martes, 6 de septiembre de 2016

acumulación o refundición de condenas

De nuevo sobre la acumulación o refundición de condenas. Acuerdo del Pleno de 3 febrero 2016. Criterio evolutivo de la Sala en la interpretación de normas de acumulación. Doctrina general. Criterio cronológico. Acumulación por bloques: reutilización de penas excluidas en bloques
anteriores para la formación de un nuevo bloque

Manuel-Jesús DOLZ LAGO
Fiscal del Tribunal Supremo

Resumen
Comentario a la sentencia de la Sala Segunda (Penal) del Tribunal
Supremo, de 21 de abril de 2016. Ponente: Andrés Palomo del Arco.
RESUMEN DEL FALLO
La sentencia comentada (STS 339/2016, de 24 de abril). estima parcialmente el recurso de
casación contra el auto de acumulación de penas del Jugado de lo Penal núm. 2 de Pontevedra y
dicta segunda sentencia en la que modifica la misma.
DISPOSICIONES APLICADAS
Arts. 76 CP y 10, 14 y 25.2 CE.
ANTECEDENTES DE HECHO
En el caso concreto enjuiciado, se trata de un expediente de acumulación de condenas, en las que
el Juzgado excluyó con buen criterio, las condenas designadas como A, H y O puesto que en ellas
recayeron penas de multa y trabajos en beneficio de la comunidad, sin que conste respecto de las
multas que se hubiera realizado su conversión en responsabilidad personal subsidiaria, y estar
prevista la acumulación jurídica que prevé el artículo 76 CP (LA LEY 3996/1995) para las penas de
prisión. Sin embargo en la formación de los posibles bloques, sigue el criterio que defiende el
Ministerio Fiscal, de la inviabilidad de la reutilización de las condenas que integraban bloques ya
analizados, aunque no hubieran sido fructíferos porque el triple de la pena mayor excedía de la
suma aritmética de las condenas integrantes del bloque ponderado.
DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO
La doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia, se detiene en una exposición del criterio
evolutivo de la Sala FJ 2.º y en la reutilización de sentencias excluidas para bloques sucesivos. Nos
ceñiremos al segundo aspecto si bien se recomienda la lectura del FJ 2.º de la sentencia
comentada.
«TERCERO. - En la formación de los posibles bloques, se partía en la jurisprudencia de esta
Sala, como explica la mencionada STS 222/2016, de 16 de marzo (LA LEY 16505/2016),
de la consideración, de que cada sentencia debería representar un punto y aparte en el
historial delictivo. En el momento de la sentencia el condenado ha de adquirir conciencia
de que todos los delitos cometidos hasta entonces, hayan sido o no enjuiciados, solo
podrán refundirse con la condena ya recaída. Y habría de ser consciente de que la comisión
de un nuevo delito abrirá otro "capítulo" en su historial delictivo y en la forma de cumplir
sus consecuencias. Este sistema implicaba estar a la sentencia más antigua y efectuar las
operaciones con todas las que versen sobre hechos anteriores. Si son acumulables entre sí
se procederá así; y a continuación se reiniciaría la operación con las más antigua de las
que resten y así sucesivamente. Si no son acumulables, sin embargo, no cabría rescatar
ninguna de ellas para nuevas combinaciones. Habría que efectuar la operación a partir de
la más antigua de las restantes pero sin tomar ya en consideración las descartadas.
Método que venía favorecido por la redacción del art. 76.2, que persistía en una conexidad,
aunque fuere espiritualizada, entre las condenas del penado: la limitación (prevista en el
art, 76.1) se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos si los
hechos, por su conexión o el momento de su comisión, pudieran haberse enjuiciado en uno
sólo; pero la reforma operada por la LO 1/2015 (LA LEY 4993/2015), otorga una nueva
redacción donde se prescinde ya de cualquier tipo de conexión y se atiende a criterios
estrictamente cronológicos: la limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto
en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que
fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar
; que como indica la STS 139/2016, de 25 de febrero (LA LEY 10077/2016) ha suscitado la
reinterpretación del alcance de la acumulación cuando se trata de penas impuestas en
distintos procesos, aunque ciertamente algunas resoluciones ya abogaban por el criterio
ahora adoptado en el Pleno no jurisdiccional de fecha 3 de febrero de 2016, celebrado por
esta Sala Segunda al amparo del art. 264 LOPJ (LA LEY 1694/1985), donde se acuerda:
La acumulación de penas deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al
contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de
los demás hechos enjuiciados en las otras sentencias. A esa condena se acumularán todas
las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia.
Las condenas cuya acumulación proceda respecto de esta sentencia más antigua, ya no
podrán ser objeto de posteriores operaciones de acumulación en relación con las demás
sentencias restantes. Sin embargo, si la acumulación no es viable, nada impediría su
reconsideración respecto de cualquiera de las sentencias posteriores, acordando su
acumulación si entre sí son susceptibles de ello.
Es decir, en la formación de bloques, como es tradicional, una vez comprobada la
posibilidad de acumulación conforme al criterio cronológico establecido ( por hechos
cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de
acumulación, lo hubieran sido en primer lugar ), habrá de determinarse si el límite máximo
de cumplimiento, fijado conforme al artículo 76 C. Pena (20 años —excepcionalmente en
los supuestos previstos 25, 30 ó 40, en su redacción actual—; o el triple de la pena más
grave), beneficia al penado; en definitiva, si resulta inferior a la suma aritmética de las
condenas impuestas en las ejecutorias integrantes del bloque, pues solo en este caso, se
acumularán tales condenas, sustituyendo la suma aritmética, por el referido límite ( SSTS
854/2006, de 12 de septiembre (LA LEY 99337/2006); 1293/2011, de 27 de noviembre
(LA LEY 241448/2011); y 13/2012, de 19 de enero (LA LEY 2435/2012), entre otras).
Pues si el resultado que ofrezca esa comparación, le perjudicara, no procedería
acumulación alguna en cuanto a las penas integradas en ese bloque.
Como expresa la STS n.o 706/2015, de 19 de noviembre (LA LEY 169513/2015), "aunque
la redacción del precepto pudiera haber sido más clara, ha de interpretarse en el sentido de
que la acumulación deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al
contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de
los demás hechos enjuiciados en las demás sentencias. A esa condena se acumularán todas
las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia".
Pero ahora, el Acuerdo del Pleno, adiciona la posibilidad de reutilización de la condenas
integrantes de bloques no fructíferos, porque los límites previstos en el 76.1, excedieran en
su magnitud a la suma aritmética las que integran el bloque; de modo que es viable la
formación de bloques donde se incorporen condenas ya ponderadas en bloques previos
donde el cotejo comparativo aritmético frustró la acumulación.
Como adelantaba la STS 706/2015 (LA LEY 169513/2015), citada, "si la acumulación no es
viable, nada impediría su reconsideración respecto de cualquiera de las sentencias
posteriores, acordando su acumulación si entre sí son susceptibles de ello".
En dicho Pleno, también se precisó en cuanto a la expresión enjuiciados, que a los efectos
del artículo 76.2 CP (LA LEY 3996/1995) hay que estar a la fecha de la sentencia dictada
en la instancia y no la del juicio.
Lo decisivo no es la fecha del juicio oral —que puede prolongarse durante semanas o
meses— sino la de la sentencia. Una perspectiva teleológica apoya este criterio, este
referente temporal es más seguro (es una única fecha) y respeta la literalidad del art. 76.2
actual por cuanto "el termino enjuiciados" —se lee en la STS. 697/2015 de 10.11 (LA LEY
177388/2015)—, no implica una diferencia esencial y necesaria respecto del mismo
término, siquiera en singular, utilizado en la redacción anterior del artículo 76.2 del Código
Penal (LA LEY 3996/1995). En ambos casos el significado no remite ineludiblemente al
momento del acto del juicio oral. En efecto, conforme al diccionario RAE la misma voz
enjuiciar puede significar "instruir, juzgar o sentenciar". Además evita un problema
burocrático, pues en los registros públicos no consta la fecha del juicio que habría que
buscar en los antecedentes de la sentencia (donde no siempre figura).
Explica las razones que justifican este acuerdo, más detenidamente, la STS 144/2016, de
25 de febrero (LA LEY 8601/2016):
(…) En consecuencia, adoptar una interpretación literal de "fecha de enjuiciamiento" como
"fecha del juicio", conduce a una situación manifiestamente disfuncional, que debe ser
evitada en una materia tan delicada en la que está en juego el tiempo de privación de
libertad de los penados, por lo que debe adoptarse la interpretación de "fecha en la que los
hechos fueron sentenciados".
CUARTO.- Pero además, de esta reutilización, en un escalón evolutivo jurisprudencial más,
en la interpretación favorable al penado, a partir de la reconsideración del art. 76.2
propiciada por su nueva redacción sobre la locución utilizada en referencia restringida a las
condenas que integren el objeto de la efectiva acumulación, permite atender e n
modificación de una jurisprudencia anterior (p. e. STS 408/2014, de 14 de mayo (LA LEY
69447/2014), ciertamente distante de ser pacífica, que era el criterio también seguido en
la Circular FGE 1/2014) a la viabilidad de que sea posible la elección de la ejecutoria que
sirva de base a la acumulación, en cuanto el texto normativo predica la exigencia del
requisito cronológico de los que fueren objeto de acumulación, pero ninguna exigencia más
a cómo debe formarse ese bloque, ni que la exigencia cronológica además de observarse
internamente entre las ejecutorias que integren el bloque, también suponga que no existe
posibilidad de bloques acumulativos con condenas de fechas precedentes.
Así, la STS 139/2016, de 25 de febrero (LA LEY 10077/2016), tras incidir que la
interpretación sustantiva del sistema de acumulación jurídica no puede prescindir de
determinados valores constitucionales como son los principios proclamados en el artículo
15 CE (LA LEY 2500/1978) relativo a las penas inhumanas, el artículo 25 que proclama
que las penas privativas de libertad están orientadas hacia la reeducación y reinserción
social y el propio artículo 10.2 que obliga a la interpretación conforme a los tratados y
acuerdos internacionales y a la Declaración Universal de Derechos Humanos (LA LEY
22/1948) (así, por ejemplo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(LA LEY 12415/2007), 49.3, proclama que la intensidad de las penas no deberá ser
desproporcionada en relación con la infracción); destaca que el enjuiciamiento de los
hechos pende en muchas ocasiones de circunstancias o contingencias aleatorias y por ello
ajenas a la responsabilidad de los propios penados y que incluso pueden conculcar el
principio de igualdad en la aplicación de la ley [artículo 14 CE (LA LEY 2500/1978]) y si
bien no puede corregirse absolutamente cuanto más flexible sea la posibilidad combinatoria
se reducirá el margen de aleatoriedad.
Y tras contemplar en el supuesto concreto analizado, que resultaba la posibilidad de
acumular formando bloques a partir de la primera de las sentencias ordenadas en atención
de su antigüedad, del cuadro de ejecutorias, pero también resultaba posible la formación
de un bloque a partir de la segunda, que resulta más beneficioso aunque dejaba fuera del
bloque a esa primera sentencia, siendo que todas las así acumuladas en esta segunda
alternativa, cumplimentan las exigencias del art. 76.2, concluye:
teniendo en cuenta lo señalado en el fundamento precedente, esta alternativa
combinatoria, que es evidentemente más favorable para el penado y cumple las reglas fijas
señaladas en el mismo, pues todos los hechos son anteriores a la sentencia de referencia y
ninguno de ellos ha sido sentenciado con anterioridad, no es incompatible con la regla 2.ª
del artículo 76 CP (LA LEY 3996/1995) tal como hemos señalado. Siendo ésta la opción
más favorable para el penado y comprendiendo las sucesivas operaciones de acumulación
la totalidad de las ejecutorias pendientes debemos acoger la misma, lo que equivale a
estimar solo parcialmente el motivo del Ministerio Fiscal por cuanto frente a lo resuelto por
el Juzgado de ejecutorias la sentencia de fecha más antigua debe quedar fuera del bloque
acumulado y cumplirse independientemente
Conclusión que parte del enunciado de que cuando el apartado 2 del artículo 76 se refiere
a que los hechos objeto de acumulación hayan sido cometidos antes de la fecha en que
hubieren sido enjuiciados los que sirven de referencia, ello no significa necesariamente que
esta sentencia deba ser la de fecha más antigua de todas las potencialmente acumulables
sino anterior a las que hayan enjuiciado los hechos que sean objeto de acumulación en
relación con la que sirve de referencia en cada caso.
De igual modo la STS 142/2016, de 25 de febrero (LA LEY 8592/2016), coincidente con
este criterio interpretativo del art. 76.2, indicaba:
La esencia de esta interpretación consiste en la búsqueda de la solución combinatoria que
más beneficio objetivo represente para el penado. Siempre que se adecue al canon legal,
pero advirtiendo que éste no se dirige a imponer un método de formulación d e
combinaciones que parta necesariamente de la más antigua de las sentencias de entre
todas las que condenaron al penado. Esa fecha de sentencia que es relevante es la de la
más antigua de aquéllas que efectivamente se incluye en el listado de cualquiera de las
combinaciones. Es decir la Ley 1/2015 no ha querido fijar prioritariamente un método de
cálculo para componer la acumulación obligando a comenzar por las acumulaciones posibles
a la más antigua de las sentencias condenatorias sufridas por el penado. Lo que pretende es
i m p o n e r u n l í m i t e a l r e s u l t a d o d e t o d a s y c a d a u n a d e l a s c o m b i n a c i o n e s q u e
efectivamente se puedan llevar a cabo.
Otra interpretación supone, contra reo, transformar lo que es la voluntad legal dirigida a
ampliar la autorización que implique una disminución del tiempo de condena en una
imposición restrictiva que se traduzca en mayor tiempo de cumplimiento.
También, la STS 219/2016, de 15 de marzo (LA LEY 16513/2016), concurrente con el
anterior pronunciamiento, establece cual es el criterio determinante de la elección entre
las diversas alternativas que los diferentes bloques formados a partir del conjunto de las
ejecutorias del penado, con observancia de las exigencias del art. 76, posibilitan: siendo
posible establecer más de un bloque de condenas a refundir, deben valorarse también las
condenas que deben ser cumplidas separadamente por el penado, para determinar la
combinatoria más favorable al mismo.
Criterio en el que abunda, la STS 153/2016, de 26 de febrero (LA LEY 8600/2016), cuando
afirma que cabría rechazar cualquier acumulación cuyo resultado fuera menos favorable
que otra posible, la interpretación de la nueva regulación no debería impedir que, tras un
primer intento de acumulación, (o varios, en su caso), se acuda a otras distintas
posibilidades, si resultan más favorables para el penado, criterio que resultaría aplicable en
atención a la finalidad de la norma, orientada a reducir a un límite máximo racional la
extensión de privación de libertad de una persona por hechos cometidos en un
determinado lapso temporal. Siempre respetando el límite antes mencionado, es decir,
siempre que todos los hechos por los que han recaído las distintas condenas sean
anteriores a la sentencia más antigua de las que concretamente se acumulan.
De modo, que en esa búsqueda de la acumulación con resultado más favorable, el criterio
cuantitativo del cotejo, no es, en cada caso, el límite resultante de los bloques
efectivamente acumulados, sino de esa cifra más la suma de las penas que deban ser
cumplidas independientemente; es decir el tiempo total que tras la combinación elegida el
penado deba cumplir.
Claro está, siempre que se cumplan dos requisitos:
— i) Cronológico: los hechos de las sentencias que se acumulan han de ser anteriores a la
fecha de la sentencia que sirve de base a la acumulación; sentencia base que a su vez es
de fecha anterior a las sentencias que a ella se acumulen; y
— ii) Continuidad: no es dable excluir, en el bloque así formado a partir de la sentencia
elegida como base de la acumulación por resultar más favorable, ninguna ejecutoria de las
incluidas en la hoja histórico-penal del condenado, que cumplan en relación con la misma,
el anterior requisito cronológico; pues en otro caso, se potencia la posibilidad de la
generación de un patrimonio punitivo, en el sentido de que, en algún momento, pudiera
delinquir nuevamente sabiendo que no cumplirá la pena.
Tal situación debe ser evitada, siempre que sea posible. Aunque, como recuerda la STS
706/2015, de 19 de noviembre (LA LEY 169513/2015) no siempre lo será. El delincuente
que ha cometido ya al menos tres delitos sin haber sido enjuiciado ninguno de ellos, sabe,
o puede saber, que respecto de los nuevos delitos que cometa antes de ser enjuiciado por
los anteriores es muy posible que, en algunos casos, ya no deba cumplir la pena asociada a
los mismos, precisamente por la acción de las previsiones del artículo 76.2 del Código Penal
(LA LEY 3996/1995). Pero ello, se acrecienta notablemente y lo aproximaría a niveles de
certeza, si sabe que la potencial condena ulterior con mayor pena, puede ser escindida con
facilidad, del bloque a formar para determinar el límite de cumplimiento.
Como destaca la STS 367/2015 de 11 de junio (LA LEY 79694/2015), de ningún modo el
resultado de la acumulación, puede constituir a los ya sentenciados en poseedores de un
patrimonio punitivo que les provea de inmunidad o de una relevante reducción de
penalidad, para los delitos futuros, es decir los que puedan cometer después del
cumplimiento de su condena, o durante la misma tanto en caso de quebrantamiento como
de delitos ejecutados durante los permisos o en el interior de la prisión, esto es para
aquellos delitos que sin ser susceptibles de acumulación, rebasarán el límite del art. 76, lo
que sería injusto y atentaría a los principios que rigen el proceso penal ( STS 798/2000 de
9 de mayo (LA LEY 7007/2000) ), insistiéndose en que tales limites no pueden operar
como garantía de impunidad para el futuro, aunque se hayan agotado los límites máximos
establecidos con carácter general por la Ley para las penas privativas de libertad (STS.
135/1999 de 8 de febrero)».
COMENTARIO FINAL
En nuestro comentario a la STS -2.ª- 367/2015, de 11 junio (Conde-Pumpido Tourón), publicado
en el Diario LA LEY de 16 septiembre 2015, tras la reforma penal del 2015, decíamos: «Si hay una
materia donde existe una confusión generalizada sobre los criterios jurídicos que rigen su
aplicación e interpretación es la de la acumulación de condenas o refundición de penas. No pocos
quebraderos de cabeza genera la misma y por ello se agradecen sentencias como la comentada,
que apuesta deliberadamente por la clarificación en un terreno minado por las incertidumbres
derivadas de un magma jurídico difícil de digerir cuando no se afronta la materia de forma racional
y sistemática. En este esfuerzo de clarificación ha participado el MF y lo hace la Sala 2.ª en sus
sentencias».
Pues bien, buena prueba de la complejidad de la materia ha llevado a la necesidad de un Acuerdo
Plenario de fecha 3 febrero 2016, al amparo del art. 264 LOPJ (habrá que entender que es Pleno
jurisdiccional, dada la imposibilidad de que lo sea No Jurisdiccional tras la reforma L.O. 7/2015),
que incide básicamente en la reutilización de sentencias excluidas en la formación de bloques
antecedentes para los posteriores. Aspecto éste oscuro y confuso con anterioridad al Acuerdo. Es
evidente, que la humanización de las penas, ya expuesta por nuestros correccionalistas del S-XIX
(c.fr. SILVELA) ha influido en la interpretación de las normas reguladoras de esta materia para
evitar que, en todo caso, los expedientes de refundición de penas respeten los límites máximos de
cumplimiento, considerados absolutos, establecidos en el art.76.1 CP que sitúa el máximum en 40
años, salvo el régimen específico de la prisión permanente revisable ex 92 y 78 bis CP. De ahí, que
no quede claro en la doctrina del Supremo cómo opera este criterio y al mismo tiempo el deseo de
la no formación de un patrimonio punitivo que permita al delincuente, conociendo estos límites
máximos, saber impunes delitos que excedan de dicho límite.
Por otra parte, hay que destacar que a partir de ese Acuerdo se ha dado un inusitado número de
pronunciamientos jurisprudenciales de la Sala 2.ª TS sobre refundición de condenas, tratando de
explicar el mismo, buena prueba de ello son las sentencias citadas en esta del presente año. Y que
se ha abandonado el criterio expresado en la STS -2.ª- 367/2015 citada, que establecía que la
reforma penal de 2015 obligaba a tener en cuenta para seleccionar las acumulables el dato de la
fecha del enjuiciamiento del hecho primero objeto de la acumulación y no el de la sentencia,
volviendo al de la fecha de la sentencia.

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