sábado, 3 de septiembre de 2016

El delito fiscal: algunas claves entre la vieja y nueva jurisprudencia

Mi amigo Manuel Jesús Dolz me envió este artículo que publico en mi blog.


El delito fiscal: algunas claves entre la vieja y nueva jurisprudencia
Manuel-Jesús DOLZ LAGO Fiscal del Tribunal Supremo

Resumen
El autor, al hilo de la vieja y nueva jurisprudencia, reflexiona sobre algunos aspectos claves del delito fiscal, introducido en España en el año 1977 en un momento histórico de tránsito entre la Dictadura y la incipiente Democracia parlamentaria que se consagraría normativamente en la Constitución de 1978, la cual establece en su art. 31.1 las líneas maestras de interpretación de este delito, no siempre bien comprendido.
«(…)
Da bienes Fortuna
que no están escritos:
cuando pitos flautas
cuando flautas pitos
(…)
Porque en un aldea
un pobre mancebo
hurtó sólo un huevo,
al sol bambolea
y otro se pasea
con cien mil delitos.
Cuando pitos flautas,
cuando flautas pitos.»
Góngora, Letrillas satíricas, 1581 (1)

I. INTRODUCCIÓN
La actualidad del delito fiscal en casos mediáticos donde se hayan implicados importantes
personajes públicos de todos conocidos, reales, notables, políticos «muy honorables», alcaldes,
actores, famosos en general, ha puesto sobre el tapete la necesidad de esclarecer algunas cuestiones claves para la comprensión en interpretación de este delito, cuyos primeros
pronunciamientos jurisprudenciales también fueron sobre famosos (v.gr. Caso «Lola Flores», STS
-2.ª- 27 diciembre 1990). Entre ellas, bien jurídico protegido, características del tipo penal, su
naturaleza —tipo penal en blanco o no— y determinación de la cuota defraudada.
En este breve estudio se analizan estas cuestiones a la luz de los primeros pronunciamientos
jurisprudenciales sobre el mismo, tras su introducción en el CP/1973, en el año 1977, y de la
última jurisprudencia desde el año 2014, tras la última reforma importante de estos delitos
realizada por Ley Orgánica 7/2012.

II. ¿QUÉ PENSÁBAMOS SOBRE LO QUE ERA EL DELITO FISCAL EN NUESTRA
INCIPIENTE DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL EN EL AÑO 1977? ASPECTOS
CLAVES
En mi estudio «Los delitos contra la Hacienda Pública» (1993) reflejé lo que pensábamos entonces
lo que era el delito fiscal y pienso ahora: un delito contra los intereses generales y públicos, es
decir, contra todos. La famosa frase «Hacienda somos todos» que, en un mediático caso, la
representante de la Abogacía del Estado sólo atribuía a un fin publicitario sin trascendencia en la
naturaleza del delito fiscal, por el contrario, sí que marca el bien jurídico protegido y la naturaleza
pública de este delito.
En efecto, veamos algunas cuestiones claves señaladas al inicio de la jurisprudencia sobre este
delito, que se introdujo en el año 1977, y que no han cambiado con el paso del tiempo, a pesar de
las posiciones contrarias a ellos, que quedan muy alejadas del marco constitucional de este delito,
expresado básicamente en el art. 31.1 CE.
Como advertíamos en el año 1993, fue en el año 1977 mediante la Ley 50/1977, de Medidas
Urgentes de Reforma Fiscal de 14 noviembre, cuando se introduce por primera vez en nuestro
Código Penal un delito fiscal en el art. 319, que sustituyó a un supuesto sumamente concreto y
limitado como el que se incardinaba bajo la rúbrica De la ocultación fraudulenta de bienes o
industria que, como era evidente, no ofrecía un cauce legal mínimamente suficiente para articular
la represión del fraude fiscal, con cita de BOIX (1990).
La Ley Orgánica 2/1985, de 29 abril, produjo la incorporación al Código Penal de 1973 los llamados
Delitos contra la Hacienda Pública, que se incardinan con carácter autónomo en el Título VI del
Libro II (arts. 349 a 350 bis), quedando sin contenido el art. 319 CP, regulador del hasta entonces
denominado Delito fiscal, que integraba el Capítulo VI del Título III, relativo a los delitos de
falsedades.
El llamado «Código penal de la democracia», aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23
noviembre, ubicó este delito en el Título XIV del Libro II Delitos contra la Hacienda Pública y contra
la Seguridad Social, comprensivo de los arts. 305 a 310. Desde entonces, estos artículos han sido
modificados por Ley Orgánica 15/2003, de 25 noviembre, Ley Orgánica 5/2010, de 22 junio y la
última Ley Orgánica 7/2012, de 27 diciembre, de reforma del CP en materia de transparencia y
lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.
Veamos algunas cuestiones claves que exponíamos en el año 1993 y que consideramos vigentes en
la actualidad.
1. En cuanto al bien jurídico protegido
En el año 1993, resumíamos las posiciones doctrinales. La protección de la fe pública (antes de la
reforma de 1971, el art. 319 estaba ubicado en el Título III del Libro II CP relativo a las
falsedades); el deber de lealtad del ciudadano con el Estado en relación con el mandato tributario
(BACIGALUPO) seguida por las SSTS -2.ª- 27 diciembre 1990 (ambas de Ruiz Vadillo. Caso «Lola
Flores», voto particular BARBERO SANTOS, La Ley 42584-JF/0000 y La Ley 42617-JF/0000); el
patrimonio; el Erario Público, dándole una caracterización de delito patrimonial (BAJO,
RODRÍGUEZ DEVESA, RODRÍGUEZ MOURULLO); pluriofensivo: el patrimonio de la Hacienda y el orden económico (MARTÍNEZ PÉREZ; la función del tributo en un Estado Social y Democrático de Derecho (ARROYO, PÉREZ ROYO). Las SSTS -2.ª- 12 marzo 1986 y 12 mayo 1986 indicaron que se trata de «un delito socio-económico que atenta a los intereses generales del Estado o de las entidades locales y autonómicas» añadiendo la STS -2.ª- 2 marzo 1988 que se configura como «un delito de resultado que requiere para su perfección un perjuicio económico».
En aquella época, en caso «Lola Flores», en la ya citada STS -2.ª- 27 diciembre 1990 (Ruiz Vadillo-
La Ley 42584-JF 0000) resumía la cuestión del bien jurídico protegido, alineándose con las tesis de
BACIGALUPO, a la sazón catedrático de Derecho Penal y magistrado de la Sala 2.ª TS y con las de
ARROYO Y PÉREZ ROYO, sobre la función del tributo en un Estado Social y Democrático d e
Derecho, en los siguientes términos, en su FJ 3.º:
«(...) Desde el punto de vista de lo que puede denominarse filosofía del sistema penal, el bien jurídico protegido en este tipo de delitos, teniendo en cuenta la esencialidad de los distintos y no siempre coincidentes criterios doctrinales, está íntimamente relacionado con los arts. 1.1 de la Constitución, que proclama a la Justicia como valor fundamental del Ordenamiento Jurídico, y el 31 de la misma Ley Fundamental, en orden a la función que los tributos han de desempeñar en un Estado democrático de Derecho al exigir una contribución de todas las personas a los gastos públicos según la capacidad económica del contribuyente mediante un sistema tributario justo, de igualdad y progresividad; se trata en definitiva de proteger el orden económico, dentro del más amplio orden social, conforme el Ordenamiento jurídico que ha de realizar la justicia material dentro de los parámetros de la Ley positiva. El dato es importante en la tarea, siempre compleja y difícil, de enjuiciar comportamientos incluidos en el Derecho penal. De ahí que también al Derecho Tributario
le sean de aplicación, en su faceta sancionadora, los principios penales que rigen el Derecho penal común en su doble vertiente sustantiva y procesal; así la presunción de inocencia, la interpretación favorable al acusado extensible a las cuestiones fácticas y jurídicas, a la asistencia letrada, el derecho a ser debidamente informado, etc.
Todo ello es esencial y solo así cobra su verdadera y alta

Respecto al bien jurídico protegido en el delito fiscal no es una cuestión que se haya
planteado en los últimos años significación este tipo de infracciones en cuanto expresión
de grave insolidaridad. (…).»
En las últimas sentencias desde el año 2014 no encontramos muchos pronunciamientos sobre el bien jurídico protegido en el delito fiscal, lo que indica que no es una cuestión que se haya planteado en los últimos años, si bien como destaca la doctrina (IGLESIAS, 2010) no es una cuestión pacífica, ya
que se debate entre la concepción patrimonialista y la infracción de los deberes de lealtad del contribuyente. La STS -2.ª- 182/2014, de 11 marzo (Monterde), recordando la STS
-2.ª- 643/2005, de 19 mayo, dice:
«Por otra parte, debe partirse, como en ocasiones se ha señalado (Cfr STS 19-5-2005, n.o
643/2005) que: "Cualquier fraude tributario supone un grave atentado contra los principios
constitucionales que imponen la real y leal contribución al sostenimiento de los servicios sociales y las cargas públicas. Frente a esta concepción del bien jurídico protegido, algunos sectores doctrinales desvían la esencia de la lesión hacia un delito semejante a los patrimoniales cuyo sujeto pasivo es la Hacienda Pública. Es cierto que al final el perjuicio es económico, pero no puede olvidarse que la justificación de la pena específica, radica en la inadmisible vulneración de los principios de solidaridad tributaria inexcusables en una sociedad democrática. Frente a una discutible optimización fiscal basada en manejos y artificios que, en cierto modo, tiene una cobertura o amparo en la complejidad de las normas tributarias, no se puede compartir o tolerar los fraudes y las trampas cuya única finalidad es eludir el pago de las cuotas generadas y debidas".»
2. Sobre su no carácter de norma penal en blanco o sí
En este punto, si bien la inicial jurisprudencia sobre este delito era clara sobre el no carácter de
norma penal en blanco del delito fiscal, como veremos a continuación, sin embargo la posterior,
entendemos que de forma errónea, ha afirmado este carácter.
En el año 1993 indicábamos que a pesar de la creencia generalizada de estimar los delitos contra
la Hacienda Pública como preceptos penales en blanco por su remisión a conceptos jurídicotributario
o extrapenales, es importante resaltar la negación de este carácter formulado por la propia jurisprudencia. En la STS -2.ª- 5 noviembre 1991 (García Miguel-La Ley 2552-JF/0000), negó este carácter de norma penal en blanco, a efectos de la interpretación de este delito en su persecución ante los Tribunales de Justicia y con objeto de neutralizar las pretensiones condicionantes de los tributaristas, que llevan, en último término, a vaciar de contenido penal las conductas típicas para entregarlas en su formulación descriptiva a las normas tributarias y a sus exegetas. Así, en el FJ 3.º de esta sentencia se afirmaba:
«(…) En primer lugar es preciso poner de relieve que el precepto consignado en el anterior art. 319 CP en absoluto es un precepto penal en blanco, dado que tan sólo merecen esta conceptuación aquellos preceptos en cuyos respectivos tipos no se defina la conducta contraria a la norma, la que se halla definida en otros preceptos, generalmente extrapenales, a los que el legislador penal se remite utilizando el procedimiento o técnica del reenvío, lo que es evidente que no ocurre en el precepto contenido en el precitado art. 319, que es un precepto "completo" normativo y la sanción correspondiente al mismo, (…).»

La mayoría de la doctrina considera que estamos ante una ley penal en blanco
También reconocíamos que la STS -2.ª- de 27 diciembre 1990 (Ruiz Vadillo), Caso "Lola Flores", ya
citada, podía inducir a confusión al referirse a la determinación de la cuota defraudada como
norma penal en blanco, ya que en su FJ 4.º señalaba:
« ( … ) E n l a s l l a m a d a s l e y e s p e n a l e s e n b l a n c o o l e y e s n e c e s i t a d a s d e u n a
complementariedad para que el tipo quede establecido, se ofrece la especial característica, nacida de lo que acaba de señalarse, de que el presupuesto esencial de la infracción no se incorpora a la propia ley penal sino que hay que salir a buscarlo, extramuros de la misma ley penal, en una tarea compleja y delicada.
Esta búsqueda y la correspondiente interpretación de la norma integradora ha de hacerse siempre con criterios jurídico-penales y tratando de encontrar, a su través, la realización de la justicia penal material tal y como se concibe en el Ordenamiento Jurídico (…).»
Esto no obstante, advertíamos que este pronunciamiento no desvirtuaba el no carácter de norma
penal en blanco del delito fiscal por cuanto se remite a criterios jurídico-penales añadiendo esta
última sentencia que «(…) no es aceptable que por una razón de técnica fiscal, que en este caso sería un simple formulismo (…) se alcance una decisión absolutoria que chocaría abierta y frontalmente con el principio de igualdad.»
Sin embargo, observamos que la STS -2.ª- 499/2016, de 9 junio (Colmenero) en su FJ 3.º afirma el carácter de norma penal en blanco del delito fiscal, en los siguientes términos:
«1. La jurisprudencia ha entendido que el delito fiscal, en su modalidad de defraudación a l a H a c i e n d a P ú b l i c a eludiendo el pago de tributos, es un delito especial de los llamados de infracción de deber. Concretamente en relación con el deber de contribuir a los gastos públicos mediante el
pago de los impuestos, establecido en el art. 31 de la Constitución. De otro lado, es un precepto penal en blanco (STS n.o 832/2013, de 24 de octubre) en tanto que debe ser completado con la ley fiscal vigente en el momento, tanto las de carácter general como las específicas del impuesto cuyo pago se dice eludido. El deber cuya elusión constituye la defraudación a la que se refiere el precepto penal, está contemplado en la respectiva ley fiscal que establece el impuesto y requiere, en general,
que el sujeto pasivo del impuesto ponga en conocimiento de la Administración, con corrección, en forma completa y sin falsedad, los respectivos hechos imponibles ocurridos dentro del ejercicio fiscal correspondiente (STS n.o 13/2006, de 20 de enero.»
El debate queda, pues, abierto (2) , si bien hay que reconocer que la mayoría de la doctrina se
inclina por considerar que estamos ante una ley penal en blanco, como dice IGLESIAS, 2010, «o al
menos parcialmente en blanco».
3. Sobre los medios comisivos: el problema de la omisión
La STS -2.ª- 27 diciembre 1990, ya citada, sobre esta cuestión decía:
«5) El problema de las formas comisivas ha sido igualmente resuelto por la jurisprudencia de la Sala: también dejando de declarar se consigue el resultado lesivo. Así las sentencias de 29 de junio de 1985, 2 de marzo de 1988, y 26 de noviembre de 1990, entre otras, a las que expresamente nos remitimos por su especial significación.

Ni el viejo art. 319 ni el actual 349 contienen limitación expresa alguna respecto de los medios comisivos más allá de los que por lógica derivan del carácter esencialmente defraudatorio de la conducta respecto de sus modalidades típicas. Por ello se entiende, en general, que ha quedado abierto el elenco de posibles medios comisivos para la realización de los delitos fiscales o contra la Hacienda Pública.
Por consiguiente, tanto engaña o defrauda quien oculta la declaración como quien la presenta, si en ella se falsean los correspondientes datos, si hay, ello es obvio, propósito defraudador. También el silencio es capaz de generar este delito, incluso éste puede ser (es, sin duda) una forma de realización más importante cuantitativamente, y cualitativamente en su expresión y en el resultado (V. sentencias de 2 de marzo de 1988). El deber jurídico de declarar se le impone al ciudadano en el art. 31 de la Constitución, ya citado, así como en el 35 de la Ley General Tributaria que se concreta en cuanto al Impuesto sobre la Renta en el art. 34 de su Ley reguladora, normas que se integran en el tipo penal al ser los arts. 319 y 349 normas penales en blanco.
En conclusión, el tema ha sido objeto de pronunciamientos por esta Sala en sentido positivo, así, entre otras, las sentencias de 2 de marzo de 1988 y 26 de noviembre de 1990. La elusión del pago de impuestos, una de las formas alternativamente contempladas en la descripción normativa, puede consignarse declarando mal, de manera consciente, o no declarando, si en la no declaración concurre el elemento culpabilístico, indispensable, como corresponde a un Derecho Penal basado en la culpabilidad, de tal manera que la misma pena ha de tener como límite la culpabilidad del sujeto. Que exista o no "animus" defraudatorio es un problema de inferencias, como ya se ha indicado, en función de los datos anteriores, coetáneos y posteriores que corresponde decidir al juzgador "a quo", y si
dicha deducción no es ilógico, es decir, contraria esencialmente a las reglas de la propia experiencia humana y de la racionalidad, no son susceptibles de revisión aunque la parte pueda atacarlas por la vía del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
6) El delito fiscal o contra la Hacienda Pública puede ser, pues, cometido bien por completa omisión de la declaración de la renta, sin exteriorizar ningún ingreso, como por comisión, consistente en declarar menos de lo debido, de tal forma que, siendo las dos actitudes rechazables, es la primera, como se ha anticipado, la que supone un mayor grado d e reprochabilidad penal, ya que representa un máximo (no decir nada y por tanto defraudar todo) frente a una declaración en la que exista una parte mayor o menor ocultada. Todo ello con independencia de la concreta situación que en este caso se contempla, como ya quedó también dicho, consistente en la realización de actos positivos de la procesada en el sentido de llevar a cabo una labor obstaculizadora de la labor inspectora. El viejo art. 319 presumía el ánimo defraudatorio en el caso de falsedades o anomalías sustanciales en la
contabilidad y en el de negativa u obstaculización a la acción de los investigadores de la
Administración Tributaria. El precepto sería hoy, sin duda, inconstitucional, pero ello no supone que tales circunstancias no puedan ser tenidas en cuenta, entre otras, para inferir el elemento culpabilístico. Como el elemento subjetivo del injusto también concurrió, como con acierto destaca la sentencia de instancia, a través de un proceso de inferencias, según se ha insistido en ello, conforme a la lógica y a las reglas de la experiencia nada puede objetarse a la afirmación de que también este elemento culpabilístico estuvo presente en el comportamiento que se juzga.»
Las punibilidad de las conductas omisivas las trata la STS -2.ª- 810/2015, de 1 diciembre (Maza)
indicando en su FJ 2.º lo siguiente:
«a´) Que si bien es cierto que con anterioridad a la vigencia del Código Penal de 1995 se
produjeron ciertos pronunciamientos contrarios a la consideración de la conducta omisiva en la declaración de los actos sometidos a tributación como infracción penal (por ej. la STS de 12 de marzo de 1986, citada por el Recurso), no lo es menos que otra corriente, más numerosa, de Resoluciones de esta Sala (vid. SsTS de 29 de junio de 1985, 12 de mayo de 1986, 2 de marzo de 1988 o 20 de noviembre de 1992, entre las anteriores a los hechos que aquí se enjuician) resolvieron en sentido contrario, mencionando no sólo la desfiguración de las bases tributarias con el fin de eludir la obligación de satisfacer los impuestos sino también, y expresamente, la ausencia de presentación de las declaraciones
de los hechos sometidos a obligaciones fiscales, puesto que ello constituía igualmente una forma de "eludir" los pagos, que es el término nuclear contenido en la formulación legal del ilícito, sumándose así a la mayor parte de la doctrina científica (Rodríguez Mourullo, Bajo Fernández, Bacigalupo Zapater, Martínez Pérez, Muñoz Conde, Pérez Royo, etc.) frente a una minoría que lo negaba (así, Córdoba Roda o Quintero Olivares).
Línea doctrinal la preponderante que ya se había impuesto cuando el Legislador incluye
expresamente la acción omisiva en el delito fiscal, en el ulterior art. 305 del Código de 1995, no tanto porque fuera necesaria su mención para hacer posible su aplicación, como en el Recurso se afirma, cuanto precisamente haciéndose eco, recogiendo y consolidando normativamente la Jurisprudencia existente al respecto.»
4. Sobre el resultado y la determinación de la cuota defraudada
La STS -2.ª- de 27 diciembre 1990, ya citada, declaró que «(…) conforme a la Ley Orgánica
2/1985, de 29 de abril, la determinación del importe de la cuantía defraudada en los casos de comisión de los delitos a que este recurso se refiere, es competencia única y exclusiva de los
Tribunales de Justicia, quienes han de proceder a fijar el importe de la defraudación, si esta existe,
mediante la aplicación de la legislación fiscal vigente, pero sin vinculación alguna a cualquier otro
criterio distinto de la Ley».
La STS -2.ª- 523/2015 (Soriano), recuerda que la determinación de la cuota defraudada
corresponde al Tribunal pero —con cita de la STS -2.ª- 704/2014, de 24 octubre—, también señala
que «el órgano sentenciador debe de atenerse necesariamente a las normas tributarias sin poder
apartarse de las mismas para determinar la cuota».
En el mismo sentido, la STS -2.ª- 499/2016, de 9 junio (Colmenero)
III. SÍNTESIS SOBRE JURISPRUDENCIA RECIENTE DESDE EL AÑO 2014. A)
ÍNDICE TEMÁTICO. B) ÍNDICE ANUAL Y POR NÚMERO DE SENTENCIA (3)
1. Índice temático
A) Aspectos sustantivos
Sujeto activo: administrador de hecho equivalente a representante voluntario
STS -2.ª- 810/15 (Maza)
Concepto de «defraudar» en el tipo objetivo
Quien declara mal o torticeramente los datos que han de servir para la liquidación del impuesto
comete el delito (S.T.S. 801/2008 de 26 de noviembre).
STS -2.ª- 523/15 (Soriano)
Conducta omisiva: punición: evolución doctrinal, jurisprudencial y legal
STS -2.ª- 810/15 (Maza)
Concursos
Medial con falsedad continuada de documento mercantil.
La alteración falsaria no persigue fines de autoencubrimienro, de modo que la solución del
concurso ideal desplaza a la del concurso de normas, pues sólo así se abarca el íntegro desvalor del
hecho.
STS -2.ª- 494/2014 (Marchena)
No se da por anterior condena por delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en
documento mercantil que no absorben el delito fiscal, pues no concurre la identidad de hecho.
Tampoco es admisible la aplicación del concurso ideal entre los delitos.
STS –2.ª- 486/15 (Granados)
Medial. Entre los delitos de falsedad en documento oficial y defraudación a la Seguridad Social.
Plan urdido para eludir pagos a la Seguridad Social creando empresas a nombre de testaferros, que
cerraba o dejaba sin actividad con cuotas impagadas.
STS –2.ª- 622/15 (Colmenero)
Dilaciones indebidas
Procede
STS -2.ª- 810/15 (Maza)
Dolo
Indebida deducción como gasto en Impuesto de Sociedades e IVA de los pagos reflejados en las
facturas falsas.
STS -2.ª- 523/15 (Soriano)
Dolo: elemento congnitivo: consumación: el delito se consuma al formalizar la declaración del
IRPF.
STS -2.ª- 586/14 (Varela). Caso Fabra
Dolo eventual
La exigencia de la intención dolosa no significa que se excluya el dolo eventual, que siempre
concurrirá cuando se aporten a la declaración del impuesto datos mendaces, susceptibles de ocultar
o enmascarar la realidad. En nuestra jurisprudencia se registran casos de condena por ignorancia
deliberada (STS n.o 817/2010, de 30 de septiembre), como modalidad de dolo eventual).
STS -2.ª- 523/15 (Soriano)
Determinación de la cuota defraudada
Esta Sala de casación en sentencia 704/2014 de 24 de octubre, precisa que «el órgano
sentenciador debe atenerse necesariamente a las normas tributarias sin poder apartarse de las
mismas para determinar la cuota». El art. 305.2 CP no supone un abandono de la norma tributaria
porque se refiere a tributos de declaración periódica inferior a 12 meses para evitar que se puedan
generar tantos delitos como períodos impositivos existan.
STS -2.ª- 523/15 (Soriano)
Fraude IVA
STS -2.ª- 494/2014 (Marchena)
Fraude de subvenciones
Concepto de subvención y determinación de la cuantía punible: no irretroactividad Ley Orgánica
7/2012. Caso Rilco
STS -2.ª- 149/15 (Conde-Pumpido Tourón)
No continuidad delictiva. Caso Cooperación
STS -2.ª- 277/15 (Del Moral) FJ 9.º
Ganancia no justificada: determinación: no siempre se acredita por la comparación entre el
patrimonio inicial y el final. Los ingresos no acreditados pueden compensarse con gastos de
importe similar.
STS -2.ª- 586/14 FJ 5.º (Varela). Caso Fabra
Modalidad omisiva defraudación del IRPF: absolución
Falta de prueba en los extremos de la base del impuesto. No basta con comprobar los ingresos de
las cantidades que darían pie a esa condena en una cuenta bancaria de la que era titular el
recurrente, sino que resulta necesario, además, acreditar el que esas cantidades responde a rentas
de las que dan origen al referido impuesto.
STS -2.ª- 810/15 (Maza)
No determinación de la deuda tributaria. Reenvío al Tribunal de instancia para que motive.
El tribunal de instancia, en el caso, no razona el déficit que predica en el elemento objetivo y en el
subjetivo del delito contra la Hacienda Pública, por el que absolvió. Ausencia de razonamiento para
la falta de determinación de la deuda tributaria, pese a que fue practicada abundante prueba
pericial al respecto, entre ella informe de la Agencia Tributaria, en que se evalúan las cuotas
dejadas de ingresar. En cualquier caso, la motivación ha de comprender la razón por la cual no se
ha alcanzado el límite correspondiente al delito fiscal fijado por el art. 305 CP con respecto al
impuesto de sociedades e IVA. Contradicción entre distintas afirmaciones de la AP que conducen a
una irrazonable calificación del elemento subjetivo del delito ya que quien entrega facturas falsas
para su «contabilización a efectos fiscales» conoce que con su acción perjudica a la Hacienda
Pública.
STS -2.ª- 704/2014 (Sánchez Melgar)
Prescripción: no procede
Aplicación retroactiva del nuevo marco normativo de la LO 5/2010 cuando beneficie al reo, que
establece como acto interruptivo del cómputo del plazo no la interposición de la denuncia o
querella, sino el acto motivado de interposición judicial de dirección del procedimiento contra
persona determinada. No solo gozan de esta cualidad los autos de admisión a trámite de denuncia
o querella, sino también otras resoluciones como los autos de investigación que autorizan
injerencias en derechos fundamentales u otros actos de instrucción, en tanto que manifiestan una
resolución judicial motivada en la que se atribuye a un sospechoso su presunta participación en el
hecho delictivo que se encuentra siendo investigado o que va a serlo. Es válido, a efectos
interruptivos, el auto de admisión a trámite que reproduce una fórmula ritual, aun cuando no
mencione de manera individualizada a los denunciados, en la medida que no excluye ninguno de
los que se hallan señalados en la denuncia.
STS –2.ª-690/2014 (Ferrer)
No concurre por interrumpirla el Auto de admisión a trámite de la querella del Fiscal un día antes
de prescribir el delito, y citando a los querellados a declarar como imputados.
STS -2.ª- 810/15 (Maza)
Responsabilidad civil. Fraude de subvenciones. Identificación de la responsabilidad civil con la
contable, al no existir elementos que singularicen aquélla de la ya declarada por el Tribunal de
Cuentas. Caso Rilco.
STS -2.ª- 149/15 (Conde-Pumpido Tourón)
Sociedades off shore
STS -2.ª- 182/2014 (Monterde)
B) Cuestiones procesales
Cosa juzgada
No procede anterior condena por delito de fraude a subvenciones no absorbe el delito fiscal por
impago cuotas del Impuesto de Sociedades juzgado en Pieza Separada.
STS-2.ª 486/15 (Granados)
Eficacia de los informes de los peritos de Hacienda: validez
STS -2.ª- 182/14 (Monterde)
STS -2.ª- 486/15 (Granados)
STS -2.ª- 523/15 (Soriano)
Imparcialidad de los peritos de designación judicial
STS -2.ª- 586/14 (Varela) Caso Fabra
Nulidad de la sentencia absolutoria POR SEGUNDA VEZ
STS -2.ª- 523/15 (Soriano)
C) Absolutorias
STS -2.ª- 586/14 (Varela) Caso Fabra. Sólo parcial para la esposa y por un ejercicio.
STS -2.ª- 714/14 (Andrés Ibáñez)
STS -2.ª- 810/15 (Maza) Omisión de declaraciones por IS e IVA. Sociedad anónima dedicada a la
promoción urbanística que realiza operaciones de venta, dación en pago y permuta de inmuebles
no presentando las declaraciones durante 3 ejercicios, con la finalidad de eludir el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales. Condena de los dos administradores que se encargaban de hecho de la
dirección efectiva de la sociedad. Revocación de condena para un tercer apoderado condenado por
la comisión de un delito de defraudación del IRPF en su forma omisiva. Falta de prueba en los
extremos de la base del impuesto. No basta con comprobar los ingresos de las cantidades que
darían pie a esa condena en una cuenta bancaria de la que era titular el recurrente, sino que
resulta necesario, además, acreditar el que esas cantidades responde a rentas de las que dan
origen al referido impuesto.
STS -2.ª- 622/15 (Colmenero) Delito contra la Seguridad Social. Revocación de condena al gestor
administrativo, condenado en la instancia c o m o c o o p e r a d o r , q u e s e l i m i t a b a a r e m i t i r
documentación al graduado social absuelto que era quien realizaba los trámites necesarios ante la
Seguridad Social.
2. Índice anual y por número de sentencia con extractos.
Año 2014
1.- STS -2.ª- 182/2014, de 11 marzo (Monterde) DELITO FISCAL. Elusión de pago de impuestos
de IRPF y patrimonio por rendimientos de entidades mercantiles organizadas en un entramado que
ocultaba la verdadera titularidad de las mismas, y que desviaba todas las ganancias a otras
empresas radicadas en paraísos fiscales, mediante la práctica de refacturación.
2.- STS -2.ª- 494/2014, de 18 junio (Marchena) CONCURSO MEDIAL. De falsedad continuada en
documento mercantil y un delito contra la hacienda pública. Operaciones ficticias con facturas
simuladas, y asientos contables sin facturas que encubren operaciones inexistentes, para minorar
la cuota a ingresar en concepto de IVA y descapitalizar la mercantil mediante la salida injustificada
de fondos. CONCURSO DE NORMAS. La alteración falsaria no persigue fines de autoencubrimienro,
de modo que la solución del concurso ideal desplaza a la del concurso de normas, pues sólo así se
abarca el íntegro desvalor del hecho.
3.- STS -2.ª- 586/2014, de 23 julio (Varela) Caso Fabra. DELITOS FISCALES. Cometidos por ex
Presidente de la Diputación de Castellón y su mujer. Ganancias patrimoniales no justificadas –por
valor que supera los 3 millones de euros- que debieron tributar en concepto de IRPF. Operaciones
bancarias en cuentas de su titularidad, tales como ingresos en efectivo, mediante cheque o
transferencia, cobros en efectivo de cheques y otros pagos que no se corresponden ni con el
patrimonio ni con la renta declarada y que fueron ocultados a la Hacienda Pública, eludiendo el
pago de 1 millón de euros.
4.- STS -2.ª- 690/2014, de 22 octubre (Ferrer) Delito fiscal. No procede prescripción.
5.- STS -2.ª- 704/2014, de 24 octubre (Sánchez Melgar) Delito fiscal. Absolutoria. Ausencia de
razonamiento para la falta de determinación de la deuda tributaria, pese a que fue practicada
abundante prueba pericial al respecto, entre ella informe de la Agencia Tributaria, en que se
evalúan las cuotas dejadas de ingresar.
6.- STS -2.ª- 741/2014, de 12 noviembre (Andrés Ibáñez) Confirma absolutoria.
Año 2015
1.- STS –2.ª- 149/2015, de 11 marzo (Conde-Pumpido Tourón) «Caso Rilco» Art. 308 CP Fraude
subvenciones. Responsabilidad civil. Tribunal de Cuentas.
2.- STS -2.ª- 277/2015, d e 3 j u n i o (Del Moral) «Caso Cooperación» Art. 308 CP Fraude
subvenciones. No continuidad delictiva.
3.- STS -2.ª- 486/2015, de 16 julio (Granados) DELITO FISCAL. Elusión de pago de Impuesto de
Sociedades mediante la declaración mendaz de gastos deducibles y el desvío de subvenciones
públicas para formación de empleo en entramado de sociedades.
4.- STS -2.ª- 580/2015, de 27 julio (Saavedra) (Caso Malaya)
5.- STS -2.ª- 523/2015, de 5 octubre (Soriano) DELITO FISCAL. Elementos del tipo. Dolo.
Indebida deducción como gasto en Impuesto de Sociedades e IVA de los pagos reflejados en las
facturas falsas. Plena eficacia de los informes periciales para acreditar la cuota defraudada, y por
tanto el elemento objetivo del delito, no tenidos en cuenta por la Audiencia.
6.- STS -2.ª- 622/2015, de 23 octubre (Colmenero) Art. 307 CP Delito contra la Seguridad
Social. CONCURSO MEDIAL. Entre los delitos de falsedad en documento oficial y defraudación a la
Seguridad Social. Plan urdido para eludir pagos a la Seguridad Social creando empresas a nombre
de testaferros, que cerraba o dejaba sin actividad con cuotas impagadas. PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA. Revocación de condena al gestor administrativo, condenado en la instancia como
cooperador, que se limitaba a remitir documentación al graduado social absuelto que era quien
realizaba los trámites necesarios ante la Seguridad Social.
7.- STS -2.ª- 810/2015, de 1 diciembre (Maza) DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA.
Omisión de declaraciones por IS e IVA. Sociedad anónima dedicada a la promoción urbanística que
realiza operaciones de venta, dación en pago y permuta de inmuebles no presentando las
declaraciones durante 3 ejercicios, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales. Condena de los dos administradores que se encargaban de hecho de la dirección efectiva
de la sociedad. Revocación de condena para un tercer apoderado condenado por la comisión de un
delito de defraudación del IRPF en su forma omisiva.
Año 2016
1.- STS -2.ª- 223/2016, de 16 marzo (Martínez Arrieta) Sin doctrina.
2.- STS -2.ª- 499/2016, de 9 junio (Colmenero). DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA.
Defraudación en el IVA. Presunción de inocencia. ABSOLUTORIA. Las bases fácticas que permitan
establecer el hecho imponible a efectos de determinar la cuota defraudada deben estar
establecidas en la sentencia, mediante análisis de la prueba, más allá de cualquier duda razonable.
Determinación incompleta del importe de las operaciones sujetas al impuesto. La determinación de
la cuota tributaria defraudada es responsabilidad del Tribunal penal, con arreglo a las normas
penales y a las tributarias. Aplicación del art. 305.2 del Código Penal. Tributos periódicos o de
declaración periódica en períodos impositivos inferiores a doce meses. No procede establecer la
cuota defraudada atendiendo solamente a algunas operaciones aisladas del sujeto. Necesidad de
tener en cuenta toda la actividad del contribuyente sujeta al impuesto en cada año natural. Es
necesaria una liquidación anual de todas las operaciones entre el IVA soportado y el repercutido.
No es trasladable a la jurisdicción penal la posibilidad de sanciones administrativas sin esta
liquidación anual.
IV. BIBLIOGRAFÍA DEL AUTOR
1. Artículos doctrinales
— «Los Delitos contra la Hacienda Pública (Síntesis jurisprudencial y doctrinal)», en Revista
IMPUESTOS, Editorial LA LEY, núm. 18, septiembre de 1993, págs. 20 a 58.
— «El nuevo delito contra la Seguridad Social: primera aproximación», en Revista de Trabajo y
Seguridad Social, núm. 19, julio/septiembre 1995, págs. 97 a 109, Madrid.
— «Los delitos contra las finanzas de la Unión Europea en el nuevo Código Penal de 1995», en
revista jurídica LA LEY, núms. 4408 y 4409, 3 y 4 noviembre 1997.
— Los delitos contra la Seguridad Social: entre la corrupción pública y la privada. Algunas claves
frente al tsunami de la crisis económica y las quiebras del principio de igualdad», en Revista de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social núm. 38 (enero-abrill 2014), dirigida por Luis Enrique De
la Villa Gil, secretario Ignacio García Ninet, editorial Iustel.
Diario LA LEY, nº 8803, de 14 de julio de 2016, Nº 8803, 14 de jul. de 2016, Editorial LA LEY
12 / 13
(1)
(2)
(3)
2. Comentarios jurisprudenciales
— «Jurisprudencia penal reciente del Tribunal Supremo sobre los delitos contra los derechos de los
trabajadores, el delito contra la Seguridad Social y el acoso laboral ó mobbing», en Curso de
actualización de la doctrina del Tribunal Supremo en el orden penal, organizado por el Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia (Ministerio de Justicia) y Fiscalía General del
Estado, Madrid, 7 de junio de 2006, publicado en DVD Estudios Jurídicos 2006.
— STS -2.ª- 456/2014, de 5 junio (Soriano) Delito fiscal. Determinación de la cuota defraudada:
competencia de la autoridad judicial frente a la liquidación realizada por la autoridad
administrativa, en diario La Ley, núm. 8367, de 1 septiembre de 2014.
— STS -2.ª- 586/2014, de 23 julio (Varela) Caso Fabra: delito fiscal: imparcialidad de los peritos
auxiliares del Ministerio Fiscal en la investigación preprocesal, en Diario LA LEY, núm. 8389, de 1
octubre 2014.
Véase mi estudio «Algunos textos poéticos clásicos para una reflexión crítica del Derecho Penal
contemporáneo (Poesía satírico-burlesca del Siglo de Oro y delincuencia económica del Siglo XX)», en
Diario LA LEY, núm. 3626, 11 octubre 1994.
Ver Texto
Sobre lo que sean normas penales en blanco, quizás sería conveniente consultar la concepción original de
BINDING, resumida en MIR PUIG, S. Derecho Penal. Parte General, Barcelona, PPU, págs. 39 y ss. 9.ª
edición año 2011 editorial Reppetor, págs. 66 párrafos 18 a 21 (edición a cargo de GÓMEZ MARTÍN).
Ver Texto
Según Base de Datos laleydigital360.
Ver Texto

No hay comentarios:

Publicar un comentario