domingo, 27 de marzo de 2016

Asesinato de un abogado en manos de su cliente: inexistencia de vulneración del derecho de defensa



Asesinato de un abogado en manos de su cliente: inexistencia de vulneración del derecho de defensa
Manuel-Jesús DOLZ LAGO Fiscal del Tribunal Supremo
LA LEY 1118/2016
RESUMEN DEL FALLO
La sentencia desestima el recurso de la defensa y confirma la condena por los delitos de asesinato, robo con violencia y estafa.
DISPOSICIONES APLICADAS Art. 24 CE (LA LEY 2500/1978)
ANTECEDENTES DE HECHO
En el caso concreto enjuiciado, son hechos probados los siguientes:
«El acusado P. R. B, nacido el 24 de enero de 1.959, en Munich, Alemania, hijo de P. y de C., sobre las 11:00 horas del día 2 de marzo de 2012, se presentó en el despacho profesional del abogado Sr. D. S. A. R., situado en la calle M. M. (…) de la ciudad de Málaga, para contratar sus servicios en un asunto penal. Tras concertar unos honorarios de 1.000 euros, le pidió que lo llevara a un Centro Comercial situado en la Urbanización Elviria de Marbella donde un conocido le iba a entregar 500 euros. Se subieron en el vehículo (…) propiedad del (abogado). Cuando llegaron a la altura de la Avenida Elviria la Sur, el Acusado (…) amedrentó a D. S. A. R. con un arma blanca que portaba, haciéndole parar el vehículo. Se apoderó de su cartera y lo conminó a que le facilitara el número pin de su tarjeta de crédito.
El acusado Peter (…) inmovilizó a D. S. A. R., atándole las manos con cinta de celofán que había cogido del despacho de la víctima, lo sacó del vehículo arrastrándolo por el suelo y lo obligó a meterse en el maletero, donde lo golpeó repetidamente dándole puñetazos. Le pinchó con un arma blanca en la cabeza y le asestó un navajazo letal en el cuello, causándole lesión contusa (hematoma en el párpado superior del ojo derecho) y heridas inciso punzantes en la cabeza y en el cuello. La herida inciso-punzante del cuello lesionó las siguientes estructuras: piel, músculo esternocleidomastoideo, membrana tirohioidea, epiglotis y asta superior izquierda del hueso hioides, además de vasos sanguíneos. Es decir, causó una lesión en la laringe entrando el arma entre el cartílago tiroides y el hueso hioides, con herida de 2,4 x 1,8 cm; llevando la siguiente dirección: de izquierda a derecha y muy ligeramente descendente.
La muerte pudo deberse a un mecanismo combinado de hemorragia, asfixia y shock, pudiendo la víctima haber sobrevivido algún tiempo, estimado como corto pero difícil de determinar.
El acusado (…) condujo el vehículo de la víctima hasta la calle (…) de Málaga donde lo dejó estacionado, llevándose la cartera y una chaqueta marca Barbour de la víctima.
El acusado (…), haciendo uso de la tarjeta de bancaria n.o (…), sobre las 14:23 horas del día 2 de marzo de 2012, en el cajero automático de la sucursal de Unicaja de Caleta de Vélez, extrajo 600 euros. A las 00:10 horas del día 3 de marzo de 2012, en el cajero automático de la sucursal de "Unicaja" de El Morche, pedanía del municipio de Torrox, retiró otros 600 euros. A las 06:32 horas del día 4 de marzo de 2012 intentó de nuevo otra extracción por idéntica cantidad en el cajero de "Unicaja" de Torre del Mar, si bien no lo consiguió al quedar retenida la tarjeta por estar bloqueada.
En el registro de la vivienda situada en Calle (…) de la localidad de Torrox, donde moraba el procesado se intervino, entre otros efectos, una chaqueta de color azul marino de la marca Barbour, propiedad de la víctima, con un extracto bancario a su nombre. Se intervinieron 450 euros
El acusado (…) ha sido ejecutoriamente condenado, entre otras, a la pena de 3 años de prisión por delito de robo con fuerza, en ejecutoria 249/2007, del Juzgado de lo Penal n.o 2, en fecha 10.4.2007, por hechos cometidos el día 8.1.2007. No consta que haya satisfecho la cantidad que se fijó en concepto de responsabilidad civil.
En el momento de su detención, tenía en vigor una búsqueda y detención para extradición por parte de Autoridades alemanas, con fecha de alta de 23.1.2008, por estafa, robo cualificado y lesiones. También estaba requisitoriado por el Juzgado de Instrucción n.o 11, de fecha 28.2.2011, en Procedimiento Abreviado número 124/2010, por delito de apropiación indebida. La Comisaria Local de Torremolinos tenía interesada su detención, en fecha 2 de junio de 2011, en diligencias policiales 10556/2011, por apropiación indebida.
El acusado (…) se encuentra en prisión provisional desde el 10 de marzo de 2012. Al momento de los hechos la víctima (…) contaba con 49 años de edad y dejó viuda (…), y dos hijos (…), nacidos en 1994 y 1996.»
DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO
La doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia, ante la alegación del recurrente que hubo un conflicto de intereses entre la acusación particular del Colegio de Abogados de Málaga, que al mismo tiempo le nombró abogado de oficio, y el derecho de defensa, por cuanto se solicitó que se nombrara abogado perteneciente a otro Colegio de Abogados, dice en su FJ 1.º lo siguiente: « (…)
2. El Tribunal Constitucional tiene reiteradamente establecido en relación con el derecho fundamental a no padecer indefensión (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)), por un lado, que la indefensión es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa, de los principios de contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho, o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales; y, por otro, que para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978), se requiere que los órganos judiciales hayan impedido u obstaculizado en el proceso el derecho de las partes a ejercitar su facultad de alegar y justificar sus pretensiones, esto es, que la indefensión sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional (por todas, SSTC 12/2011, de 28-2 (LA LEY 3662/2011); y 127/2011, de 18-7 (LA LEY 143538/2011)). Por lo cual, está excluida del ámbito protector del art. 24 CE (LA LEY 2500/1978) la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representen o defiendan (entre otras muchas, SSTC 109/2002 (LA LEY 4898/2002); 87/2003 (LA LEY 12222/2003); 5/2004 (LA LEY 412/2004); 141/2005 (LA LEY 13265/2005), 160/2009 (LA LEY 119834/2009), 12/2011 (LA LEY 3662/2011) y 57/2012 (LA LEY 40147/2012)).
Y también tiene reiteradamente afirmado el Tribunal Constitucional sobre el mismo tema que solo cabe hablar de indefensión cuando la actuación judicial produzca un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa con el consiguiente perjuicio para los intereses del afectado (SSTC 48/1984 (LA LEY 47281-NS/0000), 155/1988 (LA LEY 3611-JF/0000), 145/1990 (LA LEY 1560-TC/1991), 188/1993 (LA LEY 2302-TC/1993), 185/1994 (LA LEY 13519/1994), 1/1996 (LA LEY 1853/1996), 89/1997 (LA LEY 6640/1997), 186/1998 (LA LEY 9330/1998), 2/2002 (LA LEY 2641/2002), 32/2004 (LA LEY 11892/2004), 15/2005 (LA LEY 11012/2005), 185/2007 (LA LEY 132587/2007), 60/2008 (LA LEY 61662/2008), 77/2008 (LA LEY 86604/2008), 121/2009 (LA LEY 76104/2009), 160/2009 (LA LEY 119834/2009) y 57/2012 (LA LEY 40147/2012)).
3. Al trasladar la jurisprudencia que se acaba de reseñar al caso que se juzga, es claro que no se está ante un supuesto de indefensión material y efectiva del acusado en el curso de la tramitación de la presente causa.
En primer lugar porque no consta que el acusado solicitara en ningún momento que se le nombrara un letrado fuera de la circunscripción provincial de Málaga, ni tendría tampoco el Colegio de Abogados de esa provincia facultades para nombrar un letrado fuera de esa circunscripción.
En segundo lugar porque al acusado se le informó desde el primer momento de la opción que tenía de nombrar un letrado de su confianza de fuera de la circunscripción provincial de Málaga, sin que lo hiciera. Al parecer, según se desprende del escrito de recurso, debido a que, a pesar de que contactó con alguno, no llegó a un acuerdo en el tema de los honorarios.
La primera vista del juicio, señalada para el mes de noviembre de 2014 se suspendió, con la oposición de las acusaciones, con el fin de que el acusado nombrara un letrado particular, a pesar de que había tenido tiempo suficiente para ello. Y cuando se inició la segunda vista, en el mes de febrero siguiente, y el acusado volvió a solicitar la suspensión por el mismo motivo, ya que de nuevo pretendía designar un letrado de libre elección, lógicamente se le denegó una nueva suspensión.
La alegación del recurrente relativa a la conveniencia de que se le nombrara un letrado que ejerciera la profesión fuera de la provincia de Málaga no puede acogerse como motivo de indefensión, toda vez que tal circunstancia de por sí no conllevaba que el letrado que le asignó el Colegio de Abogados de Málaga no gozara de las condiciones necesarias para llevar con diligencia y profesionalidad la defensa del acusado, ya que incluso la propia parte admite en el recurso que no apreció falta de imparcialidad ni de honestidad en ninguno de los integrantes de los sectores profesionales que intervinieron en el proceso. Por lo tanto, se carece de cualquier indicio acreditativo de que el hecho de que la víctima fuera un letrado de Málaga y de que también perteneciera a la misma provincia el letrado de oficio que se le nombró mermara en alguna medida el derecho de defensa.
Por lo demás, en el terreno estrictamente jurídico no consta que al acusado se le haya generado ninguna clase de cercenamiento efectivo del derecho de defensa por parte de los órganos judiciales ni tampoco por la actuación del letrado que se le nombró. Cuando menos no se argumenta con datos concretos cuál fue la indefensión que padeció, por qué se produjo y las razones por las que debe ser considerada como una indefensión real y efectiva.
En vista de lo cual, el motivo es claro que no puede acogerse.»
COMENTARIO FINAL
La sentencia (LA LEY 205591/2015)indicada aborda un delicado tema, cual es si el abogado de oficio, que se encarga de la defensa del acusado, no garantiza el derecho de defensa cuando pertenece al mismo Colegio de Abogados, que en el proceso adopta la posición de acusación particular, por haber sido miembro de ese Colegio la víctima.
Ciertamente, en el plano teórico, la cuestión no deja de tener su interés jurídico, por cuanto puede pensarse que aquella Corporación que se constituye en acusación particular, al haber sido miembro de la misma la víctima, no está legitimada para designar de oficio al letrado de la defensa de aquél a quien precisamente acusa.
Ahora bien, el análisis de esta materia creemos debe realizarse no tanto desde la perspectiva del Colegio de Abogados, que como destaca la sentencia no tiene competencias para designar a un abogado de oficio de otro Colegio y, en definitiva, sería una mera cuestión administrativa, sino desde la perspectiva del propio abogado de oficio, de su estatuto jurídico y del concepto de indefensión material a que se refiere la sentencia.
En efecto, el problema no es tanto que la acusación particular designe al abogado defensor de quien acusa sino si ese abogado actúa con imparcialidad y objetividad en la defensa de los intereses de su cliente aunque ello le lleve a enfrentarse al propio Colegio al que pertenece tanto él como la víctima, compañero suyo.
Al margen de que la sentencia constata la inexistencia de elementos suficientes para dudar de la imparcialidad del abogado defensor y de que el propio acusado declinó su facultad de nombrar abogado particular de su confianza, hay que recordar que el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 junio (LA LEY 1024/2001) (La Ley 1024/2001), cuya referencia omite la sentencia comentada, señala en su art. 1.1. que: «La abogacía es una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público y que se ejerce en régimen de libre y leal competencia, por medio del consejo y la defensa de derechos e intereses públicos o privados, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas, en orden a la concordia, a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y a la Justicia».
La STS Sala 3.ª, Secc. 8.ª, de 30 diciembre 2008 (LA LEY 313981/2008)) recordaba que: «El Letrado ya sea designado, o no, por el turno de oficio— no tiene otra función en el proceso que la propia de su profesión (arts. 542.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985) , 31.1 LEC (LA LEY 58/2000) y 1.1 del Estatuto General de la Abogacía aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio (LA LEY 1024/2001)): dirección y defensa de la parte en el proceso y asesoramiento y consejo jurídico, siempre, claro está, supeditado a la voluntad y decisión de quien decide iniciar el proceso y al que defiende (…)»
Ángel OSSORIO, en su conocida obra El alma de la Toga, 2.ª ed., Imprenta Juan Pueyo, Madrid, 1922, decía: «Urge reivindicar el concepto de Abogado. Tal cual hoy se entiende, los que en verdad lo somos participamos de honores que no nos corresponden y de vergüenzas que no nos afectan. "En España todo el mundo es Abogado, mientras no pruebe lo contrario". Así queda expresado el teorema, que Pío Baroja por boca de uno de sus personajes (El tablado del arlequín) condensa en estos otros términos "Ya que no sirves para nada útil, estudia para Abogado". Los corolarios son inevitables»
Al hilo de la cita literaria y de la problemática expuesta en la sentencia comentada, pienso que, efectivamente, urge reivindicar el concepto de Abogado.
El noble ejercicio de la abogacía en un caso concreto adquiere el rango de presunción legal iuris tantum y, salvo mejor criterio fundado en derecho, creo que sólo desde esa premisa cabe abordar cuestiones tan espinosas como la presente.
Es justo reconocerlo cuando la Sala 2.ª, con razón, viene otorgando esta presunción a las actuaciones de autoridades y funcionarios públicos en el proceso. Esta equiparación tendría su fundamento en las consecuencias derivadas del aquél principio procesal que se denomina igualdad de armas, tan querido en el proceso penal norteamericano (v.gr. GÓMEZ COLOMER, J. L. (Coordinador), Introducción al proceso penal federal de los Estados Unidos de Norteamérica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, 68) y poco comprendido en el nuestro.

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