jueves, 6 de abril de 2017

Caso acceso a los atestados por la defensa del detenido



Caso acceso a los atestados por la defensa del detenido

Manuel-Jesús DOLZ LAGO
Fiscal del Tribunal Supremo

Resumen

Eficacia vertical directa de la Directiva comunitaria 2012/13/UE relativa al derecho a la información en los procesos penales cuando el Estado ha incumplido el plazo de trasposición.

RESUMEN DEL FALLO:
La sentencia comentada (TC, Sala 2.ª, S 30 enero 2017. Rec. n.º 13/2017 Ponente: Enríquez Sancho, Ricardo) estima el recuro de amparo interpuesto contra el Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Illescas, desestimatorio de solicitud de habeas corpus, y otorga el
amparo solicitado por vulneración de los derechos a la libertad individual y a la asistencia d e abogado durante la detención.

DISPOSICIONES APLICADAS:
Directiva comunitaria 2012/13/UE —relativa al derecho a la información en los procesos penales—.

ANTECEDENTES DE HECHO
En el caso concreto enjuiciado, se interpone el recurso de amparo contra el Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Illescas (Toledo), de 13 de julio de 2014, el cual desestimó la solicitud de habeas corpus formulada por el abogado designado por el turno de oficio para asistir en la defensa a los dos recurrentes recluidos en las instalaciones del Cuartel de la Guardia Civil situado en la misma localidad, tras su detención en el domicilio de ambos sito en la calle NUM001 de la localidad de Aranjuez, a las 19:15 horas del día 11 de julio de 2014, en el marco de un operativo realizado por miembros de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de Policía Judicial de Illescas, contra un grupo de personas señaladas como autoras de la comisión de varios delitos de robo con fuerza, de un delito de daños y otro de pertenencia a grupo criminal.

DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La doctrina del Tribunal Constitucional sobre esta materia, en síntesis, se expresa en el FJ 7.º, que señala:
«5. En el presente caso, se sostiene que la vulneración del derecho a la asistencia de letrado (art. 17.3 CE [LA LEY 2500/1978]) tuvo lugar porque el acceso del abogado designado al expediente policial que le fue denegado, era un derecho exigible por los recurrentes detenidos conforme a lo dispuesto en el art. 7 de la Directiva 2012/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 [LA LEY 9799/2012], "relativa al derecho a la información en los procesos penales". Así expuesto, antes de entrar a enjuiciar los razonamientos empleados por el Auto impugnado en amparo para desestimar el habeas corpus que le fue solicitado, se hace preciso despejar el interrogante relativo a la idoneidad de aquella Directiva comunitaria como fuente normativa del derecho de acceso reclamado. A este respecto, proceden hacer las siguientes consideraciones:
a) El art. 1 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo [LA LEY 1203/1984], "reguladora del procedimiento de habeas corpus", establece que la finalidad de éste consiste en "obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente". Se considera incluida en esta situación, no solamente los casos en que faltan los presupuestos para la procedencia de la medida (apartados a y b), o cuando se supera el plazo legal (apartado c); también y en lo que aquí
interesa: "a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida" (apartado d).
Este último enunciado, por tanto, exige su integración con aquellos derechos del detenido previstos en nuestro ordenamiento. En esta última categoría se inscribe, desde luego y por mandato constitucional, la garantía de "la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales". Pero ésta ha de cumplirse, como advierte el art. 17.3 CE
[LA LEY 2500/1978], "en los términos que la ley establezca", por lo que resulta necesaria la remisión a lo dispuesto en este caso (detención policial por la presunta comisión de delitos) por los arts. 509 [LA LEY 1/1882], 510 [LA LEY 1/1882] y 520 [LA LEY 1/1882] a 527 de la LECrim. [LA LEY 1/1882].
b) Sucede, sin embargo, que a la fecha en que ocurren los hechos (11 al 13 de julio de 2014), los preceptos que se citan no incluían expresamente entre los derechos del detenido, el del acceso por él o su abogado al expediente policial. En concreto, el art. 520.2.c) LECrim., [LA LEY 1/1882] recogía únicamente el: "Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de
declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara Abogado, se procederá a la designación de oficio".
El reconocimiento legal del derecho de acceso al expediente, se produce con el dictado de la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril [LA LEY 6906/2015], "por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal [LA LEY 1/1882] y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial [LA LEY 1694/1985], para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010 [LA LEY 21377/2010], relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012 [LA LEY 9799/2012], relativa al derecho a la información en los procesos penales". Esta modificación entró en vigor el 28 de octubre de 2015 (DF Cuarta LO 5/2015 [LA LEY 6906/2015]), y mediante ella, en lo que aquí importa, se añadió un apartado "d" al art. 520.2 LECrim [LA LEY 1/1882], de nueva redacción, con este tenor: "Derecho de acceso a
los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad". Posteriormente la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre [LA LEY 15163/2015], "de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [LA LEY 1/1882] para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las
medidas de investigación tecnológica", ha introducido alguna limitación a este derecho en el art. 527 LECrim. [LA LEY 1/1882]. No obstante, tal normativa queda fuera del objeto del presente recurso de amparo.
c) Dado que a la fecha en que se suceden los hechos del caso no existía una regulación en la LECrim [LA LEY 1/1882] del derecho de acceso del abogado a las actuaciones policiales, la demanda reclama que semejante derecho era exigible en aplicación del art. 7.1 de la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012 [LA LEY 9799/2012], "relativa al derecho a la información en los procesos penales". El precepto completo dispone:
"Artículo 7. Derecho de acceso a los materiales del expediente 1. Cuando una persona sea objeto de detención o privación de libertad en cualquier fase del proceso penal, los Estados miembros garantizarán que se entregue a la persona detenida o a su abogado aquellos documentos relacionados con el expediente específico que obren en poder de las autoridades competentes y que resulten fundamentales para impugnar de manera efectiva, con arreglo a lo establecido en la legislación nacional, la legalidad de la detención o de la privación de libertad.
2. Los Estados miembros garantizarán que la persona acusada o sospechosa o su abogado tengan acceso al menos a la totalidad de las pruebas materiales en posesión de l a s autoridades competentes a favor o en contra de dicha persona, para salvaguardar la equidad del proceso y preparar la defensa.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el acceso a los materiales mencionados en el apartado 2 se concederá con la debida antelación que permita el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa y a más tardar en el momento en que los motivos de la acusación se presenten a la consideración del tribunal. Si llegan a poder de las autoridades competentes más pruebas materiales, se concederá acceso a las mismas con la debida
antelación para que puedan ser estudiadas.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, siempre y cuando ello no suponga un perjuicio para el derecho a un juicio equitativo, podrá denegarse el acceso a determinados materiales si ello puede dar lugar a una amenaza grave para la vida o los derechos fundamentales de otra persona o si la denegación es estrictamente necesaria para defender un interés público importante, como en los casos en que se corre el riesgo de
perjudicar una investigación en curso, o cuando se puede menoscabar gravemente la seguridad nacional del Estado miembro en el que tiene lugar el proceso penal. Los Estados miembros garantizarán que, de conformidad con los procedimientos previstos por la legislación nacional, sea un tribunal quien adopte la decisión de denegar el acceso a determinados materiales con arreglo al presente apartado o, por lo menos, que dicha
decisión se someta a control judicial.
5. El acceso en virtud del presente artículo se facilitará gratuitamente."
El art. 11 de la misma Directiva, fijó como fecha límite para la transposición de sus disposiciones por los Estados miembros de la Unión Europa, la del 2 de junio de 2014. Al no haberse cumplido con esta obligación en el caso de España, hasta la aprobación de la ya citada LO 5/2015, de 27 de abril [LA LEY 6906/2015], el abogado de los aquí recurrentes, tanto en su intervención en la sede del cuartel de la Guardia Civil donde estaban detenidos (según consta en las actas de declaración), como en el escrito promoviendo el habeas corpus, y luego en la demanda de amparo, ha venido defendiendo que la Directiva era vinculante en virtud del principio de efecto directo vertical aplicable a las Directivas no transpuestas que crean derechos.
Ciertamente, el Auto de 13 de julio de 2014 que se impugna en amparo reconoce efectos vinculantes a dicha Directiva 2012/13/UE [LA LEY 9799/2012], rechazando la petición de habeas corpus por motivos distintos que luego se examinarán. Mas, aunque tal apreciación judicial comporte, en principio, un juicio de legalidad ordinaria (art. 117.3 CE [LA LEY 500/1978]) que ninguna de las partes ha cuestionado en este amparo, desde nuestra perspectiva de control externo y teniendo en cuenta sus implicaciones, debemos cuanto menos determinar si es correcta la premisa de atribuir, como fuente de derechos procesales, en este caso a efectos de integrar el art. 17.3 CE [LA LEY 2500/1978], lo establecido en una Directiva comunitaria
no transpuesta dentro de plazo, por invocación del llamado efecto útil.
6. La respuesta, se adelanta, deviene positiva a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; de nuestra doctrina dictada en relación con la primacía del derecho comunitario en nuestro ordenamiento, así como por el contenido de la Directiva invocada:
a) El derogado art. 189 del Tratado Constitutivo de la CEE, como hoy el art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea [LA LEY 6/1957] —TFUE [LA LEY 6/1957]—, establecen que la directiva comunitaria "obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios". Nada se dice, sin embargo, del efecto
vinculante que tiene para los Estados la no transposición de ésta en el plazo marcado, o si lo hace de manera insuficiente o defectuosa. Esto último es obra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a partir de su Sentencia de 4 de diciembre de 1974, asunto Van Duyn (núm. 41/74), donde afirmaba en su apartado 12:
"...que sería incompatible con el efecto obligatorio que el artículo 189 otorga a la Directiva excluir, en principio, la posibilidad de que los afectados puedan alegar dicha obligatoriedad; que, en particular, cuando las autoridades comunitarias han impuesto a los Estados miembros, por medio de una Directiva, la obligación de adoptar un comportamiento determinado, el efecto útil de dicho acto quedaría debilitada si se impidiera que los
justiciables la invocasen ante los órganos jurisdiccionales nacionales y q u e é s t o s l a tuvieran en cuenta como elemento del Derecho comunitario"; si bien "es preciso examinar en cada caso, si la naturaleza, el sistema general y los términos de la disposición de que se trata pueden producir efectos directos en las relaciones entre los Estados miembros y los particulares".
Con posterioridad, la Sentencia del mismo Tribunal de Justicia de 5 de abril de 1979, asunto Ratti, núm. 148/78, luego de hacer suyo en el apartado 20 el criterio de la anterior ya citada, habla del "efecto útil" en el apartado 21: "que, en particular, en los casos en que las autoridades comunitarias hayan obligado a los Estados miembros por medio de una Directiva a adoptar un comportamiento determinado, el efecto útil de dicho acto quedaría
debilitado si a los justiciables se les impidiera invocarlo ante los Tribunales y a éstos tenerlo en cuenta como un elemento del Derecho comunitario".
Y añade en el apartado 22: "que, por consiguiente, el Estado miembro que no haya adoptado dentro de plazo, las medidas de ejecución que impone la Directiva, no puede oponer a los particulares su propio incumplimiento de las obligaciones que la Directiva implica".
Por su parte, en la Sentencia de 19 de enero de 1982, asunto Becker, núm. 8/81, tras reiterar aquel efecto útil (apartados 22 a 24), acota objetivamente su alcance exigiendo que se trate de Directivas cuyas disposiciones: "parecen ser, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas". Serán pues éstas las que, de no
haberse adoptado "dentro del plazo prescrito medidas de aplicación, pueden ser invocadas contra cualquier disposición nacional no conforme a la Directiva, o en la medida en que definen derechos que los particulares pueden alegar frente al Estado" (apartado 25).
En esos términos sustanciales, y siempre en relación con el efecto útil de la Directiva en sentido vertical (exigibilidad del particular al Estado, que es la hipótesis que aquí nos concierne), se ha venido consolidando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de entre las que pueden citarse, entre otras, las Sentencias de 26 de febrero de 1986, asunto Marshall, núm. 152-84 (apartados 46 a 49); 22 de junio de 1989, asunto Fratelli Costanzo
SpA, núm. 103/88 (apartados 29 a 31); 1 de junio de 1999, asunto Kortas, núm. C-319/97 (apartados 21 a 23); y más recientemente las de 8 de mayo de 2013, asunto Marinov, núm. C/142-12 (apartado 37), y 7 de julio de 2016, asunto Ambisig y AICP, núm. C-46/15 (apartado 16: "...según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando el Estadono haya transpuesto una directiva en el Derecho nacional dentro de plazo o la haya
transpuesto incorrectamente, los particulares sólo están legitimados para invocar en contra del Estado ante los órganos jurisdiccionales nacionales aquellas disposiciones de la directiva que, desde el punto de vista de su contenido, sean incondicionales y suficientemente precisas").
b) Aunque este Tribunal no se ha pronunciado exactamente sobre el problema concreto que aquí se suscita, el del efecto vinculante de las directivas no traspuestas en plazo que crean derechos mediante disposiciones "incondicionales y suficientemente precisas", sí ha tenido
ocasión de declarar en varias ocasiones la adecuación del principio de primacía del derecho comunitario a nuestro ordenamiento constitucional, con base en el art. 93 CE. [LA LEY 2500/1978] Principio de supremacía que se integra no solamente por el conjunto de normas del derecho primario y derivado de la Unión, sino también por la jurisprudencia emanada de la Jurisdicción comunitaria que así lo ha reconocido.
Por todas, STC 145/2012, de 2 de julio [LA LEY 106691/2012], FJ 5:
"...el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea forma parte del acervo comunitario incorporado a nuestro ordenamiento en virtud de la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto [LA LEY 2062/1985], de autorización para la adhesión de España a las Comunidades Europeas, y su efecto vinculante se remonta a la doctrina iniciada por el entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con la Sentencia de 15 de julio
de 1964, asunto Costa contra Enel (6/64, Rec. pp. 1253 y ss., especialmente pp. 1269 y
1270), habiéndose aceptado la primacía del Derecho de la Unión Europea, en el ámbito competencial que le es propio, por la propia Constitución Española en virtud de su art. 93, como hemos tenido ocasión de recordar en repetidas ocasiones.
En concreto, nos hemos referido expresamente a la primacía del Derecho comunitario como técnica o principio normativo destinado a asegurar su efectividad en nuestra STC 28/1991, de 14 de febrero [LA LEY 1476-JF/0000], FJ 6, con reproducción parcial de la Sentencia Simmenthal del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de marzo de 1978,
y en la STC 64/1991, de 22 de marzo [LA LEY 1685-TC/1991], FJ 4 a). En nuestras posteriores SSTC 130/1995, de 11 de septiembre [LA LEY 2593-TC/1995], FJ 4, 120/1998, de 15 de junio [LA LEY 7859/1998], FJ 4, y 58/2004, de 19 de abril [LA LEY 1260/2004], FJ 10, reiteramos el reconocimiento de esa primacía de las normas del ordenamiento
comunitario, originario y derivado, sobre el interno, y su efecto directo para los ciudadanos, asumiendo la caracterización que de tal primacía y eficacia había efectuado el Tribunal de Justicia, entre otras, en sus conocidas y ya antiguas Sentencias VandGend en Loos, de 5 de febrero de 1963, y Costa contra Enel, de 15 de julio de 1964, ya citada.
Asimismo es pertinente traer a colación la doctrina fijada en la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre [LA LEY 2624/2004] [DTC 1/2004 FJ 4], en la que precisamos que la primacía no se sustenta necesariamente en la jerarquía, ‘sino en la distinción entre ámbitos de aplicación de diferentes normas, en principio válidas, de las cuales, sin embargo, una o unas de ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente o prevalente debida a diferentes razones’, lo que obliga al Juez nacional o a la Administración pública, en su caso, a aplicar la norma prevalente y a dejar sin efecto a la norma desplazada, aun cuando no haya sido expulsada del ordenamiento interno (algo propio de la Unión Europea como proceso de creación de una unidad política por agregación o unión
de Estados)...".
Y en lo que aquí importa, la STC 61/2013, de 14 de marzo [LA LEY 21820/2013], FJ 5, r e c u e r d a q u e s i b i e n e l d e r e c h o d e l a U n i ó n E u r o p e a n o i n t e g r a e l c a n o n d e constitucionalidad, no obstante "tanto los tratados y acuerdos internacionales, como el Derecho comunitario derivado pueden constituir ‘valiosos criterios hermenéuticos del
sentido y alcance de los derechos y libertades que la Constitución reconoce’, valor que se atribuye con fundamento en el art. 10.2 CE [LA LEY 2500/1978], a cuyo tenor, y según hemos destacado en otros pronunciamientos [...]; interpretación que no puede prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos mismos
tratados y acuerdos internacionales" (STC 116/2006, de 24 de abril [LA LEY 57614/2006], FJ 5; o STC 198/2012, de 6 de noviembre [LA LEY 160139/2012), FJ 9].
c) Con arreglo a esta doctrina, no cabe rechazar tampoco la posibilidad de que una Directiva comunitaria que no haya sido transpuesta dentro de plazo por el legislador español, o que lo haya sido de manera insuficiente o defectuosa, pueda ser vinculante en cuanto contenga disposiciones incondicionales y suficientemente precisas en las que se prevean derechos para los ciudadanos, incluyendo aquellos de naturaleza procesal que
permitan integrar por v í a i n t e r p r e t a t i v a e l c o n t e n i d o e s e n c i a l d e l o s d e r e c h o s fundamentales, al haberse incorporado por vía de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al acervo comunitario..
Así debemos reconocerlo ahora respecto de la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012 [LA LEY 9799/2012], desde la fecha en que expiró el plazo para su transposición (2 de junio de 2014), hasta la de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril [LA LEY 6906/2015] (vgr., el 28 de octubre de 2015), que llevó a cabo este último cometido. Sin perjuicio de que corresponde a los tribunales ordinarios la intelección de sus
preceptos [con los límites señalados por nuestra doctrina para no incurrir en una alteración del sistema de fuentes, lesiva del art. 24.1 CE [LA LEY 2500/1978]: por todas, STC 232/2015, de 5 de noviembre [LA LEY 165084/2015], FFJJ 4 y 5.b) y las que cita], desde nuestra perspectiva de control externo, resulta de la lectura de su art. 7, especialmente de su apartado 1, la consagración del derecho de acceso a los materiales del expediente por la persona que se encuentre detenida y por su abogado, que resulten "fundamentales" para poder impugnar de manera "efectiva" la legalidad de la detención. Y sin perjuicio de respetar las demás disposiciones legales que, como se ha dicho en el fundamento jurídico
anterior, letra d), pueden imponer también deberes de confidencialidad de materias y actuaciones.
7. Sentado todo lo que antecede, nos encontramos ya en condiciones de enjuiciar la validez del Auto impugnado en este recurso. Ante todo, ha de concederse la razón a lo argumentado en él para desestimar la queja de desconocimiento por los recurrentes, al menos, de la mención de los delitos por los que habían sido detenidos. Ambos, voluntariamente, firmaron las actas de declaración en las que se hizo constar que les fue informado el motivo de su detención y no se formuló por su parte ningún reparo en este
punto.
No sucede lo mismo, sin embargo, con la justificación que ofrece la resolución judicial, a la negativa del funcionario Instructor, de entregar el expediente al abogado designado para que les asistiera. El Auto se limita a señalar que el acceso al expediente no era posible porque el Equipo de Policía Judicial se encontraba "practicando diligencias, sin haber podido
finalizar", hasta el punto de añadir que "no existe, como tal, dicho expediente, pues los agentes se encuentran practicando diligencias y confeccionando el atestado", por lo que no resulta de aplicación el art. 7 de la Directiva invocada.
Pues bien, la propia lógica de los hechos narrados en el atestado policial desvirtúan esta afirmación: si la detención se desencadenó a resultas de un operativo policial contra personas señaladas por la comisión de diversos delitos en varias localidades, como pone en evidencia el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, al menos debían existir bajo algún soporte (papel o informático) las denuncias de tales delitos, a s í c o m o l a documentación de los registros efectuados al detenerles, cuya entrega, precisa el Fiscal,
"no parece problemática por conllevar una amenaza para la vida o derechos fundamentales de otra persona y que hubiera sido aconsejable no entregar por razones de interés público".
No había motivo amparable en la Directiva 2012/13/UE [LA LEY 9799/2012] para dilatar esa entrega: ese retraso sólo se contempla por el apartado núm. 3 del art. 7, hasta el momento anterior en que se presenta la acusación ante el tribunal, cuando se trata del derecho de acceso para la defensa ante el órgano judicial. Pero como bien precisa dicho apartado, ello procede: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1". Esto es, sin
perjuicio de que en los casos de detención o privación de libertad del apartado 1, el acceso de los elementos fundamentales para impugnar la medida, en este caso la detención no admite dilaciones. En concreto, en este caso, para poder ser consultados con tiempo suficiente para poder asesorar el abogado a los detenidos, antes de su interrogatorio.
La negativa sin justificación alguna del Instructor a la entrega del material del que ya disponía, trajo consigo así la vulneración del derecho a la asistencia de letrado (art. 17.3 CE [LA LEY 2500/1978]), el cual incluye en su contenido el derecho del detenido y su letrado a acceder a los elementos fundamentales (entonces, art. 7.1 de la Directiva 2012/13/UE [LA LEY 9799/2012]) para impugnar su situación privativa de libertad. Al
desestimar posteriormente la solicitud de habeas corpus de los recurrentes, pese a partir de la premisa correcta de la aplicación directa de la Directiva tantas veces citada, el Auto de 13 de julio de 2014 dejó de reparar la lesión de aquel derecho fundamental».

COMENTARIO FINAL
La sentencia comentada proclama que el Estado miembro que no haya adoptado dentro de plazo las medidas impuestas por una Directiva, no puede oponer a los particulares su propio incumplimiento de las obligaciones que la Directiva implica. La Directiva 2012/13/UE era aplicable
desde la fecha en que expiró el plazo para su transposición hasta la de entrada en vigor de la LO 5/2015, de 27 de abril que llevó a cabo aquél cometido.
En mi temprano estudio en estas materias, «Eficacia jurídica del Derecho Comunitario Europeo para la integración de los tipos penales en blanco del Derecho Español», revista Noticias de l a Unión Europea, núm. 112, Mayo 1994, pág. 29 a 52, editorial C.I.S.S, ya apunté algunas ideas sobre lo que hoy resuelve esta sentencia del Constitucional, en lo que se ha dado llamar eficacia vertical directa o «efecto útil». Es decir, que los particulares pueden invocarla frente al Estado incumplidor. Pero es importante resaltar que, sin embargo, el Estado no puede exigir las obligaciones de la Directiva no traspuesta a los particulares, lo que supondría un efecto vertical inverso.
Podría entenderse que al producirse la reforma legislativa mediante la L.O. 5/2015, de 27 abril, recogiendo ya este derecho de acceso al atestado, carece de valor la selección de esta sentencia del Constitucional para un comentario.
Nada más lejos. Todo lo contrario. La cada vez más numerosa normativa comunitaria en materia penal y, en ocasiones, el no cumplimiento por parte de España de los plazos de trasposición hace necesario insistir en la eficacia vertical directa de las Directivas, que pueden y deben ser alegadas ante los Tribunales de Justicia españoles tanto por los abogados como por los fiscales, en protección y defensa de los derechos de los ciudadanos frente al Estado.
Dicho lo anterior, véase el razonable comentario de MARCHAL ESCALONA, A. Nicolás, «¿Entrega de copia del atestado al abogado en sede policial? Comentario de la STC de 30 enero de 2017», publicado en el Diario LA LEY n.o 8932, de 2 marzo 2017, donde sostiene que el acceso al atestado en estos casos sólo es sobre aquellos elementos esenciales para comprobar la legalidad de la detención, sin que ello implique la entrega de la copia del atestado, el cual en los momentos inmediatos posteriores a la detención todavía se encuentra en fase de redacción y puede que en sede judicial quede comprendido por la declaración de secreto de las actuaciones.

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