sábado, 3 de septiembre de 2016

Entrevista a don Manuel Jesús Dolz

Manuel Dolz: «Esta reforma, en cierto sentido, es un regalo para los infractores. Habrá que revisarla»

Diario La Ley, Nº 8796, Sección En Primera Persona, 5 de Julio de 2016, Editorial LA LEY
  • Entrevista a Manuel Jesús Dolz Lago, Fiscal del Tribunal Supremo, con motivo de la presentación de su libro “La prueba penal de ADN a través de la jurisprudencia. Una visión práctica y crítica”
Pregunta: ¿Qué aportación para los lectores supone su libro, dedicado a la visión jurisprudencial de la prueba de ADN?
Respuesta : El libro La prueba penal de ADN a través de la jurisprudencia aporta el conocimiento exhaustivo y sistematizado de toda la jurisprudencia penal del Tribunal Supremo sobre esta importante prueba científica, desde la primera sentencia en 1992 hasta nuestros días, con más de 400 sentencias extractadas y ordenadas a través de un completo índice temático y cronológico. Recordando al novelista mexicano Juan Rulfo, era una obra que me hubiera gustado leer y, al no encontrarla en el mercado, me decidí a escribirla, desde un planteamiento eminentemente práctico y útil.
P.:Actualmente la ciencia y la tecnología han producido significativos cambios en los medios de prueba del proceso penal ¿están la Policía, la Fiscalía y la Administración de Justicia dotados de medios suficientes para su práctica y valoración?
Respuesta: Siempre nos faltaran medios personales y materiales. Pero, a pesar de la limitación de medios, sobre todo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españoles, gozan de gran prestigio internacional en materia de pruebas científicas. Las observaciones de la Policía española al FBI en relación con estas pruebas fueron muy importantes en la investigación de atentados terroristas, como los del 11-M y a menudo se presentan solicitudes de otros países para la colaboración de la Policía española ante investigaciones complejas y grandes catástrofes, a la vista de su excelente preparación técnica. Los fiscales y los jueces dependemos en esta materia de los informes periciales, siendo especialmente destacables los procedentes de los Laboratorios oficiales de la Policía Científica.

P. : La pretendida agilización de la Justicia penal por vía de la reforma del art. 324 LECRIM (LA LEY 1/1882), estableciendo el plazo máximo de instrucción ¿Qué consecuencias tendrá a su juicio?
Respuesta: La Justicia rápida es un desiderátum pero no hay que confundir rapidez con improvisación. La Justicia improvisada no es Justicia. La reforma procesal ha sido precipitada, pensada para un sistema en el que el fiscal llevaría la investigación e insertada “con calzador” en el vigente sistema de instrucción judicial. No ha tenido en cuenta los medios materiales y personales para hacerla efectiva ni la obligada coordinación de todos los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia (jueces, fiscales y letrados judiciales). Creo que deberá modificarse en el futuro para garantizar que no puedan darse casos de impunidad. Sin una buena investigación, no es posible acreditar los elementos objetivos y subjetivos de los delitos y, por tanto, los plazos máximos de investigación sin los medios adecuados para cumplirlos son un regalo para los infractores penales y suponen una quiebra de nuestro Estado social y democrático de Derecho.
P.: ¿Qué posición tiene respecto al eterno debate de la instrucción sumarial a cargo del Fiscal o del Juez? ¿qué reforma sería necesaria en el Estatuto del fiscal como encargado de esta función?
Respuesta: Ya me pronuncié sobre esta materia en un artículo doctrinal titulado “Nuevas perspectivas sobre sistema acusatorio e instrucción penal: el papel del ministerio público en España”, publicado en la revista La Ley Penal, número cien conmemorativo, en Estudios Monográficos sobre La Justicia Penal Hoy, año 10, enero-febrero 2013, págs. 22 a 40, al que remito a los lectores, donde analizo histórica y jurídicamente lo que significa “investigación”, que es materia policial en todos los países del mundo y con todos los sistemas tanto el anglosajón como el continental, frente a lo que es “instrucción”, donde nosotros nos debatimos desde hace más de ciento treinta años (LECrim 1882 (LA LEY 1/1882)) entre el sistema acusatorio mixto, con vestigios del sistema inquisitivo, y el acusatorio puro. En principio, soy contrario a la reforma si no se garantiza un estatuto del fiscal que lo sitúe al mismo nivel de independencia que los jueces. Para ello, tendríamos que ir a un Fiscal General del Estado de elección parlamentaria, que el gobierno de turno se obligara a proponer al Rey, oído el CGPJ. Ello no afectaría al art. 124.4 CE (LA LEY 2500/1978), dado que no se alteraría el sistema constitucional de nombramiento real del FGE, sólo el gobierno tendría que obligarse mediante una ley ordinaria a proponer para este nombramiento al candidato elegido por mayoría de 3/5 del Congreso de los diputados. Creo que ganaríamos en credibilidad social y en autonomía. Por otra parte, el Fiscal General tendría que desarrollar sus funciones con responsabilidad en un marco legal que permitiera al mismo tiempo la autonomía de los fiscales y los debidos controles de legalidad sobre su actuación, sin que pudiera dar órdenes particulares a los fiscales sobre casos concretos sino sólo instrucciones generales y, en su caso, promover la corrección de las actuaciones de estos que se desviaran de la legalidad. Sin esas reformas legales, soy contrario a la atribución de la instrucción en manos de la Fiscalía que, hoy por hoy, a pesar de la reforma del Estatuto orgánico del MF del año 2007, que sólo tuvo pálidas innovaciones, no tiene garantizada su autonomía ya que es una Carrera jerárquica en cuya cúpula, en realidad, se pone a un representante del gobierno, que tiene poderes omnímodos, cuasi propios de un monarca medieval, dicho sea con todos los respetos para todos los que ejercen o han ejercido ese importante cargo institucional.
P.: ¿Cómo cree que está afrontando la Justicia española la marea de asuntos de corrupción que invaden todas las instancias judiciales?
Respuesta: En frase castiza, “se hace lo que se puede”. Instancias internacionales y europeas (GRECO) ya nos han advertido que nuestro sistema institucional, con un Fiscal General nombrado por el gobierno y una policía dependiente también de él, no es suficiente para garantizar un sistema de lucha eficaz contra la corrupción política que, desgraciadamente, en no pocas ocasiones, procede bien del partido que sustenta al gobierno bien de sectores próximos al poder, ya sea incluso del poder que ejerce la propia oposición, cuando no con la complicidad de sindicatos y otras asociaciones. En mi libro El delito de tráfico de influencias ante la lucha contra la corrupción política en España (Una visión jurisprudencial crítica) editado por La Ley (2014), ya expuse algunas opiniones sobre esta materia. Por otra parte, la Sala Segunda del Tribunal Supremo está dejando cada día más sin contenido alguno de los delitos fundamentales para la lucha contra la corrupción política como es el delito de tráfico de influencias. Una prueba de ello se da con la reciente absolución de los implicados en el caso Palau. Persisten y no solo eso sino que se han incrementado los aforamientos. Con estos mimbres, es imposible que se prospere en esa lucha para llegar a la raíz de los responsables últimos, sin perjuicio del esfuerzo personal de todos los policías, jueces y fiscales que diariamente se esmeran por erradicar esta lacra social.
P.: ¿Cuáles son a su juicio las razones de esa ingente cantidad de asuntos de corrupción? ¿existían siempre? ¿han aumentado? ¿es más eficaz la persecución? ¿la prensa lo amplifica?
Respuesta : Sólo estamos viendo la punta del iceberg. En los años del apogeo económico la corrupción estaba tan arraigada que uno de los condenados más famosos, el que fuera Director General de la Guardia Civil en 1993, Luis Roldán, dijo en una entrevista que cobró comisiones porque lo hacían todos. Formaba parte del paisaje. Estaban implicados los empresarios y los políticos. El pago de comisiones era lo habitual y, desgraciadamente, hasta hace muy poco tiempo, cuando se ha incrementado la lucha contra la corrupción política, ha seguido siéndolo. Vemos en la cárcel a políticos que en tertulias televisivas condenaban la corrupción mientras ellos la estaban practicando. El cinismo se ha instalado en los escenarios y forma parte de la trama. Para la Unión Europea esta lucha es uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. No sé si somos más eficaces pero lo que si es cierto es que hay más conciencia social y el arsenal legislativo es más amplio. Pero, volvemos a lo anterior, sin una policía judicial realmente dependiente orgánica y funcionalmente de jueces y fiscales, como pretendía el art. 126 CE (LA LEY 2500/1978), todos ellos independientes, y sin una jurisprudencia más comprometida, esta lucha tiene fuertes limitaciones. En cuanto a la prensa, opino que no se puede matar al mensajero. Si bien los periodistas deben seguir su propio código ético de conducta dirigida más al servicio público que a los intereses económicos de las empresas periodísticas y saber cuándo pueden o cuando no difundir una información que ponga en peligro la investigación penal.
P.: ¿Es eficaz la persecución de los delitos cometidos a través de las redes sociales?
Respuesta: Estamos empezando. Hay que tener en cuenta que las redes sociales son el nuevo mundo. Un mundo virtual que cada vez es más real. La propagación de mensajes por internet parece no tener límites y por ello es más difícil la persecución de los delitos que se expanden a través de la red. Nuestra policía se ha especializado y cada vez es más eficaz en la investigación de estos delitos pero hay que reconocer que nos encontramos ante un fenómeno de dimensiones nuevas que no sólo habrá que afrontar con medios más sofisticados sino también con una legislación más flexible en función a la evolución del mismo. En el año 2010, se incorporó al CP el delito child grooming y ahora en 2015, el sexting, con objeto de proteger mejor a los menores frente a los ataques a su indemnidad sexual a través de las llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Me ocupé de ello en sendos artículos doctrinales publicados en el diario La Ley (núms. 7575 y 8758). Aquí el derecho parece ir por detrás de la realidad. Si somos eficaces o no dependerá de nuestras metas y de que sepamos ponderar los bienes jurídicos tradicionalmente protegidos con estas nuevas tecnologías.
P.: Las recientes filtraciones de datos provenientes de despachos de abogados ¿constituyen conductas delictivas? ¿se investigan?
Respuesta : La noticia criminis puede proceder de cualquier fuente. Apuntan a delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Evidentemente, siendo temas que pueden estar sujetos ya a una investigación bien administrativa sancionadora, por parte del Ministerio de Hacienda, bien penal, por parte de la Fiscalía y los Jueces, no me corresponde extenderme más en la respuesta.
P.: ¿Qué opina de la situación del problema de la violencia de género?
Respuesta: Otra lacra social que, fundamentalmente, se erradicaría con educación y cultura cívica, tan deficiente en nuestro país. Hemos depositado demasiadas esperanzas en el sistema penal y ello, inevitablemente, crea frustración porque como sistema preventivo ya se ha visto que no ha sido eficaz (siguen aumentando las muertes) y como sistema represivo actúa siempre ante un hecho sangrante ya realizado. Creo que el esfuerzo y dedicación profesional de todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia de género merecería mejores resultados en beneficio de las víctimas. Tenemos un sistema, basado en la importante Ley Orgánica 1/2004 (LA LEY 1692/2004), de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que inevitablemente habrá que mejorar y perfeccionar, a la vista de las experiencias y deficiencias observadas en su aplicación práctica.
P.: La ejecución de las sentencias, en toda su extensión --devolver el dinero, demoler lo indebidamente construido, resarcir el daño al honor o la dignidad ofendida-- es parte ineludible de la condena y del resarcimiento del daño a la sociedad ¿son los Tribunales eficaces en este aspecto?
Respuesta: Sin duda, sin que se ejecute lo juzgado no hay Justicia. Dice nuestra Constitución que la potestad jurisdiccional consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117 CE (LA LEY 2500/1978)). Corresponde a los jueces y Tribunales, sin perjuicio lógicamente de que sea impulsada a instancias del Ministerio Fiscal o de las partes personadas en el procedimiento. Hemos mejorado nuestra legislación con el Estatuto de la Víctima (Ley 4/2015). Y a través de la reforma operada en la LECrim (LA LEY 1/1882) por Ley 41/2015 (LA LEY 15162/2015), se ha introducido un nuevo procedimiento de decomiso autónomo, al que me referí en un breve estudio doctrinal publicado en el número especial monográfico dedicado a la LECrim (LA LEY 1/1882) “Un año de reformas”, publicado por Wolters Kluwer en 2015. Esta figura, basada en el enriquecimiento injusto, puede dar mucho juego para recuperar las ganancias ilícitas en los delitos económicos. Confío que los nuevos instrumentos legales den más eficacia a los Tribunales en esta relevante parcela de su labor jurisdiccional que, por desgracia, no se satisface adecuadamente mediante las Piezas de Responsabilidad Civil, muchas veces inacabadas e ineficientes.

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