miércoles, 22 de julio de 2015

Comentario (2) Caso Ellacuría


Caso Ellacuría. Jurisdicción Universal. Competencia de la jurisdicción española y de la Audiencia Nacional ante el  fraudulento o incompleto procedimiento meramente formal seguido en El Salvador

 

Manuel-Jesús DOLZ LAGO Fiscal del Tribunal Supremo

Tribunal Supremo TS Sala Segunda, de lo Penal, S 20 abril 2014. Recurso 20962/2014

Ponente: D. Manuel Marchena Gómez

RESUMEN DEL FALLO:

El auto estima las tesis del juez central de instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional y del Ministerio Fiscal, acordando la competencia de la jurisdicción española para continuar la investigación y enjuiciamiento del caso.

DISPOSICIONES APLICADAS:

Arts. 11.2, 23.2.c), 23.4.e) y 23.5.º LOPJ (tras redacción operada por LO 1/2014).

ANTECEDENTES DE HECHO

El sumario núm. 97/2010 tramitado en Juzgado Central de instrucción no 6 de la Audiencia Nacional se inició en virtud de querella criminal interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España así como el Centro de Justicia y Responsabilidad, en la que se denunciaban los asesinatos de los sacerdotes

jesuitas de origen español y nacionalizados salvadoreños Ignacio Ellacuría Beascoechea, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana, Juan Ramón Moreno Pardo, el sacerdote salvadoreño Joaquín López y López, su empleada doméstica Julia Elba Ramos y la hija de ésta Celina Mariceth Ramon, ocurridos el día 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana «José

Simeón Cañas».

El crimen se habría cometido, según la querella, por miembros del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata, «ATLACATL» (batallón del ejército salvadoreño), en ejecución de un plan concebido en la sede del Estado Mayor del Ejército y en cumplimiento de las órdenes dadas por sus superiores.

Los querellados ocupaban altos cargos en el gobierno salvadoreño, como el de ministro de Defensa Nacional, Rafael Humberto Larios y autoridades militares, como René Emilio Ponce, Coronel y Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y Juan Rafael Bustillo, General y Comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña, entre otros.

El proceso judicial seguido en El Salvador fue una simulación, habiéndose llegado a un resultado de no justicia. Se detallan las irregularidades del proceso desde las limitaciones y presiones padecidas por la Comisión de Investigación, la injerencia del Fiscal General sobre los fiscales del caso para que no investigaran,  la ausencia de investigación sobre evidentes responsables militares, destrucción de pruebas claves como libros registro militares de esos días, obstrucciones probatorias y presiones al jurado, que denunció ser amenazado.

 
DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO

La doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia recoge íntegramente las tesis del juez central de instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía del TS.

En el caso concreto enjuiciado, el juez central de instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional, al amparo del art. 23.5 LOPJ (redacción según LO 1/2014), elevó exposición razonada a favor de la competencia de la jurisdicción española para continuar en la investigación y, en su caso, enjuiciamiento del caso, en virtud del principio de jurisdicción universal, al entender que el procedimiento judicial seguido en El Salvador fue fraudulento e incompleto y se llegó a un resultado de «no justicia». La tesis judicial fue apoyada por el fiscal del TS, fundándose en el art. 23.4.º apartado e) LOPJ, al entender que no existe cosa juzgada en los términos del núm. 5.º del citado artículo en cuanto el procedimiento seguido en El Salvador sólo fue a nivel formal pero no supuso
una investigación seria y eficaz de los hechos y de los culpables y no estuvo rodeado de
las debidas garantías ni presidido por la suficiente imparcialidad, de manera que no puede cerrar la puerta a la actual investigación en España.

También añadió el MF que no existen impedimentos procesales para la continuación del
procedimiento a pesar de no existir querella del MF o del agraviado puesto que el Ministerio Público a lo largo del proceso ha mantenido una activa postura investigadora para en su día y a resultas de la misma mantener la acción penal.

El TS, después de recordar su doctrina en materia de jurisdicción universal tras la reforma operada por LO 1/2014 (STS —2.ª— 592/2014, de 24 julio), razona que el trámite previsto en el art. 23.5 LOPJ, que supone atribuir a la Sala 2.ª una ponderación sobre la aplicación del principio de subsidiariedad, es equiparable a los arts. 17 y 20 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Después, ante la novedad legislativa que suponen las exposiciones razonadas que plantean los jueces centrales de instrucción sobre estas materias, señala su contenido y límites, al que deben someterse dichos jueces, con referencia a varias planteadas (cuestiones de competencia núm. 20092/2015 y 20093/2015).

Se reseña especialmente con cita de la STS —2.ª— 1240/2006, de 11 diciembre, los indudables conflictos desde el punto de vista de las relaciones internacionales del Estado español que pueden plantear la intervención de Tribunales españoles respecto de hechos cometidos fuera del territorio español, pero se insiste en que la defensa internacional de los derechos humanos no puede obviarse aunque se apunta a su resolución mediante instancias internacionales como la Corte Penal Internacional.

En este caso, se concluye sobre la irregularidad del proceso judicial seguido en El Salvador en el FJ 3.º.2, «como con acierto expresa el Ministerio Fiscal en su dictamen, es preciso poner de manifiesto que todas estas circunstancias resultan corroboradas por el contenido del informe no 136/99, de 22 de diciembre de 1999, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llevó a cabo un detallado análisis de lo ocurrido y de las actuaciones realizadas por las autoridades del Estado salvadoreño, concluyendo:

por un lado, que no existió una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido ,ni un proceso imparcial y objetivo; y por otro, que las únicas personas declaradas culpables por los tribunales salvadoreños fueron amnistiadas poco después, mediante la aplicación de la Ley de Amnistía General, la cual, según el citado informe, podría haber vulnerado el art. 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, además del derecho a la justicia y su obligación de investigar, procesar y reparar establecida en los arts. 1(1), 8 y 25 de la citada Convención, en perjuicio de los familiares de las víctimas y de los miembros de la comunidad religiosa y académica a la que pertenecían».

Finalmente, revalida la tesis del fiscal sobre la ineficacia del requisito de la existencia de querella del MF en este caso porque el fiscal ha tomado una parte activa en la investigación cuando no se exigía este requisito procesal y «la exigencia impuesta por el art. 271 de la LECrim, que impone al Fiscal que el ejercicio de las acciones penales a las que venga obligado se verifique en forma de querella, ha sido progresivamente modulada, desde la ya histórica instrucción recogida en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1888».

 
COMENTARIO FINAL

La sentencia indicada aborda la resolución de una de las recientes «cuestiones de competencia», en realidad «atribución de jurisdicción española», que han elevado varios jueces centrales de instrucción, al amparo del nuevo art. 23.5 LOPJ (según LO 1/2014), mediante exposición razonada para consulta a la Sala 2.ª TS sobre si deben continuar investigando hechos cometidos en el extranjero, en virtud del principio de subsidiariedad.

Sobre el alcance restrictivo de las reformas legislativas que se han ido sucediendo en materia de Justicia Universal, exclusivamente por intereses políticos y no de justicia, ya nos hemos manifestado en nuestros comentarios jurisprudenciales, véase al respecto el publicado en el Diario LA LEY, núm. 8389, de 1 octubre 2014, a raíz del estudio de la competencia de la jurisdicción española en supuestos de abordaje de buques en aguas marinas internacionales.

En este caso, tanto el titular del juzgado central de instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional, Eloy VELASCO, como la Fiscalía del TS, representada por mi compañera Pilar MARTÍN NÁJERA, no sólo plantearon correctamente la materia controvertida sino que apuntaron certeramente su solución, limitándose la Sala 2.ª a ratificar sus criterios al resolver la consulta prevista en el art. 23.5 LOPJ

En este sentido, el excelente informe de la Fiscalía destacaba —no sin advertir la prudencia que hay que tener al examinar los sistemas judiciales de otros países— que no es admisible la impunidad del crimen bajo pretexto de la litispendencia; recordaba que la STS —2.ª— 327/2003, con otro escenario legislativo, fue declarada inconstitucional por STCo 237/2005 al considerar que realizaba una interpretación excesivamente rigorista del entonces art. 23.4 LOPJ de manera que limitaba el acceso a la jurisdicción y provocaba la impunidad del crimen.

En dicha sentencia —recuerda la Fiscalía— el TC «se refiere al problema de los Sham proceedings, al estimar que no existirá litispendencia si se acreditan “indicios serios y razonables de la inactividad judicial que vinieran a acreditar una falta de voluntad, ya de capacidad para la persecución efectiva de los crímenes”. Este criterio figura trasladado casi en idénticos términos del Estatuto de la Corte Penal Internacional (art. 20) y se encuentra también recogido en los Principios de Princeton sobre justicia
universal de 2001, donde se señala la preocupación por evitar la impunidad de los delitos más graves de derecho internacional y se llama la atención sobre que las amnistías, en general son incompatibles con la obligación de los Estados de imputar la responsabilidad por la comisión de los delitos graves de derecho internacional y cuando sean incompatibles con las obligaciones jurídicas internacionales del Estadoque las concede no impedirán el ejercicio de la jurisdicción universal sobre estos delitos
graves de derecho internacional».

Cuando existen procedimientos de Justicia universal contra España en otros países, como Argentina, frente a los cuales se invoca nuestra Ley de Amnistía de 1977, habrá que analizar qué efectos tienen los Principios de Princeton citados sobre la materia. Relacionado con ello, véanse mis comentarios al caso Garzón publicados en el Diario LA LEY, núm. 7889, de 27 junio 2012, especialmente, el relativo a los crímenes de la Guerra Civil y Dictadura.

ELLACURÍA, teólogo de la liberación, junto con los demás sacerdotes jesuitas y otros asesinados por terroristas estatales, fue víctima de la injusticia al defender los derechos humanos contra la tiranía del poder.

Desde su planteamiento filosófico-religioso, por defender esa humanidad que está en la entraña del cristianismo según nos recuerda Gómez GÓMEZ CAFFARENA (1984) o que sustenta la concepción cristiana de los que creen o tienen fe en el hombre a través de JESÚS DE NAZARET, como señala Juan Antonio ESTRADA en su libro ¿Qué decimos cuando hablamos de Dios? La fe en una cultura escéptica (2015). Que la jurisdicción no tolere la impunidad de los crímenes contra los derechos humanos no sólo es un imperativo ético, moral o religioso, sino un imperativo jurídico universal, afortunadamente cada vez más vinculante para los tibios o los decididamente contrarios de la Justicia Universal.

En este sentido, podríamos decir que es un imperativo categórico kantiano, en el que la filosofía y el derecho se aúnan para la protección de valores universales. Ese imperativo categórico se constituye, por un lado, en un verdadero homenaje para ELLACURÍA, gran filósofo bien conocedor de KANT, y para todas las víctimas de estas injusticias y, por otro lado, en una dignificación para el derecho, que no debe estar al servicio del poder tiránico sino de todos los oprimidos por él, como lo estuvo JESÚS DE NAZARET en su tiempo, hace casi dos mil años.

 

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