable no sólo
para localizar dicha normativa sino para concordarla y ofrecer al lector sus vigencias con la
indicación concreta del diario oficial donde se publican para facilitar la consulta de las mismas.
Complementario con lo anterior, en aquel estudio se indican los criterios derivados de dicha
normativa que influyen en la interpretación de los tipos penales, dada la internacionalización y
comunitarización de la misma, para una adecuada aplicación del Derecho penal vigente en este
campo.
Dicho lo anterior, hay que señalar que, desde nuestro modesto punto de vista, el universo de la
propiedad intelectual e industrial es como un inmenso iceberg, profundo e inestable, que se mueve
lentamente a modo de los viejos galeones españoles del siglo XVI.
Para su correcta aproximación, en este mundo global de internet, es inexcusable advertir que las tendencias son tributarias de lo que vaya ocurriendo en el mundo anglosajón,
dominado por los USA, el auténtico imperio actual, frente a nuestro viejo sistema continental europeo.
En España, las propiedades intelectual e industrial tienen la singularidad de ser unos de los primeros objetos de protección jurídica en la época de la Codificación, a finales del siglo XIX, que es la época del liberalismo político e implantación del sistema económico capitalista. Al margen de discusiones
d o c t r i n a l e s , l o b i e n c i e r t o e s q u e e s t a s p r o p i e d a d e s comprenden los derechos de autor.
La estrecha relación entre estas propiedades y el sistema económico se manifiesta hasta nuestros días, en los que la propiedad intelectual en la Unión Europea, que abarca también a nuestra propiedad industrial, se muestra como uno de los muchos elementos del Mercado Único, que se rige por los principios de libre competencia y libre circulación de mercancías, capital y trabajo o servicios, necesitado de armonización legislativa entre los países miembros de la Unión.
Se puede decir que su función económica, más que cualquier otra como la moral, es el factor
predominante en la legislación y debe considerarse a la hora de la interpretación de las normas. De
ahí, la exigencia de ánimo de lucro y perjuicio de tercero en el tipificación penal de las conductas
lesivas de estos derechos, a partir del Código Penal de 1995, lo que descarta la protección del
derecho moral del autor si no tiene esta traducción patrimonial.
Volviendo a los aspectos históricos, para conocer de donde venimos, donde estamos y a donde
vamos, en un estudio diacrónico de la materia, recordaremos que en plena Restauración borbónica,
bajo el reinado de SM El Rey D. Alfonso XII y gobierno de D. Arsenio Martínez Campos, se dicta la
primera Ley de Propiedad Intelectual que data de 10 enero 1879, antes incluso de la publicación de
nuestro Código Civil, aprobado por el Real Decreto de 4 julio 1889, el cual ya disponía en su art.
10.4 la ley nacional e internacional como normas aplicables a estas propiedades.
La propiedad industrial, como acto de comercio, tuvo su referente normativo en el Código de
Comercio, aprobado por Real Decreto de 22 agosto 1885. El 16 mayo 1902 se dicta la primera Ley
de Propiedad Industrial y, posteriormente, se aprueba por Real Decreto-ley de 26 julio 1929 el Estatuto de la Propiedad Industrial, cuyo Texto refundido se aprobó por Real Orden de 30 abril 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 septiembre 1931.
En la legislación internacional, también sobre la misma época, empiezan a protegerse estas
propiedades. El 20 marzo 1883 se firma el Convenio de París para la protección de la propiedad
industrial, al que le sigue en fecha 14 abril 1891 el Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas y en 6 noviembre 1925, el Arreglo de La Haya sobre depósito
internacional de dibujos y modelos industriales. El 9 septiembre 1885 se aprueba el Convenio de
Berna para la protección de obras literarias y artísticas.
Puede decirse que la legislación internacional sobre la materia ha sido y es coetánea a la nacional,
formando con ésta el conjunto normativo protector de estas propiedades, que exceden del ámbito
e s t r i c t a m e n t e n a c i o n a l d e s d e s u s o r í g e n e s , p o r l o q u e b i e n p u e d e h a b l a r s e d e l a internacionalización de la protección de la propiedad intelectual e industrial.
En la actualidad, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, tras la reforma operada por
la Ley Orgánica 10/1995 en el Código Penal dejaron definitivamente de ser tipos penales en blanco
pero contienen unos elementos normativos que obligan al estudio de las normas extrapenales
reguladoras de estas propiedades, tanto en el ámbito nacional como en el internacional y
comunitario, ya que como se afirma en la Circular de la FGE 1/2006, sobre los delitos contra la
propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, es necesario acudir a
esa normativa extrapenal para poder delimitar sus elementos normativos en relación con las
conductas típicas, sujetos pasivos titulares de los derechos vulnerados y concurrencia de del
requisito de falta de autorización de los mismos respecto de las conductas de explotación
realizadas por el infractor.
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, con vigencia a partir del 1 julio 2015, dio nueva
redacción de los arts. 270 y 271, sobre los delitos relativos a la propiedad intelectual y los arts.
273, 274 y 276, sobre los delitos relativos a la propiedad industrial.
Recuérdese que el art. 10.4 del Código Civil dice que «Los derechos de propiedad intelectual e
industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio
de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España es parte».
Ahora bien, con carácter previo, para un correcto análisis desde la perspectiva constitucional, es
conveniente subrayar que los derechos de propiedad intelectual e industrial, objeto de protección
jurídica, en cuanto derechos de propiedad privada, tienen su plasmación constitucional en el art.
33.1 CE, el cual reconoce el derecho a la propiedad privada, si bien es necesario también recordar
que el apartado 2.º del mismo artículo 33 CE afirma que «La función social de estos derechos
delimitará su contenido de acuerdo con las leyes».
En relación con ello, en cuanto algunos de estos derechos gravitan sobre obras «culturales», hay
que destacar que el art. 44.1 CE establece que «Los poderes públicos promoverán y tutelarán el
acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho», lo que obliga a combinar el derecho a la
propiedad intelectual e industrial y su función social, reconocido en la Sección 2.ª (De los derechos
y deberes de los ciudadanos) del Capítulo 2.º (Derechos y libertades) del Título I (De los derechos
y deberes fundamentales) CE con el acceso a la cultura de todos, que situado en el Capítulo 3.º
(De los principios rectores de la política social y económica) del Título I CE se constituye en uno de
los principios rectores de la política social y económica, que informa la legislación positiva, la
práctica judicial y la actuación de los poderes públicos ex art. 53.3 CE.
Visto lo anterior, puede decirse que los derechos de propiedad intelectual e industrial, a diferencia
de otros derechos de propiedad privada, tienen un claro límite derivado de su función social en el
derecho al acceso a la cultura de todos, que están obligados a promover los poderes públicos,
aspecto éste que debe considerarse de importancia en el análisis del marco legal de los delitos
contra estas propiedades, tanto en la normativa internacional, comunitaria como la nacional.
Por ejemplo, en el ámbito de la propiedad intelectual, el régimen jurídico de la copia privada sin
ánimo de lucro comercial y sin autorización del titular o cesionario del derecho a la propiedad
intelectual ex art. 31.2 y 161.1.a) del TRLPI, tal vez tendría su marco legal en este contexto
constitucional en el que al tiempo que se protege la propiedad intelectual (cfr. art. 33.1 y 2 CE) se
promueve el acceso a la cultura (art. 44.1 CE), si bien esa copia privada presupone su acceso legal,
que es discutible concurra en las famosas copias realizadas a través de Internet por el sistema P2P
de intercambio de archivos, verdadero campo de batalla de incontables polémicas e inabarcables
opiniones, más o menos cualificadas.
Finalmente, desde la perspectiva extrapenal, es importante tener en cuenta cual es el marco
protector de estas propiedades en el Derecho Procesal Civil y Mercantil, tanto en relación con la
propiedad intelectual como a la industrial, por cuanto que la protección penal debe considerarse la
ultima ratio en la protección de estos derechos, como es propio de todo el Derecho Penal.

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